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I Siempre fui partidario de desacralizar el tema militar, y no hay duda de que se han dado pasos importantes para lograrlo.
Tan es así que sus aspectos más crípticos y delicados prácticamente han sido superados. Desapareció el llamado secreto militar, guarimba de la corrupción que afectaba el eficiente equipamiento de la institución; desaparecieron odiosos privilegios de casta; se sinceró la relación Fuerza Armada-pueblo; se consolidó la Reserva como extensión del compromiso de los ciudadanos con la defensa del país. Hoy contamos con una institución armada nacionalizada, liberada de ataduras transnacionales, sin "misiones militares" enquistadas en su seno y con plena capacidad para revolver, soberanamente, todo lo relativo a la defensa del país. Además, contamos con una oficialidad preparada, con sentido ético de la profesión, comprometida a fondo con la Constitución y en función de una nueva institucionalidad -ahora no falsamente aséptica-, plenamente democrática y sin rastros del pasado cupular.
II
Pero esa concepción que privó en la institución armada, la cultura estamental segregadora y segregada, unida a la dependencia tecnológica; al tutelaje de Washington a través de los manuales de guerra fría sobre el "enemigo interior" y demás baratijas, así como el entrenamiento que se impartía en la Escuela de las Américas y otros reductos imperiales, se resiste a desaparecer. Por cierto, hay una estrecha relación entre el viejo liderazgo militar, ya retirado -exministros de Defensa, excomandantes de componentes y otros-, y la clase política que por décadas administró y controló a la Fuerza Armada. Esa dirigencia se sirvió del militar para garantizarse prebendas y dominio del país.
III
Esos sectores se empeñan, periódicamente, en revolver ese sedimento castrense de carácter ideológico, político y sociológico. No para abrir el tema al debate de las ideas o develar con una crítica bien fundada y racional fallas y errores, sino con una connotación abiertamente subversiva. Esa anacrónica concepción militarista no compite con la actual en términos democráticos. Lo hace con claros propósitos desestabilizadores. No actúa para mejorar los logros obtenidos sino para barrerlos. De ahí el lenguaje descalificador, procaz, provocador, y la brutal arremetida contra las nuevas promociones de oficiales. El desprecio por los actuales rangos y mandos es ofensivo. La utilización constante de la basura anticomunista y la manipulación obscena de la verdad, todo ello con el propósito de quebrantar la unidad de la institución armada y generar un clima que acabe con el proceso bolivariano, es evidente. Detrás de semejante tramoya está el propósito de violentar el orden constitucional.
IV
Se trata de la misma actitud que condujo a esa oficialidad a la aventura del 11-A. A unos por estar estrechamente conectados a la Misión Militar norteamericana, a la que sirvieron como operadores; a otros por sucumbir al mensaje mediático falaz. La relación espúrea entre una clase política despojada de su poder y una oficialidad anclada en el rechazo al cambio social, fue determinante en el salto al vacío -11-A-, cuyas consecuencias perduran. Sin embargo, el fracaso puntual de abril no fue suficiente y tuvo, con posteridad, otra dramática manifestación: el circo castrense de Plaza Altamira, apoyado sin escrúpulos por la entonces Coordinadora Democrática de infausto recuerdo.
V Si de algo uno tiene que estar consciente, es de que esa desviación militarista subversiva –aupada por quienes se dicen antimilitaristas–, renuente al cambio, que se manifiesta de muchas maneras, tiene el estímulo de sectores civiles. La manipulación del mensaje; el llamado reiterado a desconocer las instituciones; la calificación del gobierno popular y democrático de totalitario; la conseja de que el país marcha hacia el comunismo, hacia la desaparición de todo vestigio de propiedad privada y de libertad, se cocina en la olla mediática y en los círculos opositores que, en el fondo, se niegan a participar democráticamente. Cada vez que ocurre un proceso electoral lo asumen como la oportunidad de desbancar el Estado de derecho. Tengo la convicción de que una vez más el mensaje mediático, el discurso de ciertos dirigentes políticos, y la posición de buen número de oficiales retirados que, incluso, participaron en el golpe del 2002 y otros episodios, pretende crear condiciones para repetir aventuras similares. Creo que sus promotores no miden el riesgo. Las consecuencias para la oposición que quiere normalizar su actividad en el marco de la legalidad y utilizar la vía electoral, serían funestas. Los propios oficiales retirados que envían este tipo de señal a los cuarteles, saben por experiencia que si algo llegara a ocurrir quienes más pierden son los miembros de la institución. Lo demuestra el terrible efecto que la traición de abril tuvo sobre centenares de oficiales, como también ocurrió con parte del personal de Pdvsa que se embarcó en el paro petrolero. En ambos casos, a aquellos que indujeron la inefable participación no les pasó nada, mientras que los que actuaron perdieron carrera y trabajo. Nada más estúpido que buscarle cinco patas al gato.
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