En los últimos años la atención y posibilidades de tramitar documentos de identidad en el SAIME (Servicio de Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) es una verdadera fatalidad. Obtener el pasaporte, una prórroga o la cédula de identidad es tarea titánica. Para acceder a una cita para el pasaporte o prórroga tarda una barbaridad. Si logras eso ¡felicidades eres afortunado! Ese primer paso de ser atendido para realizar el proceso de entregar la documentación, registro de datos y toma de fotos de rigor no garantiza que obtengas el pasaporte, pues pagar el pasaporte exprés, que lo elaboren y envíen dura muchas veces hasta años, sé de personas que no han podido pagar porque la página nunca lo permite o pagando nunca les ha llegado. Por otro lado, los costos del pago del pasaporte y la prórroga que ha impuesto el gobierno son tan elevados que para el 80 % de la población es difícil tramitarlo, pues ello suma varios salarios mínimos. Otro inconveniente en el periplo de estas gestiones es la forma de pago. Es increíble, que la única forma de cancelar sea través de tarjetas de créditos. Resulta que la gran mayoría de venezolanos no tiene acceso a esta herramienta crediticia. Peor aún, los que la tienen sus montos no alcanzan para cumplir con el valor establecido, es así que quienes pueden acceder al sistema y lograr cancelar son unos privilegiados que sus tarjetas de crédito tiene cifras elevadas, es decir, los ricos pues para los pobres y la paupérrima clase media sus tarjetas son de sumas exiguas.
Esto no es todo, las trabas para obtener documentos de identidad han generado la aparición de gestores que cobran para agilizarte todo el procedimiento. Las denuncias son muchas y a diario lo observamos por los medios de comunicación o en la calle oímos los comentarios de las tarifas que exigen por esas gestiones. Es Vox Pópuli, ya ni nos asombra, las cifras elevadísimas en dólares que le asignan a cada tramite: prórroga entre 100 y 300 dólares, pasaporte entre 1000 y 5000 dólares, cedula entere 50 y 100 dólares. Lo increíble es que al cancelar inmediatamente te resuelven y te llega de manera mágica el documento. Esto sólo es posible con la complicidad interna en el SAIME. Parece que la corrupción e ineficiencia es la constante en todos los organismos del Estado. También intuimos que la acción Morrocoy para retrasar la tramitación de los documentos es una directriz para frenar la emigración, pero que esto ha llevado a corromper a los funcionarios, ya que ha sido caldo de cultivo para que la gente cancele sumas altas para obtener su pasaporte, prórroga o cédula. Sin embargo, no es así y un alto porcentaje de venezolanos al no obtener respuesta del SAIME ha optado por irse del país sin la documentación requerida. Claro, al no registrase esa emigración por los puntos fronterizos terrestres, el gobierno no tiene datos estadísticos y puede indicar que la migración es más baja de lo que realmente es (ya varias investigaciones han establecido que la emigración actual es vía terrestre porque es de los sectores más vulnerables). Algunos datos extraoficiales señalan que la migración sin documentación esta por el orden de un millón de venezolanos. Es imperdonable que un gobierno recurra a una artimaña tan vil para negar la posibilidad que sus conciudadanos salgan del país. Para que los venezolanos no se vayan solo hace falta salir de esta crisis económica. Presidente, deje de mentir, gobierne, establezca planes realizables, sanea la administración pública, acabe con la corrupción, eleve la producción, disminuya la inflación, abastezca el mercado interno, propicie el empleo y vera que los venezolanos regresarán y no tendrán necesidad de irse del país. Ya hemos visto que este gobierno se encuentra en un círculo vicioso imposibilitado para sortear los escollos económicos que se le han presentado o ha creado.
Por lo antes dibujado los venezolanos nos encontramos en una forma de secuestro por las trabas y corrupción imperante en la Institución encargada de emitir los documentos de identidad. Con esto se viola las Constitución y las Leyes que garantizan el derecho de manera expedita a los documentos de identidad respectivos. El gobierno cree que falseado y ocultando los datos migratorios la realidad desaparece.
