El golpe de Estado de factura yanqui/cubano mayamero/uribista/oligarburguesa no cesa pese a los contundentes golpes recibidos, al acertado Plan de Paz en pleno desarrollo y expandiéndose que impulsa el gobierno del camarada Maduro, pese a las grandes movilizaciones de masas que no se detienen contra la guerra civil. Evidentemente se ha reducido a espacios mínimos pero se intensifica la agresividad, la maldad, la crueldad y criminalidad de las acciones terroristas. 31 compatriotas asesinados del lado de la Revolución y del chavismo (5 GN y un Fiscal del Ministerio Público), pero también de opositores asesinados por su propia gente. Más de cuatrocientos heridos y miles de millones de bolívares en pérdidas de todo género: sedes de universidades incendiadas (Unefa, UBV Táchira y Miranda), centros de salud destruidos, instituciones estratégicas arrasadas como sedes, equipos de trabajo, flota de vehículos de la Cantv, Ministerio de la Vivienda, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, etc., etc., etc.
Del inicio de las acciones golpistas con las diversas modalidades de guarimbas iniciadas el 12 de febrero –que han existido porque comunidades de las urbanizaciones clase media y autoridades (alcaldes) les han dado vida con su presencia, recursos de todo género a los grupos paramilitares, las han amamantado– a hoy, si se hiciera un balance –que hay que hacerlo obligatoriamente– hay que contemplar la complejidad que ha generado la indiscutible lucha de clases que impulsó la burguesía contra el gobierno popular, el Presidente Maduro y la Revolución Bolivariana, el desarrollo de su ejército de choque, la clase media alta y su monstruoso e incontrolado Frankestein, las bandas criminales mercenarias de paracos colombianos (quienes quemaron la sede de la Unefa Táchira) y de otras nacionalidades en su fantasía golpista de tomar el infierno por asalto.
Ya la situación no es la misma y los grupos violentos se han ido quedando aislados y ha quedado más que evidencia el papel relevante que han jugado –y aún juegan– los Alcaldes de los municipios que ganaron el 8 de diciembre los partidos Primero (In) justicia y Voluntad (Im) popular en Miranda, Aragua, Carabobo, Mérida, Zulia, Táchira, Anzoátegui. Pero el Estado (tribunales, TSJ) ha tardado un tiempo precioso –al menos eso es lo que se percibe– en tomar decisiones drásticas, necesarias y de amplia legalidad como el apresamiento de los alcaldes golpistas, que la nación entera espera se extienda a todos los alcaldes guarimberos, no sólo los que han caído en desacato sino los abiertamente conspiradores como Muchacho, de Chacao que explicó con asombrosa claridad y detalles el significado de las guarimbas y sus objetivos estratégicos: derrocar el gobierno revolucionario. A confesión de parte relevo de pruebas. Allí tiene el TSJ y la Fiscalía la Notitia Crímini. ¡Actúen!
Nunca la Revolución se había visto en un trance tan difícil como el que implosionó el 12 de febrero con el intento de insurrección de la clase media, mayoritariamente de origen extranjero (véase los apellidos de muchos de los alcaldes) dirigida por la oligarquía (¿qué origen de clase tiene la ameba Maricori sino burguesa de uña en el rabo?), que tenía las condiciones preparadas y la mesa servida con la terrible guerra económica comenzada a finales de 2012, y su acaparamiento de productos, usura, desangre de las divisas de Cadivi, industria del contrabando, la guerra mediática psicológica nacional e internacional.
Ni el golpe del 11 de abril ni el paro petrolero presentaron tanta criminalidad y horror. La presencia de mercenarios extranjeros, dirigidos desde Colombia por el expresidente Álvaro Uribe, la importación de estrategias de horror propias de la guerra civil que se vive en ese país desde hace años y el donde el paramilitarismo –brazo ilegal de sectores del Ejército colombiano, del narco tráfico y de los sectores oligarcas que se aglutinan en torno a Uribe para el lucrativo negocio de la guerra– impuso hechos tan monstruosos que nunca se habían visto en Venezuela como las guayas asesinas para degollar motorizados chavistas como en efecto ocurrió.
La pretensión de copar mediante el terror y la guerra de guerrillas urbanas el estado Táchira para desgajarlo del país, “liberarlo”, secesionarlo evidentemente impone una estrategia que contemple la suspensión de las garantías en ese estado o decretar el estado de excepción para darle libertad al Ejército de actuar militarmente. Estamos en presencia de una primera fase de la invasión extranjera organizada por los Estados Unidos del Norte, que las fuerzas mercenarias organizadas desde Colombia avancen en su fase de terror y horror a través de los incendios que producen las bombas molotov, que la estúpida clase media se auto consuma en paros y trancas en sus zonas residenciales, coloquen guarimbas, pongan a sus hijos y a menores a “organizar” la destrucción, las quemas, el crimen de enfermos –sus propios vecinos– que no pueden accesar a clínicas u hospitales ante un cuadro grave de enfermedad porque no les permiten pasar; esos “daños colaterales” arrojan cifras de fallecidos impresionantes. Utilizar sus lujosos vehículos para llevar bolsas de basuras que se utilizarán en las guarimbas y se quemarán para que sean inhalados por sus vecinos que gustosamente los respiraban en la primera etapa de las guarimbas porque creían que iban a derrocar a Maduro.
El crimen ecológico de talar 1500 árboles sólo de la ciudad de Maracaibo –la ciudad más caliente de Venezuela– revela los niveles de crueldad e inconsciencia de este paramilitarismo mercenario y de lo que son capaces. Si se lo permiten destruirán todo, demolerán todo, dañarán todo, le quitarán la vida a quien sea. Por eso el gobierno debe actuar con contundencia.
Por eso no debe haber alcahuetería, debilidad, duda en torno al castigo que legalmente se le debe imponer a quienes han sido apresados en todos esos actos subversivos y de terrorismo. Todos los jefes deben caer como ocurrió con López. María Corina debe pagar su evidente, abierta e inocultable intención de derrocar el gobierno como cabeza principal después de López, estimulando la destrucción y el asesinato de venezolanos. ¡Presa debe ir! Si no se queda en Panamá.
Como dice el camarada Sergio Briceño García: “Para evitar que la oposición se recupere hay que darle más duro. No se pueden permitir más que individualidades o grupos políticos desconozcan el orden democrático utilizando los derechos democráticos. Hay una gran confusión en todo esto, un gran relajo que no se puede seguir permitiendo. El que quiera disfrutar de las libertades democráticas está obligado a defenderlas. No hay otra alternativa. Aunque parezca un contrasentido hay que facilitarle a la derecha la construcción de una oposición democrática ilegalizando a los violentos de la ultraderecha. Si éstos últimos no quieren respetar las reglas del juego democrático que asuman su responsabilidad y se vayan a la clandestinidad a conspirar para derrocar a Nicolás Maduro pero que se atengan a las consecuencias”