Las masacres de Cariaco y Barlovento, sumados a tantos actos de violación de derechos humanos (DDHH), políticos y económicos, pone en evidencia que el gobierno está perdiendo la batalla por el control del ejercicio del poder y el monopolio de las armas.
Existen varias vertientes sobre quiénes son aquellos con la capacidad de violar los DDHH, pero de lo que si no hay duda es de que cuando funcionarios del Estado utilizan sus armas y poder para violar los derechos al debido proceso y el derecho fundamental de la vida, estamos ante un acto flagrante de violación de los Derechos Humanos.
Los gobiernos con responsabilidad en la violación de DDHH, en favor de ellos, por lo general tratan de hacer énfasis en la responsabilidad individual de los funcionarios que abusan de su poder, pero cuando este abuso se hace en el marco de una política como la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), aun cuando no haya sido una instrucción de un superior, termina siendo parte de una política de gobierno porque es en el marco de ella que se ampara la acción, y eso quiere decir que la política deja espacios abiertos para que esto pase, y si es de manera reiterada, es evidente su complicidad.
Desde el asesinato sistemático de más de 350 campesinos con complicidad de funcionarios de la Guardia Nacional, denunciados por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, hasta los casos de Cariaco y Barlovento con aproximadamente 21 muertos en menos de un mes con responsabilidad directa de soldados del Ejército y de la Guardia Nacional, pasando por la desaparición de Alcedo Mora en Mérida por denunciar corrupción en PDVSA, sin contar con los presos políticos opositores, reconocidos por el propio gobierno cuando actúa como un captor que libera a los secuestrados cuando le da lagana, y la violación flagrante de procesos judiciales en los casos de Numa Rojas (Maturín), Rodríguez León (Coro, ya en libertad condicional) y José Ramón López (Caroní), políticos y exalcaldes del chavismo, el gobierno de Maduro pareciera tener muchas cosas que explicar.
Pero hoy son jóvenes pescadores y campesinos las víctimas de acciones, en el marco de una política que nada tiene que ver con valores del socialismo democrático, y que aún menos tiene que ver con la doctrina de Hugo Chávez en esa materia.
En nombre de la inseguridad, y bajo condiciones de miseria salarial, militares asumen la seguridad ciudadana y ocurre lo que se dijo que pasaría: no se reduce la inseguridad y se incrementa la violación de DDHH de los pendejos, que terminamos pagando las incoherencias de políticas públicas de espaldas al pueblo que exige respeto a su dignidad.
