En mi condición de periodista hemos venido a lo largo del tiempo rechazando todo vestigio que nos conduzca a un enfrentamiento innecesario, por eso en nuestras entregas hemos procurado siempre en promover, y lo seguiremos haciendo, un amplio y sincero diálogo que nos permita reencontrarnos y con ello fortalecer la paz, que tanto necesita el país.
Ante los ataques inmerecidos que en los últimos días han venido ocurriendo en contra de colegas periodistas, (por cierto hasta ahora todas esas agresiones hemos visto que parten de la oposición), me niego aceptar la postura del Ministerio Público (MP) que ha anunciado que habrá una especie de medida de protección para periodistas durante la cobertura de las manifestaciones que puedan ocurrir en los días venideros.
Aún cuando en estos momentos no estamos “metidos en la candela” ejerciendo el apasionante periodismo de calle, soy de los que piensa que si bien la intención del MP es solidarizarse con nuestro gremio, al cual pertenecemos desde hace más de 30 años, no compartimos la medida, pues sigue siendo una limitante para ejercer de manera libre y soberana el ejercicio de nuestra noble profesión, como lo contemplan las leyes.
Si bien las manifestaciones están permitidas en nuestra Constitución, quienes las promueven y las alientan no tienen derecho alguno a que sean violentas y pre dispuestas a crear caos y destrucción en el país, como de hecho han venido ocurriendo.
Ha sido notable que grupos de desadaptados, incluso venidos de Colombia, se han incorporado a estas marchas y concentraciones solo para asesinar, quemar y destruir todo lo que esté a su alcance, como ha ocurrido con bienes públicos y privados, a lo largo de su paso por calles y avenidas.
En este sentido nos negamos aceptar, entonces, que sean precisamente los periodistas, los que están cumpliendo con su deber, los que tengan que “pagar los platos rotos”, pues es cierto y notorio que han sido atacados de manera injusta por quienes merecen ser calificados ciertamente de terroristas.
De nada sirve que de ahora en adelante los colegas periodistas andemos en la calle ataviados con cascos y escudos protectores buscando la noticia, pero además escoltados.
En todo caso y según nuestro criterio hay que sentar un precedente que permita alertar que todo aquel que agreda sin razón ni causa a un Comunicador Social debe ser de inmediato severamente penalizado, incluso, sin derecho a la defensa.
En una anterior entrega instamos precisamente a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a que actué de manera diligente y “sin corta pizas” en contra de los grupos violentos, que mantienen contra la “espada y la pared”, no solo al gobierno revolucionario, sino a todas las familias venezolanas.
Ha sido muy lamentable, como en el caso de México, ver las decenas de periodistas que han sido asesinados por grupos vinculados al narcotráfico, mientras el gobierno de Peña Nieto escurre el bulto y se dedica a criticar lo que ocurre en Venezuela.
Esta situación que vive el hermano país azteca no podemos permitir jamás que algo similar ocurra en Venezuela. Ya nuestro país, desgraciadamente, figura en las estadísticas debido a la muerte de un colega periodista, mientras protestaba. Otros han sido golpeados, ofendidos y maltratados, sin que hasta ahora pase nada.
El gobierno y los entes encargados de impartir justicia están llamados a enfrentar con diligencia y coraje a todos estos grupos violentos que solo desean llenar de sangre y dolor las calles de nuestro país, que desgraciadamente y en mal momento se debate entre la guerra y la paz.
Periodista*
