El cierre de frontera, la conformación de un Estado de Excepción en siete zonas referidas a 23 municipios de tres Estados del País (Táchira, Apure y Zulia) y la creación de autoridades únicas para cada uno de estos espacios decretados por el Presidente de la República Nicolás Maduro, tiene su génesis en la conflictividad que se ha venido desarrollando especialmente los últimos años en los espacios limítrofes entre Colombia y Venezuela.
A lo largo de los años de conducción de la Revolución Bolivariana la política inclusiva y de solidaridad con el hermano pueblo Colombiano no se pone en duda, mientras del otro lado de la Frontera sufren las consecuencias de una guerra interna – en la que Venezuela participa como mediador para su superación – que han producido crisis estructurales en la correlación de fuerzas en el Poder de Colombia, dominados históricamente por el narcotráfico devengado en su accionar económico y militar a través del paramilitarismo que han propiciado la conformación de un contexto marcado por la Parapolítica, con millones de desplazados, miles de desaparecidos en una sociedad con profundas desigualdades – entre las más altas de Latinoamérica que como bloque es la más desigual del planeta – con un desempleo estructural en una economía dependiente del Tráfico de Drogas, según las cifras más conservadoras del Fondo Monetario Internacional en un 35 por ciento de su Producto Interno Bruto.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela en consecuencia no solo ha albergado a más de cinco millones de colombianos en nuestro territorio, sino que los ha naturalizado, les ha brindado sin discriminación de ningún tipo salud, educación, vivienda, empleo, acceso a servicios, alimentación, en el marco de un proyecto político emancipador que comprende y sueña la patria grande latinoamericana y caribeña, que se emprendió con la presencia de Hugo Chávez en el espectro político mundial.
La Respuesta del Gobierno de Colombia, no ha sido justamente la de reciprocidad, su acción política demuestra una clara injerencia en los asuntos internos venezolanos, exportando fenómenos como el narco-paramilitarismo y un marco jurídico que alienta la guerra económica contra nuestro país. Veamos cómo se desarrolla tal afirmación a partir de una reconstrucción teórica que origina el diferencial cambiario y que atenta contra la economía nacional.
El principal aspecto que es necesario comprender son los cuatro grupos que se encuentran amparados por la legislación colombiana que originan una distorsión de la economía venezolana; el Primer Grupo corresponde a 12 casas de cambio que cotizan el valor del Bolívar temporalmente a los parámetros establecidos en la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Banco de la República de Colombia (BRP), el Segundo Grupo corresponde a un grupo reducido de aproximadamente 400 Operadores Cambiarios, que no se encuentran reconocidos directamente por el BRP pero si por la Resolución 8 de mayo del 2000, con una modificación en Junio de 2005 (artículo 75), que permite un valor diferente de transacciones de moneda en la frontera, el Tercer Grupo equivale entre 1.000 y 3.000 casas de cambio que no se encuentran amparadas por el marco jurídico antes mencionado pero que son permitidas por el Código de Comercio de Colombia, el Cuarto Grupo representa una cifra incuantificable porque responde al grupo de personas que actúan al margen de la ley conocidos como cambistas al menudeo y que desarrollan sus acciones frente a la presencia de las autoridades policiales y militares colombianas, sin que ellas desarrollen algún tipo de acción contra este acto ilícito en la frontera.
Este esquema de funcionamiento representa en síntesis varias conclusiones preliminares: 1) desarrolla el mecanismo de validación del valor de cambio de guerra marcado por DOLAR TODAY, el cual no tiene justificación científica alguna para la estimación de tales valores, que no sean otros sino el de la especulación y la conspiración, 2) exige y demanda un flujo de liquidez monetaria que presiona la economía Venezolana, y para la cual los dos primeros grupos eran insuficientes por lo que resulta necesario ampliar sus espacios de intercambio y 3) se desarrolla como un mecanismo no sólo injerencista sino para el lavado de dinero por el narco-paramilitarismo protegido por el Gobierno de Colombia.
Otro aspecto fundamental a destacar es el método que se aplica para irrumpir contra la economía nacional desglosado en cuatro pasos; el Primer Paso se desarrolla al cambiar un billete venezolano a cualquiera de los últimos tres grupos de la economía delictiva colombiana a través de un valor de cambio ilegítimo, el Segundo Paso consiste en tranzar ese mismo billete en las casas de cambio reconocidas por el BRP a la tasa oficial, esto con la finalidad de convertirlo en un mayor flujo monetario de pesos colombianos, que servirán para avanzar hacia el Tercer Paso, convirtiendo a Dólares en Colombia ese flujo de efectivo y un Cuarto Paso en el que cambian esos divisas a la tasa fijada por el mercado especulativo en Venezuela a Bolívares; de esta manera un billete de 100 Bolívares se convierte en aproximadamente sesenta billetes, de los cuales cincuenta y nueve de ellos no ha impreso el BCV, y que exige mayor liquidez monetaria en el mercado interno. Esta acción se produce haciendo uso de un mecanismo propio del capitalismo trasnacional como lo es el arbitraje financiero para sacar provecho de las tasas de cambio entre dos o más países pero que se manifiesta de forma excesiva en la frontera colombo-venezolana.
En líneas generales la apetencia por los billetes venezolanos terminan utilizados en tres vías; la Primera Vía para alimentar el contrabando y el bachaqueo que presionan la economía nacional con una demanda foránea haciendo uso de la política social de democratización de los bienes y servicios al pueblo por parte de la Revolución Bolivariana, una Segunda Vía utilizada para hacer uso de los cuatro pasos observados en la sección anterior que estimulan una demanda de efectivo de un 6.000 por ciento de lo disponible alentando de esta manera la inflación, y la Tercera Vía más novedosa utilizando nuestro papel moneda de mejor calidad para la falsificación de euros y dólares, sin duda alguna propiciados por el narcotráfico y las mafias trasnacionales.
Venezuela a lo largo de su historia ha mantenido una política diplomática solidaria con Colombia, que quienes la Gobiernan hoy en día no representan ni el sentimiento ni la reciprocidad de aquellos que hace más de dos siglos apoyaron al libertador en su ruta independentista, mucho menos a los que contribuyeron con la Revolución Restauradora, es momento de expresar firmeza para la consolidación de la Patria Grande, respetando nuestras diferencias, pero sin esquemas que afecten la vida política, social y económica del país, que no ha intentado demoler el bienestar que se ha generado en nuestros países hermanos, por ello es necesario que el Gobierno de Colombia rectifique su postura, y no solo derogue la resolución 8, sino que contenga todo el capital producido de forma ilegítima a través de la tranza de Bolívares en la frontera bajo un esquema totalmente corrupto. Si la Revolución Bolivariana no mantiene su paso firme en estos temas sensibles, lo que fue la legalización de más de 10.000 pimpineros en el Norte de Santander, será luego la legitimación de los cambistas al menudeo, y con ello el accionar de la economía delictiva propiciada a partir de estos cuatro grupos, cuatro pasos y tres destinos.
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