Contexto actual.-
El pueblo venezolano se encuentra frente a una nueva coyuntura – el referéndum para la enmienda constitucional, que ampliará los derechos políticos al permitir la reelección de los cargos de elección popular tanto a presidente, como a gobernadores y alcaldes, sin los límites que impone la actual Constitución, que establece en su artículo 230, que: El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período.
Por supuesto que esta ampliación de los derechos políticos para el pueblo, no conviene a la oposición fascista, que desde hace 10 años intenta derrocar al presidente Chávez con el apoyo de las potencias capitalistas: Estados Unidos, sus vasallos de la Unión Europea y las transnacionales.
Pero a despecho del neofascismo internacional y los ideólogos del neoliberalismo agonizante, a partir de febrero, luego del referéndum para la enmienda constitucional, Chávez podrá ser postulado y reelecto las veces que el pueblo quiera.
Así en la República Bolivariana de Venezuela se garantizará la profundización del proceso revolucionario y el desarrollo del modelo del socialismo del siglo XXI. Esta afirmación la respaldan las cifras actuales que indican que Chávez triunfará en el referéndum para la enmienda; a la fecha del 18 de enero, los resultados revelan que el 48% de los votantes sí apoyará a la enmienda y el 43% estará en contra; el 9% no sabe no responde (según la encuestadora IVAD, de Félix Seijas).
10 años de lucha popular contra el saboteo continuo se enfrentan nuevamente frente a las urnas, y no nos referimos solamente a las urnas electorales, sino a los miles de ataúdes que durante estos 10 años de proceso revolucionario han sido llevados hasta las humildes tumbas del pueblo, como producto de la estrategia asesina de la oposición terrorista, con la que pretenden doblar las rodillas de los sectores populares del país bajo el terror de las balas.
Algunos antecedentes.-
Inicialmente los planes del Pentágono se centraron en las alianzas internas con sectores políticos que se habían sumado al chavismo y desde dentro barrenar el proceso, de allí derivaron una serie de conspiraciones, ejecutadas por topos de la CIA, como Luís Miquilena, un lobo vestido de oveja cuya historia se remonta a sus afiliaciones con Rómulo Betancourt, y que “despertó” como aliado cercano de Chávez; cuando ocupó el Ministerio del Interior y Justicia y la vicepresidencia, desde donde desarrolló una política de sabotaje, colocando sus fichas políticas en el Tribunal Supremo de Justicia, lo que explica que hasta hoy, en Venezuela no se haya calificado como Golpe de Estado a la conspiración criminal del 11 de abril de 2002, cuando en el centro de Caracas, una veintena de seguidores del presidente Chávez fueron masacrados por francotiradores, a pocos metros del Palacio presidencial, y asesinaron a participantes de la marcha opositora, que intentaba asediar el palacio presidencial, donde se encontraba Chávez.
Más tarde, Chávez sería secuestrado por los golpistas y 47 horas después, regresado por el pueblo. Pasados estos acontecimientos y ya apresado el Dictador Pedro Carmona Estanga, el Tribunal Supremo de Justicia fue incapaz de condenar a los culpables, al tiempo que acuñaba el término innovador de Interrupción del hilo constitucional, para nombrar al Golpe de Estado y a los golpistas, militares y políticos que participaron en esa conspiración sangrienta, les llamó hombres y mujeres preñados de buenas intenciones…
Desde el mismo inicio de la presidencia de Chávez, la burguesía apátrida y el Departamento de Estado han desarrollado una intensa e incesante estrategia mediática, que ha servido de soporte para todas las operaciones; en principio esta guerra de IV generación está orientada a desprestigiar al gobierno revolucionario y ha producido escenarios destinados a generar matrices de opinión adversas al proceso bolivariano. Tal fue el caso de uno de los intentos de esta estrategia, cuando la oposición “importó” un grueso contingente de paramilitares colombianos con el fin de hacer creer a la población, a través de los medios de comunicación, que un contingente de la Fuerza Armada venezolana se había sublevado contra el Presidente Chávez y que minuto a minuto nuevos efectivos se sumarían a la rebelión para así acabar con el proceso revolucionario; la conspiración fue descubierta y en una finca en las cercanías de Caracas fueron apresados 118 irregulares colombianos que fueron puestos tras las rejas; los nexos entre estos mercenarios del vecino país y la oposición fascista venezolana quedaron en evidencia, y las personas que estaban directamente involucradas con esta aventura huyeron a Miami, donde el gobierno estadounidense les brinda refugio y les anima en sus nuevos planes fascistas.
Estos son sólo dos pequeños ejemplos de la naturaleza violenta de la conspiración que permanentemente el gobierno norteamericano y sus apóstatas criollos mantienen amenazante contra el pueblo venezolano, que apoya decididamente los cambios que se han realizado en el país, especialmente las Misiones, que son programas de asistencia en el ámbito de la salud, la educación, la vivienda, la atención a los excluidos de una sociedad indiferente ante los problemas de los más necesitados, víctimas de la ignorancia, la pobreza, las drogas y la desesperanza crónica de los gobiernos adecopeyanos.
¡Eureka!
Durante mucho tiempo el Departamento de Estado y la oposición estuvieron en la búsqueda de un nicho de opinión lo suficientemente contundente como para hacer tambalear al gobierno, los estudios efectuados por las empresas de análisis de la oposición, apuntaban hacia dos filones, heredados de los gobiernos de la IV República: La corrupción y la inseguridad personal.
El nuevo embate de la reacción contra el proceso popular, se centró en la corrupción, el primero de los factores -potenciales generadores de la desestabilización del gobierno de Chávez-, y fue esgrimido mil veces, pero en la más reciente ocasión, a través del affaire de un maletín, que “casualmente” la policía argentina detectara en el equipaje de un ejecutivo, que se había sumado a una de las comitivas de la empresa petrolera estatal venezolana, el señor Antonini Wilson, quien supuestamente llevaba consigo 800.000 dólares norteamericanos en efectivo, para financiar desde Caracas, la candidatura de la presidenta Cristina Kirchner.
Después de más o menos un año de improductiva basura mediática alrededor de Antonini Wilson y de juicios montados y complicidades desnudas, los especialistas norteamericanos, decidieron, en la coyuntura definitiva de que el pueblo venezolano pueda mantener a Chávez en el poder el tiempo que considere necesario, apelan a tema de la inseguridad personal, como talón de Aquiles de la revolución bolivariana.
Ciertamente la inseguridad personal es un flagelo social gestado en los años de los gobiernos socialdemócratas y democristianos criollos, los mismos que fraguaron una cultura de la violencia, asociada al tráfico de drogas dirigido por los carteles colombianos, al desempleo, la ignorancia y la decadencia moral, que caracterizaron al período de la democracia representativa en Venezuela y que afectó a las capas más pobres radicadas en las populosas comunidades urbanas de todo el país.
Esto le es común a todas las grandes ciudades latinoamericanas, así como a las urbes de los países desarrollados, en menor o mayor magnitud, sin embargo para el Departamento de Estado norteamericano, ésta deberá ser la causa de la caída de Chávez, y si no al menos la razón por la que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pierda el referéndum del próximo febrero y se vea impelido abandonar la jefatura del gobierno de la revolución venezolana.
Esta característica de violencia de la sociedad venezolana, comenzó a ser manejada por el Departamento de Estado desde el mismo momento del inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez. Los medios de comunicación hablaban que el presidente alentaba a delinquir, porque trataba de explicar los móviles que podían inducir a una persona en situación desesperada, a cometer algún delito; en aquél entonces en el país 80% de la población venezolana se encontraba en situación de pobreza crítica y las instituciones no estaban en capacidad de brindar atención a esa inmensa masa desvalida, de allí su discurso. Las Misiones, son el recurso, a través del cual, el gobierno revolucionario ha logrado superar la exclusión a la que se veía sometida la población, debido a que, por ejemplo, los ministerios estaban sólo en capacidad de atender al 20% de la población. De manera tal que las Misiones han sido un recurso para superar la falla estructural que hacían del Estado de la pseudo democracia adecopeyana un adefesio inoperante.
Esto explica la guerra que la oligarquía han emprendido contra las Misiones, porque éstas superan las fallas estructurales que generan la violencia, por eso importan sicarios y contratan delincuentes comunes para generar un clima de desasosiego en la población – el terror de los dirigentes de la oposición y de sus jefes del norte.
Esta “fórmula mágica” de la muerte del terrorismo opositor no es reciente, sólo que sus operadores la han tornado mucho más sangrienta, han acelerado el paso, obligados por las cifras que indican que Chávez triunfará en el referéndum de febrero y deben jugarse el todo por el todo ahora.
En los últimos meses habían provocado una larga cadena de asesinatos callejeros, a los que no se le encontró motivo alguno y que los medios se empeñaban en hacer aparecer como “enfrentamientos entre bandas”, sin mencionar la liquidación de taxistas y de motorizados, so pretexto de robos a mano armada.
Todos los medios presentan las noticias originadas por esta estrategia envueltas en un hálito de argumentaciones tendentes a desdibujar su naturaleza conspirativa. Aún cuando el modus operandi es idéntico en todas, no hay explicación posible para que ocurran de manera similar en diferentes lugares del país y hasta en los mismos horarios. Son coincidencias imposibles.
Por esto ya está ante nuestros los ojos la modalidad de bandas de la muerte, que recorren las calles del país disparando desde motocicletas y automóviles, con la intención de mantener las estadísticas de decesos violentos en niveles que conduzcan a la desesperación a la población y se origine el caos, tal como ocurrió en la ciudad de La Guaira, a 30 kilómetros de Caracas, donde en la mañana del sábado 10 de enero, un par de sujetos, desde una motocicleta en movimiento, mataron a dos personas e hirieron a siete personas más. Este hecho trajo como consecuencia que el día domingo 11 de enero, las rutas principales hayan sido bloqueadas por un grupo de personas que exigían justicia.
En esa manifestación, que generó el caos en la ciudad, se pudo detectar la presencia activa de dirigentes de oposición, lo que evidenció que la manifestación no respondía sólo a los legítimos sentimientos de dolor e indignación de la población frente a un crimen atroz, sino que los asesinatos servían de plataforma para acciones de calle.
Subiendo la inversión y cobrando dividendos.-
Se equivoca el que piense que el asesinato es algo nuevo dentro de la estrategia de la CIA contra el proceso bolivariano y que el plan no incluye aliados regionales: el gobierno colombiano del presidente Uribe, alienta cualquier iniciativa orientada a devolver a manos de las transnacionales los recursos naturales de Venezuela, de allí su alianza con los terratenientes fascistas de los estados fronterizos Zulia, Táchira Mérida, Barinas y Apure, donde se han registrado en los últimos años más de 100 asesinatos a dirigentes campesinos identificados con la revolución bolivariana. Amén de que se calculan en 6.000 los paramilitares infiltrados en el país esperando el “estallido” popular para sumarse, de manera encubierta en el baño de sangre con que quieren ahogar al pueblo venezolano.
Lo que si queda el descubierto es que la estrategia de la muerte ha acumulado suficiente tensión como para que comencemos a ver “movilizaciones populares” contra la violencia. Las guarimbas, como la que mencionamos ocurrida el 11 de enero (focos de violencia callejera), intentarán posicionar en la mente de la ciudadanía el mensaje de cada desorden de este tipo “es una protesta justa ante un problema estructural, como lo es la inseguridad personal, que el gobierno de Chávez nunca logró contener”.
Los asesinatos ocurridos, en la ciudad de La Guaira el día sábado 10 obligaron a renunciar públicamente a su cargo al secretario de seguridad ciudadana del estado Vargas, donde triunfó electo gobernador, Jorge Luís García Carneiro, General en jefe, ex Ministro de la Defensa, uno de los hombres más cercanos al presidente Chávez y dirigente de profunda raigambre popular. Precisamente, su liderazgo descolló durante los días del golpe de Estado contra Chávez, en abril del 2002, cuando la presión popular obligó al Departamento de Estado abortar el asesinato de Chávez, so pena de perder toda la dirigencia del movimiento opositor.
Después de todos estos años, y habiendo evaluado este momento, en el que se decide la posibilidad de que el pueblo cuente nuevamente con Chávez al frente del proceso, la oposición desata su furia contra el pueblo para desplegar, esta vez la campaña mediática final y ahora vemos nuevamente manifestaciones estudiantiles, esta vez en un marco de violencia recrudecido y la inversión en sangre que ya da sus frutos: la oposición hace pública el 18 enero la cifra de 2.165 muertos en el 2008 y para este año 2009, esto como parte de sus proyecciones, ya que según declaran las instituciones no revelan cifras desde septiembre de 2008 y sus proyecciones auguran 14.600 asesinatos para este año.
Lo que hace más evidente lo “artificial” de todos estos hechos sangrientos, es que nunca ocurren en las zonas de la clase media, sino que se evidencia como una estrategia para diezmar las zonas populares. Nunca en una urbanización clase media, nunca en las cercanías de un centro comercial de las zonas exclusivas, ni de los centros comerciales a los que acude gran cantidad de público proveniente de las zonas populares, nunca cerca de las universidades de las niñas bien. Siempre la víctima proviene de los barrios y es más criminal, incluyen niños, bebés recién nacidos de los exclusivos conjuntos residenciales, y los periódicos de la oposición vienen llenos de rostros de rasgos mestizos, de tipología popular, y esos son los que llenan las páginas con sus rictus de dolor. La muerte “indiscriminada” y una delincuencia “desbordada” nunca transgreden las fronteras de la elegancia y seguridad pequeño burguesa.
Nuevamente los diseñadores de esta campaña dejan ver que los jóvenes que participan en las manifestaciones, idénticas a las utilizadas para sembrar el temor en la opinión pública cuando se realizaba el referéndum para la reforma constitucional, aseguran impunidad total.
Sin embargo en su discurso del 17 de enero, el presidente Chávez, solicita mayor severidad a los cuerpos policiales que han de enfrentar los disturbios del estudiantado burgués. Queda de por medio sólo el tiempo necesario para que la dirigencia estudiantil de la oposición reciba la orden de sus jefes para salir a las calles con una nueva manifestación violenta, que seguramente incluirá nuevamente incendios y apedreamiento de autos. En esta guerra contra el pueblo vale todo…
Para la oposición ha llegado la hora de cobrar los excedentes de la violencia que ha invertido con todas sus acciones ejecutadas; confía en que la manipulación mediática alrededor de los asesinatos que más adelante le tocará probar que no fueron suyos, haya profundizado en la mente de miles de personas expuestas a sus mensajes.
Mientras tanto queda la última palabra, que será depositada en las urnas, esta vez electorales, con las que el pueblo dé sepultura, al que puede ser el crimen político más atroz fraguado en los últimos años en Venezuela.
El actual vicepresidente del gobierno bolivariano, Ramón Carrizales, traza la primera señal sobre el plan de la oposición, en declaraciones rendidas a la prensa luego de haber sido capturados 6 paramilitares colombianos el día 17 de enero, en la ciudad de Maracay, situada en el centro de Venezuela: “Los medios han tratado de desaparecer del mapa la presencia de paramilitares con líneas concretas de desestabilizar e incluso llegar al magnicidio, que también ha sido tan descalificado, y en la medida que se hacen capturas producto de la investigaciones que se van llevando a cabo van apareciendo estos grupos que también actúan como delincuencia común, por lo que hemos presenciado unos niveles de violencia nunca vistos en el país, como el sicariato”.
La estrategia “Caos” avanza cargada de violencia, el 20 de enero de 2009 la policía incauta un camión cargado de bombas molotov, que circulaba dentro de una manifestación de los estudiantes de la oposición fascista; el conductor del camión en cuestión, un activista de las bandas violentas de la oposición, quien fue registrado en un video, tiempo atrás cuando juraba, palabras más, palabras menos que Chávez saldrá tarde o temprano, aunque cueste sudor, sangre y lágrimas.
El 28 de enero de 2009, según informa la página a Aporrea informa que Tareck El Aissami, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, informó que fueron capturados los presuntos autores del homicidio de las 8 personas en la ciudad del Vigía, estado Mérida, ocurrido el pasado sábado 24 de enero en el barrio Brisas de Loña de esa localidad ubicada en la zona occidental del país, fronteriza con Colombia.
Acotó el ministro que los presuntos asesinos eran funcionarios de la Policía de Mérida y de cuerpos de inteligencia, que han sido puestos a la orden del Ministerio Público.
A estos agentes se les incautaron de manera flagrante armas, pasamontañas, radios transmisores, esposas, entre otros objetos, además del vehículo en el cual se trasladaban. Estos funcionarios se encuentran actualmente a la orden del Ministerio Público y que además ya cuentan con algunos elementos de convicción que permiten señalar la presunta responsabilidad de los mismos en los hechos ocurridos en al ciudad de El Vigía.
Estas dos últimas informaciones van cerrando el cerco alrededor de la conspiración y nos acerca hacia las personas que se encuentran detrás de ella. Vamos halando el hilo y llegando al final de la madeja…
¿Qué ocurriría si el gobierno venezolano probara al mundo que la oposición venezolana es un grupo terrorista?
¿Su condición de terrorista le descalificaría ante los Estados que hasta ahora les han apoyado en su desesperada y criminal estrategia por destruir la democracia venezolana?
¿Probaría tal vez que la condición de terrorista, nunca corresponde a los asesinos aliados a los EE.UU.?