Nicolás Maduro tendrá en sus manos la posibilidad de acabar en profundidad y para siempre con las barricadas de guerra urbana insurreccional mal llamadas guarimbas si la Asamblea Nacional discute y aprueba de urgencia la nueva Ley Antiterrorista o como la llama el constitucionalista Dr Hernán Escarrá, Ley por la Defensa de la Democracia. El espacio acostumbrado en mis breves escritos no me permite profundizar sobre el tema pero es suficiente para enfatizar mi preocupación sobre su necesaria contundencia y resultados deseados. Obviaré el dramático balance de las acciones terroristas, sus posibles consecuencias desestabilizadoras encadenadas con objetivos superiores antinacionales y tampoco referiré las causas, el origen ni la naturaleza del mal llamado guarimbeo. Afortunadamente la cultura política avanzada de quienes acostumbran leer estos humildes escritos supera cualquier información adicional que pudiera agregar al respecto.

A mi juicio la nueva Ley Antiterrorista que apruebe, ojalá sea de inmediato, la Asamblea Nacional debe lograr el objetivo general de precisar, distinguir y discriminar categóricamente la diferencia entre la acción, la conducta y el activismo terrorista de la actitud, el compromiso y la conciencia democrática. Una vez cumplido este primer paso deben determinarse con justicia las sanciones por ser aplicadas a las prácticas terroristas, a sus autorías intelectuales así como también la administración proporcional de las sanciones penales correspondientes. Finalmente debe calificarse específicamente de terroristas a los participantes materiales e intelectuales en las barricadas de guerra urbana insurreccional, mal llamadas guarimbas, en sus diferentes niveles de responsabilidad.

La primera consecuencia de una nueva Ley Antiterrorista será establecer una línea clara de separación legal, cultural y política entre lo terrorista y lo democrático, entre la barricada de guerra urbana insurreccional y la protesta democrática pacífica. He visto con impotencia como los vecinos enloquecidos por la guerra psicológica acumulada colaboran en diferentes grados con la acción terrorista de la mal llamada guarimba. Reúnen sus grupos como si se tratara de una convocatoria vecinal normal y planifican en detalle la logística, las guardias y las diferentes acciones de violencia. La nueva Ley Antiterrorista debe calificar expresamente al ciudadano infractor, al vecino cómplice, a los comandos organizadores de la violencia, a los autores materiales de los homicidios culposos, a los francotiradores, a los incendiarios, a los destructores de bienes públicos y privados, a los incitadores y a los autores intelectuales sancionables con penas proporcionadas a su grado de responsabilidad como terroristas.

Las sanciones pecuniarias, por contemplarse en una nueva Ley Antiterrorista, son de gran importancia y efectividad para ser aplicadas a los sectores de clase media y alta que coadyuven con las barricadas de guerra urbana insurreccional instaladas en las calles de sus urbanizaciones. Se haría justicia haciéndole pagar a los propiciadores indirectos de la violencia los destrozos cometidos en la ciudad que habitan.

Debe contemplarse también la aplicación de la Ley nueva Antiterrorista facilitándola para su óptimo cumplimiento con el auxilio de los mecanismos de inteligencia popular activados al efecto para suministrar la información pertinente requerida con valor jurídico.

La filosofía para la defensa de la democracia en la sociedad venezolana del siglo XXI debe ser coherente con la realidad nacional y global, debe renovarse con un pensamiento innovador que se adapte a las amenazas y a los retos que implican las transformaciones sociales pacíficas y revolucionarias condenadas por la burguesía y el imperialismo. La teoría y la práctica del terrorismo de estado aplicado durante la IV República y el terrorismo adelantado ahora por la oposición de extrema derecha son dos caras de la misma moneda. La idea democrática participativa y protagónica emanada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para sobrevivir necesita complementarse con normas defensivas antiterroristas las cuales nada tienen que ver con la criminalización de las protestas pacíficas y democráticas.

La nueva Ley Antiterrorista debe servir para la formación de una cultura constructiva y creadora contraria a la banalización de la violencia que es fomentada en algunos colegios privados religiosos estimulando el juego de las barricadas por los niños con el visto bueno de estas instituciones negadoras de los valores pedagógicos. Los padres y representantes, los educadores, las comunidades educativas, los dueños de los colegios privados y la iglesia deben ser los primeros en comprender, internalizar y asumir la desaprobación del terrorismo como un antivalor social impropio y extraño a nuestra identidad nacional. La nueva Ley Antiterrorista debe contribuir a formar la ética del ciudadano democrático sin los vicios antidemocráticos aberrantes de quienes promueven la violencia en contra de la paz que reclama la mayoría de los venezolanos.