El pasado 26 de septiembre del 2014 tuvo lugar en el municipio de Iguala, del Estado de Guerrero, al sur de México, una marcha de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, (“cuna de la conciencia social”), donde se forman profesionales de la educación para las áreas rurales del Estado de Guerrero y de otros estados de México.

“Iguala de la Independencia”, es un municipio que debe su importancia (poco conocida) a hechos históricos vinculados con la independencia mexicana. Aquí se firmó en 1821 el “Plan de Iguala” que reconocía la Independencia de México del colonialismo español, se creó el ejército mexicano y la bandera mexicana, entre otros hechos. Fue la primera capital del Estado de Guerrero.

La marcha de los normalistas de Ayotzinapa anticipaba el viaje de éstos a la capital federal para la conmemoración de los 46 años de la masacre de Tlatelolco. Aquí, el 02 de octubre de 1968, estudiantes, obreros, intelectuales y profesionales que se habían congregado en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la capital mexicana, para exigir al gobierno mayor autonomía universitaria, libertad de los presos políticos, fin de la represión estatal y mejores condiciones laborales, fueron masacrados por el ejército y la fuerza especial “Olympia”. Gobernaba México, por entonces, Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La masacre de 3 estudiantes a los que desollaron y la de otras tres personas que transitaban por la calle, puso el nombre de Iguala y de Ayotzinapa en todas las portadas de los medios, evidenciando la situación que se vive en el Estado de Guerrero, considerado bastión del narco tráfico, de la corrupción y del cohecho, generados por EEUU, para asegurar la funcionalidad del crimen organizado a sus intereses. Cuarentaitres estudiantes más, fueron desaparecidos y hasta el día de hoy no se sabe sobre su paradero.

A raíz de esta situación se han descubierto fosas comunes en las afueras de la ciudad de Iguala, pero, se dice, que los cadáveres encontrados no son los de los estudiantes “desaparecidos”.

El alcalde de Iguala y su consorte

La pareja colaboró activamente con el cártel de la droga, “Guerreros Unidos”, que ha convertido a Iguala en el feudo del crimen organizado. El Alcalde y su consorte recibían millonarios sobornos en dólares. Parte de los cuales se repartía entre los agentes de policía más allegados a los esposos Abarca.

Según información de la Procuraduría de la República, el alcalde Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos (más de 200 mil dólares) a la mafia de “Guerreros Unidos” para tener a Iguala bajo control. No menos de 600.000 pesos (unos 50 mil dólares) eran usados para el control de la policía local.

Los Abarca llevaban una vida de lujo y gozaban de todo tipo de comodidades  y una fortuna, proveniente del narcotráfico y la corrupción, en bienes inmuebles y negocios entre joyerías y un centro comercial.

Inmediatamente de producidos los hechos del 26 de septiembre, la población sindicó al alcalde y a su consorte de estar directamente implicados en los asesinatos y la desaparición de los estudiantes.  Razón por la que tuvieron que ocultarse aprovechando la red mafiosa con la que cuentan. Viajaron a Ia capital federal para contar con las seguridades pertinentes en caso de un posible arresto. Hace unos días fueron “hallados” y detenidos.

Las circunstancias tienen indudablemente que ver con el serio peligro que corrían sus vidas frente a la indignación de todo el pueblo mexicano que los sindicaba como los culpables mediatos de las muertes de los normalistas y de las otras tres personas, así como de la masacre que es evidente haya ocurrido con los otros 43 estudiantes. Aparte, sobre el alcalde pesa el asesinato a tiros que él mismo hiciera contra un contendor político por la alcaldía de Iguala.

La comparsa gubernamental

Peña Nieto, fantoche de turno en el gobierno mexicano, y las autoridades del poder judicial y de la policía han explicado su detención como el resultado de una “paciente labor de inteligencia”. Tal como es usual llamar a los contubernios entre la policía y las mafias y al “soplonaje” institucionalizado.

A sabiendas de lo que se oculta tras los hechos de Iguala, el “yuppie” que Estados Unidos decidió poner en el gobierno de México para dar una imagen renacida del añoso y mafioso PRI, no tuvo empacho alguno en decir “yo espero que esta detención contribuya al esclarecimiento y la investigación”.

Por su parte y coincidiendo con su jefe, el gobernador del Estado de Guerrero que aún permanece en el cargo, dijo “confiar que con esta detención se logren ‘pistas’ que permitan averiguar lo ocurrido a los 43 normalistas desaparecidos”.

Nada más claro: los dos “confían” en que la detención servirá para “mecer” la indignación del pueblo de Ayotzinapa, hasta que se les pase. Total, esta ha sido siempre la receta del poder corrupto frente a todo conflicto, a todo horror, a todo genocidio.

El tiempo es un aliado clave para adormecer conciencias. Y la fórmula completa no sólo para aletargar, sino para seguir haciendo más de lo mismo: el tiempo más las disculpas y la “reparación”. La forma perversa de ponerle precio a la vida de los pobres y de comprar su silencio, impuesta por las agencias “humanitarias” del terror y el crimen de la ONU y del Departamento de Estado norteamericano.

El Gobernador, además, no sólo ha tenido el cinismo de calificar la tragedia como un “rompecabezas” y el arresto como un "triunfo indiscutible" para el Gobierno, sino que ha dicho, que “la detención debe dar confianza a los familiares de los muchachos desaparecidos de que se ha puesto todo el interés del Estado y sus instituciones para encontrar con vida a los 43 normalistas". Es decir, si los encuentran muertos, o no los encuentran, la culpa no es del Estado, menos de él.

Pero no sólo esto. Ya adelantó juicio respecto de su socio en la maraña de corrupción y crimen que envuelve a Guerrero. Ha dicho que el alcalde Abarca y su mujer, “aunque no sepan dónde están los desaparecidos, sí conocen quiénes son los principales dirigentes y dónde se esconden los miembros del grupo que los hizo desaparecer”. Lo que quiere decir que si no los encuentran, el alcalde y su consorte están, de antemano, limpios de polvo y paja.

Por lo pronto, todo pasó ahora a la jurisdicción de la capital mexicana y el alcalde y su consorte prestarán sus declaraciones en la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), son sede en México DF.

La continuidad de Tlatelolco 68’

En cualquier caso, y como es de esperar, no habrá ni inculpados, menos culpables, ni sentencia o pena alguna. La nueva edición de la matanza de Tlatelolco 68’, a cuya conmemoración (el 02 de Octubre) intentaban viajar los normalistas asesinados y desaparecidos, se cumplió siguiendo la misma pauta.

Como escena final, el presidente Peña Nieto dirá, como hace 46 años lo hiciera Gustavo Díaz Ordaz, “sentirse muy orgulloso de ser presidente de México y haber servido y salvado al país, les guste o no les guste”.

Ayotzinapa no es la primera vez que se tiñe con la sangre de normalistas. En diciembre del 2011,  dos estudiantes de la misma escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, murieron por disparos de policías federales y estatales, y de agentes ministeriales, durante un violento desalojo de una autopista a la altura de Chilpancingo, actual capital de Guerrero.

Aprovechando el contexto de la violencia, el gobierno títere de México que cada día se acerca más a un Estado Confederado de los EEUU, los organismos de seguridad nacional de este país han puesto la mira en las normales rurales. Éstas han desempeñado, históricamente, un rol importante en la lucha contra la injerencia norteamericana sobre la política económica, energética, industrial del estado mexicano y contra los Tratados de Libre Comercio y el  modelo neoliberal que han sumido al pueblo mexicano en una profunda crisis de sobrevivencia.

Las escuelas normales han sido la columna vertebral del sistema educativo mexicano rural, la alfabetización y la educación campesina. La acción de los sucesivos gobiernos del PRI y de sus facciones con nombres aparentemente distintos pero igualmente corruptos, han ido ahogando presupuestalmente su existencia habiendo reducido su número de 36 a sólo 17. La formación académica y profesional que adquieren los normalistas difiere de los modelos impuestos por el BM, el BID y/o USAID orientados hacia el desarraigo poblacional, la desculturización y la privatización.

La reflexión sobre lo ocurrido el pasado 26 de septiembre en Iguala no se limita, por tanto, a la coincidencia entre los 46 normalistas “desaparecidos” y los 46  años de la matanza de Tlatelolco y del oprobio que esto significa. Pues no hubo un solo detenido, ni un solo culpable, ni una sola sentencia.

La reflexión alude a la nueva puesta en escena de la barbarie que instituyera EEUU con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, a fines de 1920 y que se repite sistemáticamente contra los más pobres que buscan en la educación una alternativa para salir de la ignorancia y contribuir a la emergencia de una respuesta alternativa al modelo capitalista que se nutre del narcotráfico, generaliza la corrupción, extiende el crimen institucionalizado.