Ante las inverosímiles y contradictorias declaraciones del ministro del interior de Venezuela, cabe precisar la inexactitud de sus aseveraciones, e informar sobre el amparo legal que impide entregar al Cantor Conrado: si Venezuela lo entrega, sería en violación al DIH.

Dice el ministro que Venezuela “estudia la salud de Julián Conrado” a la vez que “tramita extradición”; parece increíble que el ministro del interior Tarek el Aissami incurra en semejantes inexactitudes (mentiras):   y es indignante que no haya información sobre lo que requiere un pedido de extradición, a saber un procedimiento LEGAL; en el que media derecho a defensa y respeto por el DIH, si eso no se cumple (y no se ha hecho en el caso de Julián Conrado), estamos ante “trámites” ilegales y arbitrarios, impropios de un estado de derecho e impropios del respeto por el DIH y los DDHH, unos “trámites” que no serían otra cosa que el tipo de “trámites” que efectúan los regímenes represivos como el de EEUU con los humanos que pisotea en Guantánamo y sus demás cárceles ilegales. Y Venezuela no puede aceptar acatar esos procederes, no podemos aceptar que Venezuela efectúe ese tipo de “tramitación” en la total ilegalidad.

NO puede haber "trámite" (LEGAL) de “extradición” de Julián CONRADO, por la simple razón que contraviene el DIH y la propia Constitución venezolana: porque un "trámite" legal no es algo que decide arbitrariamente una autoridad, sino que exije derecho a defensa, con lo cual Aissami se anticipa a un proceso legal, en el cual lo legal sería el otorgamiento de asilo (por DIH), o en caso de denegarlo, que el cantor sea remitido a un tercer país neutral. Además aún cursa un Habeas Corpus ante autoridad judicial venezolana, y cursan primero otros procesos legales que se deben solventar en Venezuela, con el acceso al derecho a defensa para Julián Conrado. Luego, y sin duda lo más importante para informar, es que ante un pedido de extradición, se exige un proceso de extradición, este debe cursar en lo LEGAL: exige un procedimiento que incluye derecho a la defensa, presentación de las partes requirientes y requeridas, derecho a refutación y defensa, derecho a controvertir las “pruebas” aducidas y derecho a la presunción de inocencia para cada una de las acusaciones, derecho a recusación, derecho a sentencias y sus debidas apelaciones. En todo ese proceso debenmediar, como espina dorsal, las convenciones y normas del DIH, a la vez que el respeto por la legalidad: el DIH impide la extradición de Julián Conrado, dado que no se puede entregar a un perseguido político a un régimen que practica la tortura (Convención Contra la Tortura); no se puede entregar a un perseguido político enfermo que además ha solicitado expresamente el Asilo político (Convención de Ginebra, y otras convenciones y normativas del DIH), por lo tanto, hablemos claro:

Si las autoridades venezolanas lo entregan a Colombia, será en violación de la legalidad, eso aunque quieran entre los medios oficialistas venezolanos y los medios fascistas de Santos tejer la ILUSIÓN de 'legalidad': La ley es muy clara, y del DIH hay varias Convenciones que esperamos Venezuela no elija violar nuevamente: recordamos lo que cometieron contra el periodista Joaquín Pérez Becerra que fue una total violación de la legalidad.

La Manipulación mediática pretende allanar el camino para otra ilegalidad, y esto es muy preocupante. Es mentira que haya "trámite de extradición" (en todo caso legal): la existencia de un "trámite de extradición" fue una cosa expresada ante los medios oficialistas venezolanos, e inmediatamente retomada por los reaccionarios medios colombianos

Hace pocos días alertábamos: “  Ahora  el temor es que se haga una campaña mediática de que Julián tiene acceso a la defensa, mientras que los abogados no pueden acceder a él; que se haga una realidad virtual de que pudo defenderse, y finalmente sea entregado.”

Y emitíamos una serie de cuestionamientos, que hay que tener muy presentes, pues reflejan el núcleo del asunto: hay considerables planteamientos políticos que serán revelados por el desenlace de lo que ocurra con este ser humano.

Sentimos todos una angustia punzante, una necesidad de ver que esta vez no se va a proceder a una entrega ilegal como ocurrió con Joaquín Pérez Becerra.

Está en juego la vida de un ser humano y de los siguientes, está en juego la neutralidad de un país, el devenir de la región, un devenir regional de los pueblos que pasa por entender que el pueblo colombiano tiene derecho a la dignidad, y que sumarse al coro de los que estigmatizan a los disidentes de "terroristas", no es sino la aplicación de las políticas EEUU en la región. Llámese como se llame quién las aplica.

Estas son las preguntas que ponemos a consideración de todos aquellos y aquellas que acepten hacérselas con honestidad, a todos aquellos que entiendan lo trascendental de este asunto para el devenir de nuestros pueblos:

¿Será respetada la Convención contra la Tortura que impide entregar a un ser humano a un estado como el de Colombia o como el de EEUU, que son denunciados como estados que practican la tortura de manera reiterada?

¿Será respetada la Convención de Ginebra que impide entregar a un combatiente o civil perseguido político enfermo al estado persecutor?

¿Será respetada la Convención de Ginebra que estipula que se le debe otorgar asilo a alguien que reúne las condiciones de Julián Conrado?

¿Y si las autoridades venezolanas no otorgan el Asilo a Julián Conrado, Respetarán al menos la Convención de Ginebra que estipula que si el asilo no es otorgado, deberemitirse a la persona a un tercer estado que sea efectivamente neutral, pero nunca entregarlo al estado persecutor? 

¿Cederán las autoridades venezolanas nuevamente frente al despotismo y las mentiras inventadas por los generales colombianos contra todo perseguido político?

¿Estos 2 meses de incomunicación y detención ilegal habrán servido para que el estado colombiano tenga tiempo de urdir una patraña horrenda con acusaciones del generalato contra el cantor?

¿Será Venezuela otra vez sorda al respeto al DIH y a su propia constitución que impide entregar a un perseguido político a un régimen que practica la tortura, y los montajes judiciales, argumentando una tras otra acusaciones falsas basadas en computadores mágicos, las voces del generalato, o del paramilitarismo?

¿Venezuela se hará esta vez la que 'no sabía' respecto a la catadura moral mentirosa del generalato colombiano, cuya cúpula es la máxima responsable de los asesinatos de civiles en los mal llamados "falsos positivos", y tomará por ciertas las aseveraciones jaladas por los pelos de los generales colombianos; o al contrario procederá con dignidad, contrarrestando cada falacia en un derecho a defensa extenso y digno, en territorio venezolano?  

¿Seguirán las autoridades venezolanas estigmatizándo a quién critica estas entregas de perseguidos políticos, como en recientes días lo hizo nuevamente Maduro; o al contrario la parte digna de esas autoridades esta vez no se plegará ante los designios de Santos y EEUU sino que escuchará a los de abajo?

¿Seguirá el gobierno de Venezuela participando en la cacería humana, entregando perseguidos políticos, en claro acatamiento de los lineamientos de EEUU, así sea necesario para ello pisotear la Constitución Bolivariana y el DIH?  

Queremos ver que las cosas no van a ser tan arbitrarias en este caso como lo fueron contra el periodista Joaquín Pérez Becerra, pero debemos serenamente mirar la realidad, y mirarla sin cambiarla hacia nuestros deseos.  Ojala finalmente esto tenga un desenlace feliz y decoroso, pero antes de que llegue no podemos anticiparnos,  porque puede no llegar, como puede llegar.

Y la labor de informar, ahora, como son las cosas podrá tal vez incidir en que sean mejores. 

El temor es que se haga una campaña mediática de que Julián tiene acceso a la defensa, mientras que los abogados no pueden acceder a él; que se haga una realidad virtual de que pudo defenderse, y finalmente sea entregado.

Cuando lo que corresponde ahora, si realmente hay honestidad en las autoridades venezolanas, es mirar que la Convención Contra la Tortura impide entregar a un perseguido a Colombia, un país en el que ya han fallecido 5 presos políticos en 2011 por tortura y denegación de asistencia médica.

Lo que corresponde, si realmente hay honestidad, es mirar que la Convención de Ginebra impide entregar a un combatiente, o perseguido político enfermo, y más cuando este ha solicitado asilo, lo que corresponde ahora es que Venezuela le otorgue el asilo, y si no quiere hacerlo, que lo remita a un    tercer país que sea efectivamente neutral. Hay otras convenciones del DIH, e incluso artículos de la propia constitución venezolana que impiden esta entrega, claramente si Julián Conrado es entregado, será otra ilegalidad más, aunque hayan tejido una    apariencia  de legalidad mediante los medios oficialistas, para cubrirse en este caso un poco más que lo que hicieron con el periodista, donde creyeron que bastaba con censurar y mentir sobre su nacionalidad, profesión, estatuto de refugiado, etc... y ni siquiera tejieron ilusión de legalidad.

Lo importante es que haya derecho a la defensa, pero una apariencia no basta, puede ser aún peor una apariencia vacía, porque legitima lo peor.

Pedimos a todos los medios alternativos, a todo ser humano consciente, que ayuden a informar del tema, sin caer en las trampas de la complacencia en la que caen los medios oficialistas venezolanos. Seguimos esperando que esta vez las autoridades venezolanas respeten la legalidad, el DIH, la ética bolivariana, aún queremos creer que es posible, y ponemos todas nuestras esperanzas en ello.  

Que no sea entregado el cantor Julián Conrado a una tortura segura, a un acortamiento de su vida en las mazmorras colombianas, en las que fallecen con inusitada frecuencia presos políticos por la denigrante y cruel tortura de dejarlos a la voracidad de la muerte en los peores dolores, sin brindarles asistencia médica, ni siquiera medicamentos para el dolor. Que no sea sepultado el cantor en Colombia, o hasta peor, en EEUU: EEUU ya han desatado a los vulgares caza recompensas con 2,5 millones de dólares para callar la voz del canto más digno. Callar al cantor sería una herida sin cicatriz en el corazón de América, que sea Venezuela quién lo entregue sería lo peor que se pueda desear al respeto por los pueblos: asilo para Julián.

Además de las consideraciones legales, están las consideraciones éticas: ¿Qué ‘anti-imperialismo’ podrá esgrimir el gobierno de Venezuela si entrega al cantor a sabiendas de que es como entregárselo a EEUU, a que lo entierren en un socavón como criminalmente lo hacen con Simón Trinidad, a que lo empapelen con montajes judiciales como criminalmente lo hacen contra los 5 cubanos en el imperio?

La Manipulación mediática pretende allanar el camino para otra ilegalidad, y esto es muy preocupante.

Es mentira que haya "trámite de extradición": y si lo hay, no es LEGAL. Porque el DIH y la propia constitución venezolana impiden entregar a un perseguido político a sus verdugos, porque la Convención Contra la Tortura impide que sea entregado a Colombia o a EEUU, porque la Convención de Ginebra estipula que no puede ser entregado, que en todo caso Venezuela pude remitirlo a un tercer país neutral, pero en ningún caso entregarlo a Colombia.