La frontera de Venezuela con Colombia, en la cual, es de suponer, deberían existir relaciones tendentes a fortalecer la integración sin que ello signifique daños a ninguna de las economías y la proliferación de mafias de lo más diversas, que llegan hasta los extremos más terribles para conservar sus privilegios, todos fuera de las leyes, es un territorio que. lamentablemente, hay que aceptarlo, ante la fuerza de los hechos, sin ley, en donde el principal objetivo es el contrabando de gasolina y demás bienes, el narcotráfico, el lavado de dólares y euros, la trata de personas, (mal llamada “trata de blancas”) ,el sicariato, la importación de paramilitares., como ha quedado comprobado en las acciones terroristas de los últimos meses, especialmente en nuestros estados fronterizos.
Son múltiples las formas que los delincuentes utilizan para sus objetivos, muy lucrativos y perversos que van desde el ingreso por los caminos verdes, por trochas o simplemente por nuestros puestos de control con la complicidad apátrida de funcionarios, inescrupulosos que nadie se explica cómo es que son intocables, si es casi que pública y notoria su participación, sin la cual le sería, por lo menos, no tan fácil a las mafias, seguir causando los cuantiosos daños que nos infringen, pues en este pandemónium del delito, es nuestra patria quien se lleva la peor parte,
Sobre este tema no hay día en el que no se hable de él, en reuniones oficiales o no, en conversaciones, en artículos de opinión, yo por ejemplo ya perdí la cuenta de cuántas veces he escrito sobre ello.
Hay una situación producto de las buenas intenciones del Comandante Eterno, cuando decidió resolverle el problema a muchas familias extranjeras, con muchos años de residencia en nuestro país, y que no habían regularizado su situación legal permaneciendo, en mucho casos indocumentados y sometidos a toda clase de abusos por funcionarios inescrupulosos y gestores que hacían su agosto, estafando incautos que se merecían lo que en realidad venía a resolverles la decisión presidencial, el espíritu de esa decisión fue desviada y la medida aprovechada por practicantes de la corrupción, para que muchísima gente que no llenaba los requisitos y que incluso no vivía en el país, que en muchos casos ni siquiera conocía Venezuela, se hiciera al documento de identidad con la complicidad de funcionarios de la antigua Diex, luego Onidex y ahora SAIME, lo cual logró minimizar solo un poco, el actual Ministro de Comercio Dante Rivas cuando se desempeñó como director del SAIME, en sus acciones ejemplarizantes contra la corrupción interna.
Lamentablemente el daño ya estaba hecho y quienes de manera irregular fueron dotados con la Cédula venezolana, son ahora quienes se están enriqueciendo a través de bachaqueo y muchos de ellos con prontuario como paramilitares, quienes en buena cantidad hoy poseen el documento, entrando como Pedro por su casa, para venir a cometer sicariato, secuestros y ahora participar en acciones bien pagadas pero muy violentas, como brazo armado de la derecha que tanto daño en vidas y bienes, en tan poco tiempo, le han hecho a nuestra Patria.-
Es de suponer que de esta situación tiene conocimiento el alto gobierno, en especial los organismos de inteligencia, lo que luce inexplicable es que no se implemente un plan efectivo para someter a estudio cada caso de quienes obtuvieron cédula, lo cual seguramente arrojaría resultados sorprendentes, pues se comprobaría, lo que es vox populi, sobre una realidad que es uno de los factores que inciden en los graves problemas que hoy vivimos en nuestra frontera y muchas veces más allá, pues dentro de los beneficiados fraudulentamente con la medida, hay indudablemente irregulares que no solo delinquen en la parte de acá, sino en muchas otras partes de nuestro territorio, Mérida, Chacao y casi todo el Este de la capital son un ejemplo emblemático, en donde nadie duda hay paramilitares mercenarios al servicio de las acciones violentas patrocinadas por la ultraderecha venezolana.-
En los expedientes es fácil comprobar, sin mucho esfuerzo, cómo aparecen cartas de residencia falsas o compradas a funcionarios que se prestaron para emitirlas, cartas de trabajo vendidas como quien vende papas en la calle, sin que ni siquiera quienes las consignaron y quienes las expidieron pudieran comprobar su legalidad.
Esa gente es la que aun sigue estafando al país con el envió fraudulento de remesas y utilizando el documento para conseguir acceso a los dólares para viajeros y electrónicos, para luego rasparlos en su propio país donde viven y disfrutan con el robo de nuestras divisas.
Es una situación creada y que vino a multiplicar y agravar los problemas que aquejan las regiones fronterizas de nuestro país, la misma es indispensable enfrentarla, porque dio origen al aumento de la inseguridad ciudadana en porcentajes alarmantes, así como por la nacionalización documental de mafias que hoy operan impunemente en perjuicio de nuestra economía y en beneficio de las pretensiones de los enemigos de la Patria, que otra vez han mostrado sus perversas intenciones y demostrado que no tienen escrúpulos de ningún tipo, con tal de lograr interrumpir el proceso revolucionario y avanzar en el afán de convertir la frontera en la llamada “media luna”, tantas veces mencionada y pocas veces tomada como una posibilidad seria, que de hacerlo con fuerza y decisión ganaríamos muchísimo en al camino hacia la paz y prosperidad económica fronteriza y del país.-
