Saludos libertarios, para todos los ciudadanos de esta noble nación, larga vida para el Comandante Presidente.
Tal como prometimos desarrollaremos el neurálgico tema de la admisión coaccionada: ¡si de la admisión forzosa! que se ha convertido en una práctica habitual cuando no se consiguen elementos para inculpar a un ciudadano, cuando los delitos cometidos por los funcionarios actuantes en un procedimiento son más flagrante delito que la presunción de un imputado, cuando a un funcionario procesa más casos para ganar un bono y cuando es más fácil presumir culpabilidad que respetar el derecho de los ciudadanos a ser presumidos inocentes y a ser tratados como tal, cuando la debilidad económica es tristemente sinónimo de debilidad jurídica. Es entonces cuando el ciudadano en desgracia, pasados dos, tres, cuatro, cinco y hasta más años de angustias, diferimientos e incertidumbre, es convencido por jueces, fiscales o abogados inmorales con hipócritas rostros dulces, con esa orientación malsana a que si asume los hechos es más fácil recuperar la libertad y el ciudadano en su ignorancia se hace culpable aun siendo inocente.
Esta infame orientación hace necesario despertar la conciencia jurídica de los ciudadanos y de los colectivos sociales. Se hace necesario que los movimientos sociales establezcamos como prioritario el debate sobre lo anti jurídico e inhumano que resulta el comportamiento de un nutrido número de operadores de justicia. Es imperativo establecer el control social sobre el comportamiento sustantivamente degenerado, delictivo e inmoral de un nutridísimo número de funcionarios policiales. Dónde queda la seguridad jurídica de un estado si quienes son llamados al extraordinario honor y privilegio de ser garantista, tutor o defensor de los derechos constitucionales ciudadanos y humanos, muy por el contrario, solo los pisotea, los irrespeta y con zendo sesgo discriminatorio y profundo desprecio por los derechos de los ciudadanos, destruye vidas y familias.
Hasta cuando los atropellos a miles de ciudadanos que sin cometer delito alguno, son sembrados en delito y oprimidos por la tripartita infame, para terminar enterrados en el inframundo carcelario a fuerza de abuso de poder e irrespeto a sus legítimos derechos ciudadanos y humanos.
Es necesario reflexionar que no solo basta ser revolucionario, también debe parecerlo. Da vergüenza ver como encopetados altos y medios cargos del aparato de justicia y garantista con su hipocresía, disfrazados de socialistas pero con comportamiento y estilo de vida imperialista, irrespetan al pueblo de Bolívar. Repito no solo basta serlo, también tiene que parecerlo.
De allí, que insistamos en la creación de los Comités Pro-defensa de los privados de libertad con los núcleos de familiares y los Comités Pro-defensa de los derechos ciudadanos con los consejos comunales y demás organizaciones sociales. Reflexionemos sobre la desproporción que existe entre un joven o ciudadano o ciudadana de extracto social humilde, con total arraigo en el país, asiento familiar comprobado, sin pasaporte ni recursos económicos para abandonar el país o fugarse, cuando es llevado a abandonar su lucha por comprobar su inocencia y es sometido a un Estado dirigido por funcionarios que manejan autoridad y poder, pero sin un mínimo de corresponsabilidad para garantizar el derecho a la defensa, el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
Permitir que esto continúe seria como reconocer para cada ciudadano de estos el premio nobel de irresponsables por su ineptitud en el manejo de las instituciones de seguridad y justicia, lo que conlleva a reconocer al Estado como incapaz y, contradictoriamente, atribuir esa incapacidad a los débiles económicos: ¡ya basta de atropellos a nuestra Constitución y a nuestro estado de derecho! Exigimos justicia socialista, exigimos respeto a los derechos ciudadanos constitucionales y humanos.
Patria, socialismo, vida y libertad
