El Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Carabobo manifiesta públicamente su posición contra los hechos de corrupción administrativa que se generen en el país y respalda, de manera firme, la lucha y posición, que en ese sentido, ha mantenido el presidente de la República, Nicolás Maduro y su decisión de haber solicitado ante la Asamblea Nacional la aprobación de la Ley Habilitante con el propósito de implementar medidas contra un mal que ha perjudicado a la nación desde hace décadas.
Reitera el pleno respaldo al Jefe de Estado y de su implacable lucha contra quienes, indistintamente del color político, son culpables de hechos ilícitos que van contra los intereses del pueblo venezolano. Estamos conscientes de las responsabilidades públicas y privadas por parte de distintos funcionarios, quienes, ante otras posiciones, están obligados a mantener la ética y el respeto de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el caso de los hechos registrados, no podemos mantener una solidaridad automática con los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que presuntamente estén involucrados en actos de corrupción administrativa, porque cada quien debe asumir sus responsabilidades y esperar el resultado de las investigaciones en el marco legal.
Ratificamos nuestra confianza en el Estado de Derecho. Estamos plenamente conscientes de las investigaciones que se deben realizar sobre los casos denunciados contra el exgobernador de Carabobo Henrique Salas Feo, quien, precisamente huyó del país y se negó a entregar, como se establece por Ley, el cargo al Gobernador que lo sustituyó por mandato de la voluntad mayoritaria del pueblo carabobeño.
Por igual la estafa flagrante en la cual está involucrado el alcalde del municipio Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz, quien debe responder por un conjunto de denuncias en su contra y las denuncias contra el representante de la Mesa Unidad Democrática en el estado Carabobo y alcalde del municipio San Diego, Enzo Scarano, por la estafa cometida con los recursos que se invirtieron durante los trabajos realizados en la carretera Bucarito-Guigue.
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