Lo acontecido el pasado 5 de Agosto del presente año en la zona industrial de San Vicente, adyacencia de Maracay, cuando funcionarios adscritos a la Policía de Aragua, frustraron un robo de una camioneta propiedad de un industrial de la zona, habría quedado como un simple "enfrentamiento entre policías y ladrones" en el que los 8 o más funcionarios hicieron uso de sus armas de reglamento y obrando en apariencia en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, murieron cuatro personas acusados del robo que los medios de comunicación regional y seguramente el "parte policial" los dejó identificados como Omar Efren Ramirez Ibarra de 26 años, Nicolás Manuel Salgado Silva de 35 años, Douglas Ernesto Bolívar Reyes de 24 años y Leonardo Alfredo Noguera Rubio de 21 años.
Seguramente, sus Superiores y altas autoridades del Gobierno Regional habrían estimado esa acción policial como una muestra de eficiencia en el combate del flagelo de la delincuencia común y a lo mejor habrían engrosado la lista de los funcionarios condecorados y ascendidos de no haber sido por un video aficionado que capto con su cámara el momento en que los cuerpos inermes de tres sujetos yacían muertos, mientras dos de los funcionarios sostenían de pie y con vida a una cuarta persona que presumimos integraban el grupo hamponil para que otro policía apuntara su arma de reglamento contra la cabeza, sin que se observara ninguna oposición de los demás funcionarios y a pesar de la resistencia del cuarto sujeto a ser ejecutado, recibir un certero disparo que acabó con su vida para terminar ser arrastrado hasta el sitio donde se encontraban los otros cuerpos y tratar de borrar la escena del vil crimen que acababa de ejecutarse.
La diferencia entre los delincuentes que yacían muertos a un costado de una construcción y los funcionarios policiales investidos de autoridad que hicieron uso de la "fuerza pública" para ejecutar ese procedimiento se desvaneció porque intencional, alevosa y premeditadamente los gendarmes de Aragua "traspasaron los límites legales" al reprimir una agresión típicamente ilegitima pero sin necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla lo que les hace imputables del delito de homicidio intencional calificado pero además de la concurrencia de otros delitos muy graves que son imprescriptibles e inderogables como la violación de los derechos humanos y el quebrantamiento de Tratados, Pactos y Convenciones relativas a Derechos Humanos suscritos y ratificados por Venezuela.
El video traspasó nuestras fronteras y fue a dar no por casualidad a manos del Diario norteamericano Nuevo Herald, uno de los medios extranjeros desde el cual se mantiene una ominosa campaña mediática en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, y habiendo transcurrido más de una semana de su difusión, el propio Gobernador Tareck El Aissami se pronunció sobre el procedimiento ilegal e inconstitucional de miembros de su cuerpo policial, y tomó la firme decisión de destituir a los funcionarios JOSE SOSA (supervisor jefe), OSWALDO PEREZ (Supervisor), EUCLIDES RON (Oficial Jefe), YELDIN CURVELO, LUIS SANTANA, JOEL SALAZAR, WILMER PALENCIA y HUMBERTO CONOROPO, oficiales agregados estos últimos cinco, y solicitarle al Ministerio Público que investiguen por lo cual fueron presentados ante el Tribunal 4° de Control de Aragua.
Tareck El Aisami, afirmó ayer en un acto público: "Nosotros necesitamos paz, pero la paz con ley, con justicia, no la paz de la violencia, del crimen, del atropellos a los humildes", y además exigió a su Secretario de Seguridad Ciudadana Juan Sulbaran con el apoyo del Ministerio de Interior, Justicia y paz iniciar una investigación de ese cuerpo policial para corregir y erradicar desviaciones policiales.
Quienes durante más de 40 años hemos luchado y combatido este tipo de prácticas violatorias de los derechos humanos e indeseables de los cuerpos de policía y seguridad del Estado y estando al frente de FENADDEH, ong nacional fundada en 1.982 formulamos averiguaciones de nudo hecho y antejuicios de méritos contra centenares de funcionarios civiles y militares responsables de conductas punibles que investidos de autoridad hacían mal uso de la fuerza pública para arbitraria e inconstitucionalmente detener, torturar, asesinar y desaparecer a ciudadanos investigados por delitos comunes o por causas políticas no descansaremos hasta ver erradicada de raíz ese nefasto proceder que sigue poniendo en tela de juicio las políticas y propuestas humanísticas que se han formulado a partir de 1999 en materia de seguridad y orden público.
En tiempos pasados, las propias autoridades del Estado y los Jefes de los cuerpos de seguridad, no sólo no investigaban a fondo los crímenes cometidos por sus subalternos sino que en la mayoría de las veces los encubrían y por tanto se hacían cómplices de sus actos.
Pero además, hacían todo lo posible por entorpecer las investigaciones, amparar a los autores de esos crímenes e impedir que resultaran sancionados porque muchos de esos funcionarios ejecutores de tales desmanes eran simples autores materiales y protegerlos era al fin de cuentas proteger a las altas autoridades, promotores de la mal llamada POLITICAS DE SEGURIDAD DE ESTADO para lo cual se aplicó las ESTRATEGIAS impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica de SEGURIDAD NACIONAL que contó con instructores y manuales que justificaba plenamente el TERRORISMO DE ESTADO como práctica usual y legitima en la sociedad.
Desde 1958 hasta 1998, imperó en nuestra nación esa política de exterminar al enemigo, indistintamente si se trataba de combatir al delito común o el político, como política de Estado y aun cuando la constitución de 1961 prohibía la pena de muerte y condenaba el abuso de la autoridad, las instituciones de esa democracia formal como la Fiscalía General y los Tribunales se limitaban a recibir e instruir procesos contra los culpables de esos crímenes que terminaban justificados bajo las más disimiles figuras de exención de la culpa o justificando tan ominosas acciones policiales como legítima defensa, estado de necesidad o el deber cumplido.
Cuando por via de excepción se castigaba a algún funcionario infractor se le aplicaba una pena tan exigua que lejos de generar enmienda en el cuerpo más bien reinciden en los delitos cometidos.
Al llegar Hugo Chávez Frías al Gobierno esa realidad fue enfrentada desde varios frentes promotores de esas inveteradas prácticas y desmanes policiales, comenzando con promover una Constituyente que diseñó una nueva y revolucionaria Constitución Nacional, que declara a Venezuela como "Un Estado Democrático y social de derecho y de justicia… (art.2)", estableciendo además que los "fines esenciales del Estado son la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad…(art.3)", y que conformó todo un catálogo en el Titulo III de nuestra Carta magna, compuesto por 13 artículos para la protección y defensa irrestricta de los derechos humanos, tal como lo dispone el artículo 19 que dispone: "El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los Tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que la desarrollen".
Para no dejar dudas al respecto, el art. 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispuso taxativamente que "El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades".
Pero además, el art. 30 eiusdem dispone que a las víctimas de violaciones a los derechos humanos el Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas y a sus causahabientes.
Una importante novedad fue la creación e implementación del Defensor del Pueblo o Ombusman quien tiene fundamentales atribuciones para la defensa y protección de los derechos humanos, según dispone el art.280 de CRBV.
Pero el Presidente Chávez no se conformó con consagrar en la primera Ley de la República ese cuerpo de normas para la defensa de los derechos humanos y la proscripción del uso de la fuerza desproporcionada para combatir el abuso de autoridad, sino que implementó un Plan Nacional contentivo de políticas y acciones gubernamentales para enfrentar los desmanes y crímenes cometidos por funcionarios civiles o militares en ejercicio de sus funciones contra la Sociedad.
Dicho Plan fue explicado por el propio Presidente HUGO Chávez FRIAS anunciando que se ejecutaría a través de siete (7) frentes de batallas descritos así: 1) Primer Frente: Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, 2) Segundo Frente: Conformación del Sistema Integrado de Policía, 3) Tercer Frente: Conformación del Cuerpo de Policía Nacional, 4) Cuarto Frente: Transformar los Cuerpos de policía estadales y municipales, 5) Quinto Frente: Transformar el Sistema de Justicia Penal y hacer otras reformas legislativas, 6) Sexto Frente: Enfrentar el narcotráfico y prevenir el consumo de sustancias de estupefacientes y sicotrópicas, 7) Séptimo Frente: Transformar el sistema penitenciario.
Paralelamente, desde distintos órganos del Poder Público se implementaron acciones para crear una nueva institucionalidad que cambiara las debilidades y vulnerabilidad de un estado proclive a aceptar y convivir como "males necesarios" los desafueros de los cuerpos de seguridad del Estado.
En ese tenor se legisló sobre una nueva Ley Orgánica de los Estados de Excepción, una Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, una Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los DDHH por razones políticas en el periodo de 1958 al 1998, una Ley para el desarme, control de armas y municiones, Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se creó la Universidad experimental para la Seguridad (UNES), se han producido más de 35 Resoluciones contentivo de manuales de instrucción para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza pública, se han constituido 69 Comités de Ciudadanos para ejercer contraloría social en el desempeño de los cuerpos policiales entre otras acciones.
Todo ello sin embargo no ha sido suficiente para enfrentar las subsecuentes violaciones a los derechos humanos que aún se siguen suscitando en todo lo ancho y largo de la República y las secuelas de ese mal enquistado en el seno de nuestros cuerpos de seguridad son una realidad que viene siendo usada de forma interesada y con fines inconfesables por distintas organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras que pretenden hacernos ver ante las naciones del Mundo como un país cuyo Estado promueve y encubre a los funcionarios policiales o militares que violan los DDHH y por tanto califica como un ESTADO FALLIDO y con ello propiciar con fines humanitarios intervenciones armadas o bloqueos económico como el que se expresó en la declaratoria del Presidente Barack Obama de declarar el 9 de Marzo de 2015 a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los EEUU"
Ha sido tal la envestida que desde la OEA y la ONU se promueven contra nuestra nación, que el Gobierno creó recientemente el CONSEJO NACIONAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS, adscrito a la Vicepresidencia de la República y cuyo secretario General es el abog. Larry Devoe Márquez, y se elaboró una Agenda para el Debate que está circulando donde se dedica una primera parte para diagnosticar la expresada problemática, sosteniéndose temas como que los problemas más ingentes en nuestras policías son: 1) Inequidad en la distribución de la función policial (sólo el 52% patrulla e investiga), 2) Ausencia de manuales de procedimientos y organización, 3) estructura táctica y subcultura militar, 4) regímenes disciplinarios ineficientes que vulneran el debido proceso, 5) 1,7% de los policías activos poseen antecedentes penales, 6) alta letalidad de civiles en enfrentamientos con policías, 7) deficiencia en el entrenamiento y uso progresivo y diferenciado de la fuerza, 8) precario e insuficiente equipamiento , dotación y presupuestos, 9) baja formación profesional, 10) salarios bajos, 11) vulneración de sus derechos laborales.
También se afirma en el informe citado "Desde el año 2006 se diseñó e implementa un proceso de reforma policial con el objetivo de construir un nuevo modelo policial preventivo, humanista y comprometido con la erradicación del clasismo que históricamente ha caracterizado a los cuerpos policiales que se ha traducido en una doble victimización de los sectores populares al ser las principales víctimas de los delitos más violentos y también los principales destinatarios de las medidas de represión impulsadas como contener esos hechos"
Es una muestra del capital interés que tanto para Chávez como para el actual Gobierno de Nicolás Maduro ha tenido y tiene este grave asunto, pero ni los cinco ejes del Plan Nacional de DDHH año 2015-2019, ni sus líneas estratégicas y acciones programáticas van a ser suficientes para erradicar de los cuerpos de seguridad del Estado prácticas y usos indebidos, ilícitos e inconstitucionales para la represión del delito si cada uno los entes de Gobierno nacional, estatal y municipal sobre cuyas entidades dependan o estén subordinados esos cuerpos de seguridad y orden público no se enfrentan decidida e inequívocamente tales procederes y se sancionan con todo el peso de la Ley a sus autores, coautores, cooperadores, cómplices y encubridores.
Nada hacemos destituyendo y sancionando a los policías infractores, sino atendemos las causas y factores que facilitan ese modo de proceder, sobre todo cuando nos enfrentamos ante la opinión pública que pareciera demandar a cualquier precio el combate de la delincuencia desaforada e irracional que afecta a toda la sociedad sin distingo de clases sociales.
Se trata de un modelo que principia en el abuso irreverente de la autoridad, que apela al uso indebido de la fuerza, que atropella, que sigue restringiéndole el derecho a la defensa a los ciudadanos bajo sospecha de haber cometido delitos, que arbitra la aplicación de la tortura, tratos crueles e inhumanos para sacar confesiones porque se parte de la premisa que se está al frente de un delincuente, que convierte los procedimientos ilegales de coerción en una conducta aceptable en la que incluso algunos fiscales del Ministerio Público, defensores públicos y jueces prefieren obviar u ocultar como si no fuese su obligación combatir esos procederes ni su responsabilidad sancionarlos.
Pero además, esas malas prácticas policiales no son sólo "provechosas" o aceptadas por los autoridades policiales de esos cuerpos para dar la imagen ante sus instancias superiores que son eficientes y oportunas para combatir el delito, sino que se han convertido también en un eficaz recurso para a cambio de no aplicarlas y perdonar "vidas" a delincuentes contumaces y reincidentes, sirve para extorsionarlos y cobrarles fuertes sumas de dinero a cambio de "cuarentear" sus causas policiales.
No es un invento y mucho menos una infamia, porque en las inspectorías de disciplina de esos cuerpos policiales existen voluminosos expedientes en contra de funcionarios que conspiran contra la ética y la moral pública y candidatos a serle aplicados la Ley contra la Corrupción y contra la Delincuencia Organizada, algunos han logrado ser conocidos por el Ministerio Público y sancionados ante los Tribunales de la República.
Hace mucho tiempo, el Presidente Chávez ordenó una reorganización a fondo dentro del CICPC precisamente por anidarse dentro de ese cuerpo y sus entrañas todo tipo de triquiñuelas y delitos, y a pesar de haberse puesto al descubierto que algunos Comisarios Jefes relevados mantenían un tren de vida no justificado con sus modestos salarios contrario a la sanción que ha debido implementarse para sentar un precedente que moralizara al cuerpo en su interior se les terminó jubilando a muchos que vieron con desdén esos beneficios laborales porque se les atribuía entre otros costosos gustos ser poseedores de lujosos yates estacionados en las principales marinas de nuestras costas venezolanas.
Es decir, la conducta violenta y extrema de la policía de Aragua en la persecución y posterior muerte que les sobrevino a unos presuntos delincuentes que atracaban a un industrial del sector II de la zona industrial de San Vicente puede perfectamente convivir con la conducta omisiva y complaciente de esos mismos funcionarios policiales para enfrentar el delito y el crimen si a cambio son debidamente recompensados lo que incluso puede llegar al extremo de convertirse en una especie de "prote" para que esos criminales que pagan ese servicio puedan cometer sus fechorías sin que nadie los persiga o moleste.
Repito, repletos están los organismos que deben velar por una conducta idónea y transparente de los funcionarios policiales de señalamientos y acusaciones por cohecho, validamiento, tráfico de influencias y corrupción, y sino pregúntenle al Dip. Freddy Bernal que presidió una Comisión Presidencial para investigar a los policías corruptos y descubrió a un Comisario Jefe y todo su tren ejecutivo de la Delegación del Cicpc del Valle en Caracas, involucrados en un secuestro y extorsión de un comerciante que allí mantenían arbitrariamente detenido.
Por lo tanto Gobernador Tareck El Aissami, para revisar a fondo a la POLICIA DE ARAGUA y combatir crímenes como el recogido en ese video se requiere reorganizar a fondo ese cuerpo policial, suspender a los mandos superiores que supervisaban a esos funcionarios y que por lo visto nunca se molestaron en averiguar sus prácticas indeseables e inhumanas, o a lo mejor, toleraban ese proceder para darle a Usted la sensación de que estaban cumpliendo su deber.
Usted lo afirmó categóricamente Gobernador, "Necesitamos paz, pero la paz con la ley, con justicia, no la paz de la violencia, del crimen, del atropello de los humildes", por lo que si para vaciar ese organismo policial de funcionarios indeseables debe separar a los propios mandos superiores, hágalo, si tiene que relevar de su cargo a su secretario de seguridad ciudadana, hágalo, pero no se deje chantajear por quienes prefieren los atajos y el uso indiscriminado de la fuerza para hacerle creer que están garantizando el orden y la seguridad ciudadana.
En sus manos no sólo está la seguridad ciudadana y el orden público que la Constitución le encomienda como Gobernador, sino también es una corresponsabilidad de la sociedad civil como lo contempla el artículo 326 de nuestra Constitución la cual debe ejercerse desde los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.
*Abog y Msc Relaciones Internacionales)
Presidente de FENADDEH, asesor de la COMISION NACIONAL POR LA JUSTICIA Y LA VERDAD y Secretario General de la Asociación Americana de Juristas
