La Asamblea General de las Naciones Unidas vuelve a condenar, el 7 de noviembre de 2006, por decimoquinta vez consecutiva, las sanciones económicas inhumanas que Estados Unidos impone a Cuba desde el 6 de julio de 1960. Por su lado, Washington no deja de aumentar la presión sobre La Habana. Después de las medidas draconianas adoptadas el 6 de mayo de 2004 y el 10 de julio de 2006, la Casa Blanca prosigue su política irracional y cruel (1).

En efecto, el 10 de octubre de 2006, se creó un nuevo grupo destinado a reforzar las restricciones contra Cuba, con el objetivo de perseguir a las agencias de viajes, empresas y ciudadanos que quebrantaran la ley en vigor. El procurador federal del sur de Florida, Alexander Acosta, presentó la impresionante entidad nueva (Grupo de Trabajo para Reforzar las Sanciones contra Cuba, CSETF), integrada por varias agencias gubernamentales tales como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Interior, el Servicio de Rentas Internas (IRS), los servicios de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento de Comercio y los servicios de Guardacostas y de la Protección de Fronteras (CBP) (2).

Acosta indicó que el refuerzo de las sanciones contra Cuba era una de las prioridades políticas del país. “Queremos dejar bien claro que las agencias federales están alerta para asegurar que se cumplan las regulaciones relacionadas con Cuba”. En caso de violación probada, los infractores se arriesgan a condenas que pueden alcanzar 10 años de cárcel y 1 millón de dólares de multa (3).

Así, cualquier cubano de Estados Unidos que visitase a su madre enferma en Cuba sin conseguir el permiso de salida del territorio expedido por el Departamento de Tesoro, que pasara una temporada en la Isla de más de 14 días cada tres años, que gastara más de 50 dólares al día durante su estancia de 14 días, que mandase una ayuda económica a su primo, a su tía, o a su padre si éste es miembro del Partido Comunista, se arriesgaría a una condena de 10 años de cárcel y 1 millón de dólares de multa. Del mismo modo, cualquier turista estadounidense que pasara un fin de semana en La Habana sería susceptible de recibir las mismas sanciones (4).

El procurador del sur de Florida, desde luego, justificó estas medidas subrayando la importancia de “acelerar el proceso de transición en la Isla”. Desde 2004, los viajes entre Cuba y Estados Unidos bajaron en un 54%, según la OFAC. En 2005, las sanciones contra Cuba costaron 4.100 millones de dólares a la economía cubana, lo que hace un total de más de 86.000 millones de dólares desde 1960 (5).

Las sanciones económicas contra Cuba también tienen carácter extraterritorial y afectan a las empresas extranjeras. Así, todo producto que contenga un 10% de componente estadounidense no puede exportarse a Cuba. De la misma forma, todo producto que contenga un componente cubano no puede venderse en el mercado estadounidense. Por ejemplo, una empresa francesa de pastelería tiene que demostrar al Departamento del Tesoro que sus productos no contienen un solo gramo de azúcar cubana, antes de poder distribuirlos en el mercado estadounidense. Una empresa de automóviles japonesa también tiene que probar que sus coches no contienen un solo gramo de níquel cubano antes de poder acceder al mercado estadounidense.

La empresa japonesa Nikon estuvo en el centro de un escándalo que ilustra el alcance absurdo de las sanciones económicas. Raysel Sosa Rojas es un niño de 13 años que padece una hemofilia hereditaria incurable. Ganó el XV Concurso Internacional de Dibujo Infantil del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNMA). Durante la ceremonia que se celebró el 5 de junio de 2006, día del medio ambiente, en el Palacio de Naciones de Argel, el premio -una cámara fotográfica de la marca Nikon- no se le entregó. En efecto, después de las presiones estadounidenses, la multinacional nipona se negó a entregar el aparato numérico otorgado por las Naciones Unidas por miedo a represalias (5).

“Me dijeron que como era cubano, no podía recibirlo”, subrayó el joven enfermo, con tristeza. “Vi que todos los demás tenían un premio y yo no”, agregó. A pesar de la intervención de las autoridades argelinas, el presidente de la firma Nikon se mantuvo inflexible (7).

Jorge González, el profesor cubano que acompañó al pequeño Raysel, denunció “la aplicación extraterritorial de las leyes de un estado en otro, pues es Estados Unidos quien mantiene el bloqueo a Cuba, no Japón, por lo que la empresa Nikon se hace cómplice con este acto del atropello a que se somete a mi pueblo desde hace más de 45 años”. Agregó que “se castiga a un niño por algo que jamás podría comprender. Yo trataba de explicarle lo que estaba ocurriendo, pero él no podía entenderlo, ni yo tampoco (...). Se le estaba haciendo pagar un precio muy caro por el único delito de ser un niño de Cuba (...). No entendió nunca por qué existía una ley de Estados Unidos que le prohibía tener una cámara fotográfica” (8).

El caso del pequeño Raysel muestra las proporciones espantosas de la agresión económica contra Cuba, pero sólo constituye la punta del iceberg. El gobierno estadounidense acaba de colocar en su lista negra al banco holandés Netherland Caribbean Bank (NCB), una filial del grupo ING, a causa de sus relaciones comerciales con Cuba. Ahora la NCB no puede hacer negocios con ninguna empresa o ciudadano estadounidense. Las sanciones económicas contra Cuba no son en absoluto un asunto bilateral entre dos naciones (9).

En marzo de 2006, el Departamento de Tesoro prohibió a cerca de 100 científicos neurólogos y médicos estadounidenses que participaran a la 4ª Conferencia Internacional sobre Coma y Muerte que tenía lugar en La Habana. Según las autoridades, tal participación no era consecuente con la política exterior de Estados Unidos (10).

En septiembre de 2006, Estados Unidos negó una visa al Ministro cubano de Salud, José Ramón Balaguer. Este había sido invitado a participar en una reunión del Comité Directivo de la Organización Panamericana de Salud (OPS) del 25 al 29 de septiembre, pero no pudo asistir al evento a pesar de que Cuba es miembro fundador de dicha institución. Una vez más, Washington no respetó las obligaciones de los países que son sede de un organismo internacional (11).

Los ejemplos sobre los efectos perversos de las sanciones económicas podrían multiplicarse hasta el infinito. Ya es hora de que cese este ensañamiento sórdido y cruel contra la población cubana.

Notas:
1) Colin L. Powell, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington: United States Department of State, mayo de 2004). www.state.gov/documents/organization/32334.pdf (sitio consultado el 7 de mayo de 2004); Condoleezza Rice & Carlos Gutierrez, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington: United States Department of State, julio de 2006). www.cafc.gov/documents/organization/68166.pdf (sitio consultado el 12 de julio 2006).
2) Wilfredo Cancio Isla, «Crean grupo para reforzar embargo a Cuba», El Nuevo Herald, 11 de octubre de 2006; South Florida Business Journal, «U.S. to Step Up Cuba Sanction Enforcement», 10 de octubre de 2006; Jay Weaver, «New Task Force to Target Cuba ban Offenders», The Miami Herald, 11 de octubre de 2006.
3) Ibid.
4) Salim Lamrani, Cuba face á l’Empire (Genéve: Timéli, 2006), pp. 139-54.
5) Curt Anderson, «Fed Task Force to Enforce Cuba Sanctions», Associated Press, 10 de octubre de 2006.
6) Ana Aoki, «Interview de Jorge Jorge González», JijisPress, octubre de 2006.
7) Ibid.
8) Ibid.
9) Reuters, «ING Unit Put On US Blacklist For Cuba Business», 3 de octubre de 2006.
10) Kenneth Gross, «Construir el Puente de Michi», Cuba Debate, 28 de septiembre de 2006; Kenneth Gross, The Washington Times, 18 de septiembre de 2006.
11) Prensa Latina, «Cuba acusa a EEUU de obstruir cooperación médica», 26 de septiembre de 2006.

*El francés Salim Lamrani es investigador de la Universidad Denis-Diderot en París y está especializado en las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Colabora habitualmente en Rebelión. La traducción al español es suya y ha sido revisada por Caty R., de los colectivos de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística.