Y esa es una verdad de Perogrullo que no requiere mayores argumentaciones, pero sí una firme y decidida voluntad patriótica para diseñar, sin dilación alguna, un plan de acciones muy concretas que haga posible fundamentar una política de Estado de gran aliento que amalgame toda iniciativa hacia el objetivo de enfrentar esa perversión con éxito.

Hemos vislumbrado que el Comandante Presidente Chávez pudiera examinar la posibilidad de crear el Ministerio Contra la Corrupción y dejar en manos de esa instancia de gobierno las potestades para el diseño de ese plan, así como las competencias necesarias para que instrumente los mecanismos requeridos que no solamente ponga a funcionar de inmediato una avanzada que limpie aquello podrido que esté a la vista y articule, al mismo tiempo, un cronograma reservado de actuaciones fiscales sorpresivas en aquellas áreas que han venido siendo señaladas por tirios y troyanos de haber sido tomadas por mafias corruptos, muchas de ellas bajo la tutela de escorias disfrazadas de “rojo rojito”, lo cual le daría al país una excelente señal de que el gobierno no apaña la corrupción y que, efectivamente, su interés mayor es acabar con ella.

Veamos por qué sostenemos que una vanguardia para la lucha contra ese flagelo con asiento en el Consejo de Ministros, es decir, en la más alta instancia del Poder Ejecutivo de la República, sería estratégicamente acertado:

a)        Es inconcebible la corrupción dentro de la Revolución y, por tanto, es una obligación ineludible de su más connotada dirigencia, empezando por el propio líder del proyecto y Jefe del Estado, propiciar y conducir esa guerra implacable contra los corruptos, sean quienes sean y estén donde estén;

b)         El Presidente Chávez, como lo hemos sostenido mil veces ha sido y sigue siendo el mejor y mayor aliado para el combate contra los corruptos, pues debemos tener presente que no ha dejado oportunidad alguna de repetirle a su equipo de gobierno y a quienes hacen parte del mismo, así como a todos los servidores públicos, sin excepción, que si quieren hacer dinero deben renunciar a los cargos que detentan, pues los dineros de los venezolanos no está allí para malversarlos o para que hagan negocios en beneficio de sus patrimonios personales o el de sus familiares o amigotes. Esos dineros son del pueblo, son sagrados y su manejo tiene que ser impecable, así como abierto, sin reservas de ninguna naturaleza, a la revisión no sólo de los órganos de control del país, sino del pueblo organizado, cuando éste así los disponga;

c)         Solamente desde la más alta instancia del Ejecutivo se pueden arbitrar, dentro del marco de una política de Estado, declarada de urgente ejecución, acciones para articular un plan de control y fiscalización que arroje resultados en lapsos perentorios, así como la certeza de que en el  término de la distancia se apliquen las sanciones administrativas más severas que correspondan y,

d)         Sobre la marcha y con la urgencia que el tema reclama, concertar con la instancia legislativa una profunda revisión de las normas de contraloría que no solamente evalúen la conveniencia de revertir la decisión legal que acabó con el control previo, hecho ocurrido en 1996 (Caldera II), en pleno auge de las políticas neoliberales impuestas al país a raíz del consenso de Washington (la desregulación y la permisividad absoluta con la falsa argumentación de que el Estado no sirve para nada y que solo el mercado lo arregla todo), sino que se acuerde incluir como obligante y de esa manera hacer proactivo el ejercicio de contraloría, la apertura de investigaciones por notitia criminis*, dado que a la fecha  el accionar del máximo órgano de control del país, queda sujeto a las conclusiones únicamente de actuaciones de auditoría y, como nadie puede ponerlo en duda, por más voluntad que se tenga de acabar con los ilícitos contra el patrimonio público, jamás eso se pudiera lograr con el personal especializado con que cuenta para ello la Contraloría General, pues tendría que disponer de diez batallones de auditores (algo racionalmente impensable) y no creemos que esa sea la mejor estrategia para acabar o siquiera minimizar la corrupción. Por otra parte y esto lo hemos igualmente dicho y escrito infinidad de veces, el delincuente de cuello blanco no deja rastros o al menos procura no dejarlos y es por ello por lo que una denuncia pública pudiera ser un buen indicio que conduzca a la o las pruebas necesarias para imputar…¿Cierto…?

(*)           “Éste es el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se han reunido los distintos medios por los cuales podía iniciarse la actividad de la justicia penal, mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la denuncia, ya por la querella, o por la prevención policial o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, que opera como "información institucional", sujeta a recaudos específicos impuesto por la ley procesal, capaz de producir efectos jurídicos previamente previstos por la ley. Supera a la mera información.” (Fuente: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico - Tomo III, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2005, p. 462).