En fecha 7 de marzo pasado, representantes de empresas importadoras y transportistas de alimentos y otras mercancías, interpusieron “acción autónoma de AMPARO CONSTITUCIONAL para la defensa de derechos e intereses colectivos y difusos de la población venezolana”, contra el ciudadano VICENCIO SCARANO SPISSO, Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo y el ciudadano SALVATORE LUCCHESE SCALETTA en su condición de Director General de la Policía Municipal de San Diego del estado Carabobo, acción de amparo que ejercieron los quejosos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en concordancia con los artículos 1, 2, y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (LOA) y el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Protección de intereses colectivos y difusos de trascendencia nacional); el hecho que se le imputa a Scarano, “omisión de acciones tendentes a prevenir desórdenes públicos dentro del Municipio San Diego del Estado Carabobo, específicamente en el Distribuidor de San Diego y en las urbanizaciones cercanas, lo que ha generado la patente de corso para que personas violentas realicen trancas y cierres que conllevaron a que se haya atentado y se siga atentando contra el derecho que [tienen] de transitar libremente por las vías del estado Carabobo, [dedicarse] a una actividad económica libremente como lo es el transporte de personas y carga, derecho a la vida, a gozar de seguridad alimentaria y contar con un adecuado abastecimiento de productos”.
Es decir, si bien los alcaldes tienen la responsabilidad del orden público en sus respectivos territorios, a falta de que estos cumplan con esa función básica, el orden lo deben restituir las políticas estadales y la policía nacional bolivariana y la fuerza armada, en específico la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y por supuesto deben intervenir a la policía municipal y a la alcaldía, por incompetente e insuficiente, y si existe complicidad en el alcalde en alterar el orden público, entonces este será reo por alteración del orden público, en grado de complicidad o autoría intelectual y si esta alteración está inscrita dentro de una acción subversiva nacional, como es el caso de Scarano (“La Salida”), entonces debe ser reo ipso facto por los delitos de subversión, terrorismo y en el caso de autos, como la conspiración es instigada por la única superpotencia que quiere recolonizarnos, se agrega el delito de traición a la patria.
En fecha 12 de marzo, la sala constitucional admite el amparo solicitado y acuerda medidas cautelares, en donde se les ordena a estos señores infractores abrir las vías públicas en su jurisdicción y otras obligaciones que evidentemente no cumplieron, cosa que advierte la sala constitucional el 17 de marzo y el 19 de marzo se celebra la audiencia pública, en donde son sancionados por desacato y el amparo es declarado con lugar, quedando firmes las medidas de restitución de todos los daños causados por la guarimbas en el Municipio San Joaquín del Estado Carabobo.
LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA DE AMAPRO
La audiencia oral y pública se celebró el día 19 de marzo, pasado, en la sede del TSJ, en Caracas, en donde los accionantes expusieron: “..que desde el 12 de marzo de 2014 se suscitaron hechos de violencia en el Municipio San Diego del Estado Carabobo que vulneraron el libre tránsito y otros derechos constitucionales. Que las “guarimbas” se agudizaron después de dictado el amparo cautelar. Que la noche anterior a la audiencia incendiaron una unidad de transporte. Que también habían quemado en ese Municipio tres gandolas y dos colectivos de transporte. Que hubo un homicidio generado por las barricadas, toda vez que una persona por sortear una de las mismas colisionó con otro vehículo y falleció. A petición de los referidos intervinientes fue reproducido en la audiencia un video en el cual el Presidente de la Asamblea Nacional señala estos hechos de violencia en el Municipio San Diego del Estado Carabobo y elementos utilizados con ese fin encontrados a cincuenta metros de un módulo de la policía municipal del referido Municipio.”.
La Defensoría del Pueblo, presente como parte interesada en la audiencia constitucional de amparo, manifestó que: “Que en San Diego quemaron un camión cargado de maíz. Que señalan la plena competencia de esta Sala para conocer del presente asunto. Que el día anterior a la celebración de esa audiencia oral tuvo lugar un lamentable acontecimiento en esa jurisdicción, relacionado con la quema de una unidad de transporte público. Que en las últimas semanas han habido “guarimbas” en el distribuidor San Diego, El Morro y La Esmeralda. Que se ha limitado el paso de las personas por vías públicas sin que la policía del Municipio San Diego haga presencia. Que a pesar del mandato de la Sala Constitucional siguen ocurriendo hechos que limitan el libre tránsito, a pesar de las atribuciones que la Constitución le atribuye. Que la policía del Municipio San Diego no ha hecho nada. Que promueve como testigo a la ciudadana Marta Herrera.”.
Luego el Ministerio Publico, representado por los fiscales de casación expuso sus alegatos de la siguiente manera: “La representante del Ministerio Público señaló, Dra. Roxana Orihuela, como punto previo, que esa institución se limitaría a plantear su opinión sobre el amparo cautelar y que la misma no vino a imputar o acusar sino a que se restituya la situación jurídica infringida. Así mismo, afirmó que el Alcalde del Municipio San Diego no atendió el llamado del Estado a la paz. Que la Organización de Estados Americanos respalda los esfuerzos del Ejecutivo Nacional en la consecución de la paz. Que el referido Alcalde ha sostenido que ha actuado frente a situaciones de desorden público, pero ha señalado que no tiene competencias en materia de orden público. Que el artículo 34 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, dispone que existen varias atribuciones comunes de los cuerpos de policía vinculadas al orden público y al artículo 178 Constitucional. Que existe debilidad probatoria en el material aportado por el Alcalde y el director de la Policía del Municipio San Diego. Que promueve como testigos a unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que actuaron en el control del orden público en San Diego. Que el día anterior a esa audiencia en la que participa quemaron una unidad de transporte público en el Municipio San Diego. Que hasta este momento hay desacato al amparo cautelar. Que solicita a la Sala que haga lo conducente para que se cumpla el amparo.”.
DERECHA COBARDE, PERFIDA Y FALTA DE PERSONALIDAD.
Pero lo peor de todo es la actitud cobarde, hipócrita y de falta de personalidad de la derecha venezolana.
La derecha venezolana, que es de la naturaleza de una ultra-derecha rastrera al imperialismo yanqui, no tiene ni los cojones ni la altura para oponerse al gobierno centrista “bolivariano” y decirle la verdad que lo quiere tumbar o desplazar o eliminar, tira la piedra y esconde la mano y la prueba más patética, reciente, porque ya hay un antecedente parecido en abril del 2002, son las guarimbas que iniciaron el pasado 12 de febrero, plan de alcance nacional, instigado, financiado, asesorado y acompañado de agentes imperiales terroristas y agentes de la mafia mayamera, la “mano blanca” centroamericana y el narcoparmilitarismo uribista-santista de Colombia, que tiene como fin derribar al gobierno de Maduro, buscar una intervención internacional tutelada por la OTAN (Es sinónimo de decir usa), para instaurar un gobierno títere en Venezuela al estilo del Endara en Panamá cuando la invasión en diciembre de 1989, para apoderarse del petróleo de nuestra Orinoquia.
La ultraderecha nuestra, forma parte de esa conspiración internacional, anteriormente descrita que la denominan “la salida”, es más tienen la misión de ser la chispa que incendiara la pradera; convertirán la chispa en grandes flamas, los medios de comunicación mundial y la autodenominada “comunidad internacional” que buscara la intervención en nuestra patria por intermedio de una “mediación” tal y como si hubiese una guerra civil aquí.
Scarano, al igual que el Alcalde de San Cristóbal y el de Chacao y El Hatillo y el de Baruta, están incrustado dentro de la conspiración de “la salida”, pero como buenos cobardes, pérfidos y faltos de personalidad, tiran la piedra y esconden la mano, son los célebres “yo no fui”.
Déjenme decirles, que los comunistas, la izquierda revolucionaria, nacionalistas y anti-imperialistas y afines, entre los años 60, 70 y 80, fueron asesinados, desaparecidos, muertos por inacción por centenares de miles; y en todo momento, ante el aparato de tortura y el paredón de una ejecución extra-judicial tomaron una actitud digna y valiente y jamás negaron su propósito de buscar un mundo mejor y derribar al capitalismo, las izquierdas en los 80 y 90 llegaron a ser en muchos países menos del 2%, no obstante hoy es la fuerza mayoritaria en el continente y de no ser por los reformistas y traidores, como la burocracia en Venezuela, ya estuviéramos implantando la comuna.
Pero los derechistas, ahora que están “abajo” (No tienen el mero gobierno aunque conservan poder), son oposición y quieren acabar con los gobiernos centro-izquierdistas que han venido surgiendo en Nuestramérica producto de la debacle-colapso del neoliberalismo, no toleran esa situación y quieren hacer (Hacen) como Jalisco, cuando pierde arrebata, han escogido los caminos verdes, tal y como lo han hecho en Honduras y Paraguay, de forma exitosa y a manera de intentona en la misma Venezuela, ya mencionada, Bolivia, Ecuador, Argentina, etc.
El botón de muestra, es este Sacarano, que está comprometido hasta el cuello con la salida, pero cuando llegó a la audiencia pública constitucional el pasado 19 de marzo, cuando tuvo la oportunidad de justificarse y decir que reconocía lo que hacía, y lo hacía porque está tumbando a un gobierno ilegitimo, comunista, y lucha por un sistema capitalista de libertad, nada que ver, veamos cual fue su descargo en la audiencia: “..el ciudadano Vicencio Scarano Spisso mostró a esta Sala lo que parecen ejemplares de algunos periódicos de circulación regional, en los que algunos titulares señalan que el Alcalde del Municipio San Diego desmanteló la pared de Los Tulipanes y que en ese Municipio no habría barricadas desde hace dos semanas. El mencionado ciudadano señaló, entre otras cosas, que en esa entidad local no se han producido muertos ni heridos. Que se ha respetado la protesta. Que envió más de cuarenta comunicaciones a la Policía Nacional Bolivariana, la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la Guardia Nacional Bolivariana pidiendo ayuda. Que la única que contestó fue la Policía Nacional Bolivariana, y que el resto guardó silencio. Que el Gobernador también debe mantener la seguridad. Que existe un problema presupuestario para recoger las barricadas. Que hay libre tránsito y siempre lo ha habido….Respecto a los periódicos de circulación regional exhibidos por el nombrado ciudadano, los accionantes de autos indicaron que toda la prensa mostrada es opositora y no constan la fechas de los “tweets” enviados por el mismo.”. En otras palabras negó los hechos, negó la conspiración, hizo cual Pedro que negó a su Maestro Jesús por cobardía, pero este Scarano se porta peor, porque no solo niega el hecho sino que se pone como “un niño Jesús” cuando dice que por el contrario él ha colaborado con las autoridades.
EL DIALOGO CON LA DERECHA GOLPISTA SIN QUE ESTA RENUNCIE A LA VIOLENCIA Y CONDENE A LA VIOLENCIA ES TRAICION. ES REVIVIR EL PACTO DE PUNTO FIJO Y RENUNCIAR A LA REVOLUCION SOCIALISTA.
El gobierno “bolivariano” de Maduro, en vez de aplicar el estado de derecho socialista inmerso en la constitución y meter preso a los guarimberos bajo los cargos de terrorismo colectivo, traición a la patria y el delito de subversión, haber decretado el estado de emergencia y haber ilegalizado y meter preso a los dirigentes de los partidos de derecha y al vez dirigir una nota de protesta a Bogotá y haber cerrado la frontera con este país con miras a romper relaciones, y a su vez convocar a todo el país a incorporarse a la reserva militar y profundizar la revolución, expropiando las mejores tierras para utilizarlas con fines de la soberanía alimentaria, por lo menos en un 70%-80%, bajo producción comunera, industrializar el país, romper con el patrón dólar y nacionalizar el comercio y la banca.
Quizás los contemporáneos de esta época no nos demos cuenta, pero la historia será implacable con nuestros contemporáneos y se dirá de la gran traición que quizás haya existido en toda la historia de Venezuela superando a la de Páez, Falcón Gómez y a la de Rómulo Betancourt. Yo salvo mi responsabilidad ante la historia, y asumo lo que digo.
En la próxima entrega hablaremos la justicia privada y el estado fallido que implica recurrir en amparo para hacer valer derechos fundamentales.
