El fenómeno de esta realidad que vivimos después de las elecciones presidenciales del 14–A, 10 muertes y 76 heridos, es el resultado de la debilidad de nuestros Sistema Judicial (Ministerio Público, Tribunales, Cuerpos Policiales, entre otros). Debilidad de la ley y debilidad de los jueces son dos miradas sobre el mismo fenómeno y es muy difícil saber cual comenzó primero. La debilidad del Poder Judicial en Venezuela es histórica y responde a su proceso de formación anti constitucional (Cuanto hay pa´eso). La justicia del rey dinero, trasladada por españoles, portugueses y franceses corruptos, ratificada a lo largo de las centurias, funcional a los intereses coloniales y a la concentración del poder, nunca fue pensada para convertirse en una justicia republicana, que hiciera cumplir la ley.
El rey dinero es el principio y referente de toda actividad de la burguesía de CAPriles Radonski, y sus aliados, quienes por tener el rey dinero, piensa que tienen a Cristo agarrado por las bolas o mejor dicho piensan tener el poder absoluto (ya sea de justicia o de gobierno), conceptos entonces no diferenciados, los tiene porque del rey dinero le viene (...) lo que el rey dinero ha dicho, se convierte en LEY e irrevocable, ya se trate de la compra de una sentencia o la de un funcionario; el rey dinero siempre puede hacerlo, odia no hacerlo, ya se trate de un caso especifico o casos del montón (Mazuco). Es decir, el rey dinero retiene en sí mismo la justicia y con ello la posibilidad de avocar para sí cualquier proceso, cualquier asunto de justicia aunque esté atribuido a otros órganos de la administración pública ó privada.
A lo largo de nuestra historia institucional esta ilegal situación fue acentuándose en las décadas cuarta republicana o pacto de Punto Fijo (AD, COPEI, URD). Los otrora caudillos y presidentes (…Gómez, Leoni, Betancourt, Caldera, Carlos Andrés, Luis Herrera, Jaime Lusinchi, Ramón J. Velásquez) manipularon a los jueces y los jueces se dejaron manipular. Tan así es, que el TSJ avaló el Golpe de Estado de Carmona Estanga, sentenciando que: “No hubo Golpe de Estado, y que lo que paso el 11A-2002, fue un acto preñado de buenas intensiones”. Así mismo igual que el TSJ, en la historia institucional venezolana, los tribunales de la República, avalaron asesinatos de los camaradas: Livia Gourverneur, Chema Saer, Víctor Soto Rojas, Noel Rodríguez, Fabricio Ojeda, Alberto Lovera, Carlos Wilfredo, Enrique Rodríguez, Argimiro Gabaldón, Sabino, las masacres de: Cantaura, Yumare.
La dictadura punto fijista, sostenían a tribunales que les daban cierta legitimidad superficial. Como ya lo explane, ocurrieron matanzas memorables de líderes revolucionarios, igual acaba de suceder el 15 de abril de 2013, golpes de Estado cruentos, como el de Carmona Estanga, opresiones hasta decir ¡Basta!, se firmaron contratos que establecieron privilegios irritantes para empresas extranjeras o trasnacionales, se expropió ilegalmente a los indígenas de sus tierras, se usurparon tierras de los campesinos, se ejecutó o desaparecieron estudiantes y líderes sociales, en donde el Poder Judicial siempre se mantuvo al margen, entretenido en el lento tramitar de expedientes polvorientos, en la repetición mágica de fórmulas vacías, en una crueldad convertida en rutina, que mantuvo siempre a los pobres en la cárcel o en una fosa.
El pueblo venezolano se ha rebelado siempre frente a esta situación, pero han sido encarcelados, asesinados o repudiados. El propio sistema judicial se preocupó de marginar a quienes no aceptaban esta situación y de volver sumisos a quienes pretendían renovar la cultura judicial. Hoy, ya en el siglo XXI, nos encontramos con una administración de justicia tan débil como entonces y todavía poco dispuesta a construir su verdadera fortaleza. Se impone, pues, el rey dinero. La gran mayoría de los venezolanos tienen muy buenas razones para desconfiar de los jueces. Es altamente probable que estos jueces no funcionen o lo hagan de un modo tardío, como está pasando con los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por CAPriles Radonski, y ordenados por EE.UU. Más si se trata de sectores sociales débiles, con escaso margen para la perdida y la recuperación, esa decisión puede ser más irrazonable todavía. Se ha invertido, entonces, la fórmula básica del Estado de Derecho, que ahora dice: cuanto más débil es una persona o un sector social, más irrazonable es que confíe en la ley y los tribunales, para la consecución de sus intereses o la satisfacción de sus necesidades.
Solo el pueblo salva al pueblo.
Patria Socialista o Muerte… VENCEREMOS.
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