Francia 

Según Amnistía Internacional (AI) en Francia persisten graves violaciones de los derechos humanos. Así, la policía es responsable de “uso excesivo de la fuerza y de malos tratos que, al menos en un caso, causaron la muerte de un hombre”. Ali Ziri, un argelino de 69 años, “falleció después de su arresto el 9 de junio [de 2009] en Argenteuil”, después de un control de rutina. Según AI, las fuerzas del orden golpearon a Ziri durante su arresto y su trasferencia a la estación de policía junto con un amigo. “Un mes más tarde, el Ministerio Público archivó el caso y afirmó que las investigaciones que la policía de Argenteuil llevó a cabo no indicaban que hubieran existido malos tratos”. La familia de Ziri exigió entonces un peritaje de comprobación al Instituto Médico Legal (IML) de París. Esta nueva autopsia “revelaba múltiples hematomas en el cuerpo de Ali Ziri e indicaba que la muerte resultaba probablemente de una asfixia mecánica”. Entonces se abrió una investigación legal, pero AI señala que “los policías involucrados no fueron suspendidos de sus funciones”. La organización también denuncia la impunidad de la cual gozan los responsables de esas exacciones. Así, “además de la lentitud de su progresión, las investigaciones sobre estas alegaciones que las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes y las autoridades judiciales llevaban a cabo parecían a menudo carecer de independencia y de imparcialidad”.1 

AI subraya también el caso de otro homicidio que cometió la policía en enero de 2005. El IML de París publicó un informe al respecto en julio de 2009. “Su informe de comprobación indicaba que la muerte de ese hombre resultaba de una violenta sacudida y que el testimonio de un policía que afirmaba que Abou Tandia se había tirado contra una pared era contradicho por las constataciones médicas”. El juez de instrucción se negó a pedir la audición de los policías responsables del crimen.2 

AI denuncia también  “la sobrepoblación extrema y la falta de higiene en el centro de retención de Mayota”, así como las condiciones de vida degradantes de los migrantes de Calais cuyos precarios campamentos fueron arrasados por las autoridades.3 

La organización apunta la creación de dos nuevos registros policiales destinados a recoger información sobre las personas consideradas como una amenaza por el orden público. Según ella, “subsistían preocupaciones no obstante por la amplitud de los datos personales recolectados sobre personas que no estaban acusadas de ninguna infracción, incluso niños a partir de los 13 años, y de la formulación vaga de los criterios de inclusión en este registro, que concernía particularmente a las personas cuya actividad [… ] indica que podrían atentar contra la seguridad pública”.4 

El 14 de junio de 2010, Francia exigió de Cuba que liberara a “todos los presos de opinión y de conciencia”, sin plazo. Cuba, por su parte, afirma que nadie está encarcelado por delitos de opinión sino por recibir un financiamiento del gobierno de Estados Unidos, algo que los propios disidentes reconocen.5 

En cambio, París reconoce oficialmente la presencia de “presos políticos”, por boca de Michéle Alliot-Marie, ministra de Justicia. El diario Le Monde relató esta realidad en un artículo del 31 de enero de 2009: 

“Preguntada sobre la promesa del Gobierno de acercar a los detenidos corsos, ‘MAM’ certificó: “Hay que ser pragmático. Hay 28 sitios en la prisión de Borgo (cerca de Bastia) y los 26 están ocupados…” Antes de precisar: “Además, de los 26, ocho son presos políticos”. La sorpresa estalla en la pequeña alcaldía de Calvi donde se encuentra. “¿Presos políticos?” El Estado siempre se ha negado a calificar así a los que considera como presos comunes o terroristas mientras que los propios nacionalistas corsos reivindican abiertamente esta calificación”.6 

     Alemania 

Según AI, las autoridades alemanas usaron “pruebas aparentemente arrancadas bajo la tortura” en el marco de un caso de terrorismo internacional. “El acta de acusación de la fiscalía se basó en parte en las declaraciones que hizo el acusado durante su detención en Pakistán, durante la cual afirmaba haber sido golpeado y privado de sueño”. La organización subraya también que “investigadores alemanes habían interrogado a un testigo detenido en Tachkent con la presencia de agentes del Servicio de la Seguridad Nacional de un país, Uzbekistán, donde la práctica de la tortura es sistemática”.7  

Alemania expulsó  a “presuntos terroristas a países donde se arriesgan a ser torturados o sufrir otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que es contrario a las obligaciones internacionales” de la nación.8 

Berlín también participó  en el programa de detenciones secretas de la CIA, a pesar de una investigación del Parlamento alemán que excluía toda implicación de los poderes públicos y de los servicios de inteligencia. “Para Amnistía Internacional, no obstante, la investigación y el informe proporcionaban suficientes elementos que demostraban que Alemania era cómplice de violaciones de los derechos humanos”. Por otra parte, la Corte Constitucional Federal consideró que “el Gobierno había violado la Ley Fundamental porque no había comunicado a la comisión de investigación parlamentaria algunos documentos útiles, argumentando que, en el interés del Estado, tenían que permanecer confidenciales”.9 

Alemania procedió  a la expulsión de varios demandantes de asilo hacia su país de origen, donde fueron arrestados y torturados por las autoridades. Varios gitanos también fueron expulsados hacia Kosovo, a pesar de los riesgos que incurridos. Según AI, “el comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa se declaró preocupado por esas expulsiones”.10 

La organización  señala que los migrantes en situación ilegal así como sus hijos “sólo habían tenido un acceso limitado a la atención médica, a la educación y al apoyo jurídico en caso de violaciones de su derecho laboral”, en Alemania.11 

Según AI, las fuerzas del orden estuvieron implicadas en la muerte de una persona detenida. Por otra parte Alemania, en el marco de la OTAN, es responsable de un ataque aéreo mortal que costó la vida a 142 personas cerca de Kunduz en Afganistán, el 4 de septiembre de 2009. “Bajo la presión, tres altos responsables gubernamentales y militares tuvieron que renunciar en noviembre”.12 

Por fin, Berlín todavía no ha ratificado la Convención sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa. Hay una razón precisa para ello, revelada por la organización: “Alemania sigue siendo un país de destino y de tránsito para las mujeres usadas con fines de explotación sexual”, país donde la prostitución es legal.13 

     España 

Según AI, los actos de tortura y otros malos tratos por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad son recurrentes en España. “Este año, otra vez, se señalaron casos de tortura y otros malos tratos que implican a representantes de la ley”. La organización apunta que después de la instalación de sistemas completos de videovigilancia completos en las estaciones de policía autónoma de Cataluña, las denuncias por violencias contra policías bajaron en un 40% respecto al año anterior. No obstante, «la policía nacional y la Guardia Civil no han implementado esas medidas todavía». En total, más de 230 denuncias “por torturas y otros malos tratos infligidos por representantes de la ley” se presentaron en 2009. La organización agrega que “las autoridades no han tomado ninguna medida para crear un comisión independiente encargada de procesar las denuncias contra la policía, a pesar de las recomendaciones que los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, en particular el Comité de Derechos Humanos [ONU] han formulado varias veces”. 14 

Varios policías responsables de asesinatos todavía no han sido enjuiciados en España. Otros, culpables de violencias fueron condenados a pagar multas (600€). AI subraya “un aumento de los controles de identidad con carácter racista efectuados por la policía”, y denuncia los atentados contra los derechos de los migrantes y de los demandantes de asilo.15 

Por otra parte, “las autoridades han mantenido en secreto a personas sospechosas de participación en actividades ligadas al terrorismo, aunque los órganos internacionales de defensa de los derechos humanos han exhortado varias veces a España para que renunciara a esta práctica”. Así, “en virtud de la legislación en vigor, las personas detenidas en secreto ven muy restringidas sus posibilidades de beneficiarse de una asistencia jurídica y corren un riesgo importante de ser maltratadas o torturadas”. El Comité contra la Tortura de la ONU condenó estas prácticas. Varios casos de tortura se denunciaron en España.16 

España es culpable de graves atentados contra los derechos de los niños. “Menores que vivían en casas para niños administradas por los poderes públicos sufrieron violaciones de sus derechos fundamentales. Las informaciones recogidas muestran denuncias por negligencia, medicación forzosa, uso excesivo de la fuerza y violencias psicológicas y físicas por parte del personal”.17 

La situación de las mujeres también es motivo de preocupación, según la organización. La violencia doméstica sigue causando graves daños en España. AI apunta que “las medidas de los poderes públicos frente a las demás formas de violencias ligadas al género, particularmente la trata con fines sexuales, son insuficientes”, y lamenta que “ninguna estructura oficial permita identificar a las víctimas de tráfico sexual o brindarles asistencia”.18 

AI denuncia la presencia persistente de discriminaciones debidas a criterios étnicos y de origen en España. Las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial [ONU] y el Observatorio Europeo de los Fenómenos Racistas y Xenófobos no se han aplicado. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lamenta que España no disponga de un órgano nacional para luchar contra las discriminaciones.19 

En España, las desapariciones forzosas todavía no están inscritas entre las infracciones reprimidas por el Código Penal. La Audiencia Nacional se niega a investigar las desapariciones forzosas de la guerra civil y de la dictadura de Franco. Varios tribunales penales locales han calificado el descubrimiento de fosas comunes como “infracciones de derecho común y han cerrado las investigaciones con el motivo de que los presuntos crímenes habían prescrito”.20 

     República Checa 

En la República Checa, los gitanos “sufren una hostilidad creciente por parte de la sociedad checa en su conjunto”. Son víctimas “de segregación en materia de enseñanza, de vivienda y de discriminación en el trabajo”. Las agresiones contra las poblaciones gitanas son frecuentes y las autoridades judiciales se niegan a disolver las milicias del Partido de los Trabajadores, “una formación de extrema derecha cuyos militantes organizan patrullas que atacan a los gitanos”. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia denuncia “el auge de las palabras odiosas contra los gitanos en los debates públicos y la multiplicación de las manifestaciones de grupos de extrema derecha”, y lamenta que los poderes públicos rechacen “la elaboración enérgica de leyes que prohíben todas las formas de violencia racista o de incitación al odio”. Así, una familia gitana resultó gravemente herida después del incendio criminal de su vivienda.21 

La discriminación contra los niños gitanos también es amplia en la República Checa. La Corte Europea de los derechos humanos señala que Praga es culpable de “discriminación contra niños gitanos al ubicarlos –porque eran gitanos– en escuelas especiales”. Según AI, “la segregación sigue siendo la regla en centros escolares”. La organización agrega que “jóvenes gitanos están sobrerrepresentados en las escuelas primarias y las clases para alumnos que sufren de incapacidad mental leve”, o son agrupados en “escuelas y clases del sistema clásico reservadas para ellos”, las cuales “impartían a menudo una enseñanza de calidad inferior”. El sistema de enseñanza checo “tiende a excluir a los alumnos que tienen necesidades pedagógicas particulares”. Según un informe sobre la discriminación, “cerca de la mitad de los alumnos gitanos escolarizados en la primaria repetían o eran orientados hacia escuelas especiales”. Por otra parte, la justicia desestimó a varios demandantes gitanos que denunciaron casos probados de discriminaciones.22 

Los gitanos son víctimas “de prácticas segregacionistas en materia de vivienda”. La Corte Europea de Derechos Humanos lamentó la pasividad del Gobierno al respecto.23  

Casos recurrentes de “esterilización forzada de mujeres gitanas” persisten en la República Checa. La Corte Constitucional desestimó la demanda de indemnización de una mujer gitana “que había sido ilegalmente esterilizada”.24 

Finalmente, AI denuncia casos de “tortura y otros malos tratos” por parte de las autoridades. Así, “algunos establecimientos psiquiátricos siguen usando camas de contención, incluso en ausencia cualquier riesgo para el paciente o su entorno”. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes recomendó en 2004 que las “camas-jaulas se retirasen inmediatamente del servicio y que las camas de red también se abandonasen a la mayor brevedad”, sin éxito.25 

     Reino Unido 

El Reino Unido es culpable de “violaciones graves de los derechos fundamentales de personas detenidas en el extranjero”, particularmente de “tortura y otros malos tratos” realizados por “agentes de los servicios británicos de inteligencia”. Las autoridades rechazaron toda investigación independiente al respecto y los responsables británicos habrían intentado disimular la implicación del Reino Unido en estos casos.26 

Londres ha estado implicado en el programa de “restituciones” dirigido por la CIA, en referencia a las personas secuestradas ilegalmente, y participó en las exacciones cometidas por las autoridades estadounidenses. Las autoridades británicas también hicieron uso de pruebas conseguidas bajo la tortura.27 

El Reino Unido expulsó  a varias personas hacia países donde se arriesgaban a “violaciones graves de sus derechos fundamentales, particularmente a ser torturadas”. La Gran Cámara de la Corte Europea de los Derechos Humanos también denunció varios casos de violaciones del “derecho a la libertad” de británicos encarcelados sin cargos ni juicio.28 

AI denuncia “ordenanzas de control” que permiten a las autoridades “restringir, sobre la base de elementos secretos, la libertad, los movimientos y las actividades de personas sospechosas de implicación en actos de terrorismo”. Varias personas están actualmente detenidas sin razón precisa.29 

En Iraq, las autoridades británicas realizaron actos de tortura y varios asesinatos en los centros de detención administrados por el Reino Unido. Así, Baha Moussa murió  “en Iraq después de haber sido torturado durante 36 horas por soldados británicos”.30 

En noviembre de 2009, el Parlamento adoptó una ley relativa a los instructores de policía que otorga al ejecutivo “el poder de ordenar la suspensión de una investigación del instructor de policía (la cual se abre en caso de muerte violenta, súbita o sospechosa), de abrir otras investigaciones en el marco de la Ley de 2005 relativa a las comisiones de investigación, con el motivo que ésas serían competentes para encontrar las causas del fallecimiento”.31 

La policía y las fuerzas de seguridad hicieron “un uso desproporcionado de la fuerza, usaron armas tales como porras y escudos durante las cargas contra manifestantes y retiraron intencionalmente su matrícula”. Según AI, “en las grabaciones de video públicamente accesibles y fechadas el 1 de abril, pudimos ver a un policía que llevaba un casco y un pasamontañas golpear a Ian Thomlinson con la porra en el tobillo y hacerlo caer. En el momento del primer contacto, Ian Thomlinson, un vendedor de periódicos de 47 años, daba la espalda a un grupo de policías antidisturbios y se alejaba a pie, las manos en los bolsillos. Cayó y murió poco después. Sólo fue después de la difusión de la grabación que la policía reconoció que tuvo lugar un contacto con Ian Thomlinson”. 

En febrero de 2009, el Ministerio Público de Inglaterra anunció que “los elementos de prueba no eran suficientes para concluir que hubo infracción por parte de la policía en el caso de la muerte de Jean Charles de Menezes, un brasileño muerto por bala en Londres en 2005 por policías”. Según AI, “esa decisión parecía ratificar la impunidad para este homicidio”.33 

AI denuncia también la impunidad para “homicidios con carácter político” cometidos en el pasado en el Reino Unidos, con la “complicidad del Estado”. Cita varios casos entre ellos los de Patrick Finucane, “abogado, eminente defensor de los derechos humanos”, Robert Hamill, la abogada militante de los derechos humanos Rosemary Nelson y Billy Wright.34 

AI finalmente señala discriminaciones contra gitanos, refugiados, demandantes de asilo y migrantes. La organización denuncia también la detención administrativa aplicada a niños y mujeres. Por otra parte, la violencia contra mujeres y chicas sigue siendo un problema recurrente en el Reino Unido.35 

Conclusión 

Según los informes de Amnistía Internacional, resulta difícil para la Unión Europea pretender que la Posición Común de 1996, todavía vigente, se justifique por la situación de los derechos humanos en Cuba. En efecto, las principales naciones del Viejo Continente presentan también graves violaciones de los derechos humanos, a menudo peores que las cometidas en Cuba. La autoridad moral de Bruselas se vuelve asá discutible en varios aspectos.36 

España, por medio de su canciller, Miguel Ángel Moratinos, reconoce que la actual Posición Común de la Europa de los 27 respecto a Cuba es difícilmente defendible a causa de su carácter discriminatorio y de la falta de credibilidad de Bruselas. Llama a poner término a una política que ha fracasado y que perjudica la imagen de Europa en el continente latinoamericano, opuesto en gran mayoría a toda sanción arbitraria contra Cuba. La vía de la normalización de las relaciones entre La Habana y Bruselas pasa por la eliminación de la Posición Común.37 

Revisado por Caty R. 

Notas 

1 Amnesty International, «Rapport 2010. La situation des droits humains dans le monde», mayo de 2010. http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_FR.pdf  (sitio consultado el 7 de junio de 2010), pp. 115-17. 

2 Id. 

3 Id. 

4 Id. 

5 El Nuevo Herald, «Francia vuelve a pedir excarcelación de presos de conciencia cubanos», 14 de junio de 2010. 

6 Isabelle Mandraud, «Un grain de sable dans la visite de ‘MAM’ en Corse», Le Monde, 31 de enero de 2009. 

7 Amnesty International, op. cit., pp. 14-15. 

8 Id. 

9 Id. 

10 Id. 

11 Id. 

12 Id. 

13 Id. 

14 Amnesty International, op. cit., pp. 101-04 

15 Id. 

16 Id. 

17 Id. 

18 Id. 

19 Id. 

20 Id. 

21 Amnesty International, op. cit., pp. 270-72 

22 Id. 

23 Id. 

24 Id. 

25 Id. 

26 Amnesty International, op. cit., pp. 275-79 

27 Id. 

28 Id. 

29 Id. 

30 Id. 

31 Id. 

32 Id. 

33 Id. 

34 Id. 

35 Id. 

36 El Nuevo Herald, «La UE aplaza revisión de la Posición Común hacia La Habana», 15 de junio de 2010. 

37 El Nuevo Herald, «Moratinos critica ‘posición común’ de UE», 1 de junio de 2010. 

Primera parte del artículo: Cuba y la retórica de los derechos humanos (1/2) 
 

(*)Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista francés, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Acaba de publicar Cuba: Ce que les médias ne vous diront jamais. Disponible en librerías y en Amazon: http://www.amazon.fr/Cuba-Medias-Vous-Diront-Jamais/dp/2953128417/ref=pd_rhf_p_t_1 Para cualquier petición dedicada, contactar directamente: lamranisalim@yahoo.fr , Salim.Lamrani@univ-mlv.fr