Yo, Lucía Martínez Romero portadora de la cédula de identidad Nº 13.707.493 indígena Yukpa, habitante de la comunidad Chaktapa de la Sierra de Perijá parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá del estado Zulia de la República Bolivariana de Venezuela, viuda del Cacique Sabino Romero Izarra asesinado en mi presencia y de mi hijo menor de edad en la comunidad Yukpa Tukuko el día 3 de marzo de 2013, hecho en el cual salí herida.
En mi doble calidad de victima quisiera que me respondiera por escrito cuales son las razones por las cuales el Ministerio Público se niega a realizar el juicio a los actores intelectuales que pagaron al sicario El Manguera para asesinar a mi marido Sabino Romero Izarra. Las comunidades Yukpa del Yaza sabemos cuáles son los ganaderos que pagaron para asesinarnos.
En noviembre de 2015 el Vicefiscal, Joel Gerardo Espinoza Dávila me informa personalmente en su oficina, fui ese día acompañada de la Presidenta de la Comisión Presidencial de Familiares Victimas del Sicariato Maite García, que el juicio contra los actores intelectuales del asesinato del Cacique Sabino Romero Izarra se realizaría a finales de año. Los dos (2) juicios anteriores de los actores materiales: los cinco (5) policías de Machiques y el sicario ganadero El Manguera estuvo a cargo de la Jueza Vanessa Yajaira Lista Lares del Tribunal 17º de Juicio Itinerante del Área Metropolitana de Caracas y del Fiscal 38 del Ministerio Público, abogado Edgar Angulo Bentancourt.
Desde antes de comenzar dichos juicios tanto el Fiscal Espinoza Dávila como Angulo Bentancourt nos había informado lo mismo: separar el juicio en tres (3) partes: primero los cinco (5) policía, luego al sicario Ángel Romero Bracho alias El Manguera, y por último a los actores intelectuales, es decir los ganaderos de Gadema.
La Fiscalía Laura Álvarez adscrita a la Dirección General de Acción Procesal informó el lunes 14 del presente mes vía telefónica que el caso estaba cerrado. Pero resulta extraño todo esto, porque el Ministerio Público cambio ahora de parecer.
Ni el Vicefiscal, Joel Gerardo Espinoza Dávila ni Fiscal 38 del Ministerio Público, abogado Edgar Angulo Bentancourt hoy trabajan en este ministerio. No tenemos testigos de las palabras de estos dos (2) fiscales. Hasta la fecha nadie del Ministerio Público me ha informado de esta arbitraria e ilegal decisión.
Todos mis derechos como doblemente víctima han sido violados, no hay consideración a los indígenas ni a los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pues yo soy miembro de la ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS YUKPA DE LA SIERRA DE PERIJÁ “ORIPANTO OAYAPO TÜONDE”
Exigimos una vez más justicia a la Fiscal General de la República abogada Luisa Ortega Díaz como lo hicimos antes de la muerte de Sabino y de nuevo ahora que está muerto, y sus asesinos intelectuales como antes continúan atropellándonos sin piedad alguna. Continúan libres por las calles de Machiques y los camellones y senderos de la Sierra de Perijá, todavía tienen en su poder muchas de nuestras tierras originales y ancestrales por las cuales murió mi marido, mi suegro, mi yerno y seis más de nosotros, de Chaktapa. Peleamos por nuestros territorios que ocupamos desde hace miles de años. Por esto nos asesinan.
Queremos justicia.
Chaktapa, Sierra de Perijá, Junio de 2016.
Lucía Martínez Romero
Victima
