Recientemente un hecho alertó a los sectores revolucionarios de la República Bolivariana de Venezuela: la conexión de un sujeto desequilibrado pero bien entrenado en el terrorismo, como Loren Saleh, con el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez - promotor de las Autoridades Unidas de Colombia (AUC) - con el fin de llevar a cabo en el país atentados y asesinatos selectivos.

Estos planes, diseñados desde el exterior con apoyo interno, son parte de la llamada Delincuencia Organizada Internacional o Transfronteriza, como se califica a aquellos grupos cuyos crímenes se ejecutan con apoyo de sus conexiones internacionales. Redes dedicadas a actividades tendientes a violentar toda ley y norma posible.

Lamentablemente el ejemplo colombiano es necesario para clarificar los últimos acontecimientos ocurridos en el país. No sólo por el nivel de organización de las mafias de narcotraficantes, lavado de dinero, secuestro, falsificación de documentos, etc, sino por las prácticas de éstas para lograr sus objetivos económicos. Pues a fin de cuentas, tanto quienes ordenan los crímenes como quienes los ejecutan son beneficiados financieramente. Entonces, los operadores actúan según la demanda del “mercado”.

Este mercado lo pueden determinar aquellos grupos o clientes que requieren de tales “servicios”. Por lo que encomiendan eliminar los obstáculos que les impiden favorecerse; que les limiten en sus múltiples proyectos o sean una piedra en el zapato para mantener el control en determinada área.

Estudios serios en la materia señalan entre las características de la Delincuencia Organizada,  el dominio de espacios geográficos, como por ejemplo, la pretensión de la derecha venezolana de controlar los estados de la llamada media luna.

Otro elemento que la identifica es que sus integrantes carecen de ideologías, salvo en el caso de aquellos que practican el terrorismo, como por ejemplo quienes han estado al frente de las guarimbas o planes de desestabilización del país;  quienes han atentado en contra de instalaciones públicas como refinerías; o aquellos que planifican volar puentes, discotecas, licorerías o anuncian asesinatos selectivos,  tal y como lo dijo en un video el terrorista Loren Saleh.

También identifica a estas organizaciones o bandas, que su subsistencia no depende de la vida de sus integrantes, los cuales pueden ser apresados o asesinados (por los cuerpos policiales o por los mismos miembros de tales redes) en la práctica de estos hechos que ejecutan con toda la crueldad.

La falta de escrúpulos con la que los actores se desenvuelven es impresionante para el común de la gente. Estos delincuentes son “profesionales” para el mal, como los calificó Saleh en uno de sus videos.

Macabra encomienda

 El pasado 1º de octubre, el país fue sacudido por la noticia, conmovido por el dolor y sorprendido por el horror, al conocer que el joven y brillante parlamentario Robert Serra, había sido asesinado dentro de su residencia, en la emblemática parroquia La Pastora, junto con su compañera María Herrera, también joven combatiente venezolana.

El ministro de Interior y Justicia, Mayor General del Ejército, Miguel Rodríguez Torres, horas después de iniciar las investigaciones en torno al terrible crimen, no dudó en afirmar: “…se trata de un homicidio intencional, planificado y ejecutado con gran precisión…”, cuyas evidencias según el alto funcionario, develan que el doble homicidio fue cometido “al detalle y con mucha técnica”.

La saña y técnica con las cuales fue cometida tal encomienda macabra, hablan de prácticas ajenas a nuestro pueblo, extra fronteras, que lleva a cabo el paramilitarismo, grave fenómeno que mantiene a la población colombiana, inmersa en el terror por el hostigamiento, amenazas, masacres, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones que estos grupos cometen a diario.

En Venezuela, este tipo de encargos no es cotidiano y mucho menos natural. Sin embargo, llama la atención que desde hace pocos años, homicidios de tales características se vienen cometiendo en contra de figuras vinculadas con el gobierno revolucionario, impulsor junto con el pueblo de un nuevo modelo de país, que ahora se encuentra en transición hacia el socialismo, en medio de una guerra sin cuartel desde 1999, tras la llegada a la presidencia de la República, del Comandante  Hugo Chávez.

Durante el golpe de Abril de 2002, la derecha golpista colocó francotiradores en edificios adyacentes al Palacio de Miraflores, desde los cuales asesinaron con certeros tiros en la cabeza a 19 venezolanos, la mayoría compatriotas que fueron al puente Llaguno para defender al gobierno de Chávez que fue derrocado sólo por unas horas. Siete de los francotiradores fueron capturados y entregados al Regimiento de la Guardia de Honor del Presidente; luego trasladados a la Disip (hoy Sebin) donde fueron fichados. Uno de ellos era de nacionalidad norteamericana, un colombiano y otro con cédula falsa, el resto portaba documentación,  pero a fin de cuentas no dio el tiempo para confirmar sus datos porque el régimen de Carmona los puso en libertad y desapareció todo indicio que los inculpara como actas de aprehensión, oficios de solicitud, experticias de trazas de disparos y expediente.

También recordemos los paramilitares que fueron sorprendidos hace diez años en la Finca Daktari, municipio El Hatillo, donde estarían protegidos mientras se llevaba a cabo el macabro plan de asesinar al presidente Hugo Chávez, a quien pensaban cortarle la cabeza. Esta propiedad en la que se encontraban los “paracos” era propiedad de otro terrorista, Robert Alonso, alias “el coronel”,  hermano de María Conchita Alonso y protegido por el gobierno de Barak Obama, lo cual habla del apoyo que los paramilitares reciben de las mafias distribuidas en todo el mundo. 

El objetivo de estos grupos como las AUC, por ejemplo, es exterminar a las organizaciones y movimientos políticos que se enfrentan al poder imperial. Son el brazo armado de las oligarquías financieras, políticas y militares que ven mermado su poder y que por ejemplo, en Venezuela, tienen más de 15 años sin ponerle la mano, o robarse para ser más exactos, los recursos del país, que ahora se invierten en lo social primordialmente.

Cinco meses antes de la muerte de Robert Serra, le arrebataron la vida a otro hombre del proceso, fiel al Comandante Eterno Hugo Chávez, y símbolo de fuerza revolucionaria, nos referimos a Eliécer Otaiza, en cuyo crimen el paramilitarismo dejó sus huellas.

Homicidios como estos y el del Fiscal Danilo Anderson, también en 2004, responden sin duda a un plan bien estructurado por quienes se especializan en esta guerra no convencional. Persigue afectar la estabilidad de la nación, atacando a la población en general que además es sacudida a diario por los titulares de los noticieros y primeras páginas, especialistas en reflejar estos sucesos de manera aislada, descontextualizada y sin herramientas para que quienes reciben tales informaciones puedan pensar los hechos. El efecto que causan entonces es la zozobra, la incertidumbre, la inseguridad, la desmoralización, el terror y por consiguiente la desmovilización, objetivo final de quienes aplican esta estrategia.

Cometieron un magnicidio

Robert Serra tenía muchas cualidades y capacidades. Además de ser el diputado más joven de la Asamblea Nacional, era una de las mentes más lucidas del Parlamento y de la dirigencia juvenil revolucionaria del país.

Se caracterizó por un verbo encendido, inteligente y cortante que puso en su lugar a la derecha apatrida en todas las ocasiones que tuvo oportunidad de hacerlo. Su capacidad de análisis e interpretación de la situación del país y genio para transmitirla a la gente, desde muy joven,  le valió de Hugo Chávez el apodo de “metralleta”. Pero además contaba con el afecto de mucha gente que se lanzó a la calle a acompañarlo hasta la siembra en el Cementerio General del Sur.

En la calle cualquier ciudadano opina que Robert pudo llegar a ocupar grandes e importantes cargos y nosotros compartimos ese sentir. La derecha terrorista no sólo asesinó a un brillante y joven diputado; mató a un Fiscal General de la República, a un presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a un Contralor;  a un Fiscal General, a un presidente de la Asamblea Nacional, a un gobernador, asesinó a un ministro  y hasta a un futuro Presidente de la República. Quienes encargaron el crimen de Robert sabían lo que estaban haciendo y a quién estaban asesinando.

El asesinato de Robert Serra pudo ser anunciado un día antes por el diputado de la derecha Carlos Berrizbeitia, del partido Proyecto Venezuela, al cual pertenece Loren Saleh y cuyo fundador es el ex gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Romer. Berrizbeitia en la última sesión a la cual asistió el diputado del PSUV, envió un mensaje claro a los parlamentarios de la Revolución: “…ustedes tienen los días contados”.

El presidente de la República Nicolás Maduro, durante el sepelio del joven Serra, anunció que las investigaciones en torno al doble homicidio estaban bastante adelantadas. E incluso adelantó que los autores materiales estaban identificados y perseguidos por los cuerpos policiales y que los intelectuales pudieran estar relacionados con el asesinato de Danilo Anderson y ubicados en Miami y Colombia, centros de la conspiración permanente de la derecha terrorista en contra de Chávez y ahora en contra de Maduro.

Robert Serra, joven revolucionario, sensible hijo y soldado de la Patria, merecía como todos los jóvenes vivir; como todos los seres humanos productivos para la Patria, formar una familia y seguir aportando al país. Sin embargo, la derecha criminal y terrorista del país, la mafia transfronteriza con sus aliados o jefes  arrebataron el futuro, como lo vienen haciendo con miles de jóvenes que son víctimas del hampa organizada, conejos de india en esta guerra silenciosa que pretende no sólo derrocar un proceso, sino la savia, la esperanza, los sueños y las conquistas de un pueblo que lucha por su soberanía y libertad a costa de su vida.