A 758 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en el transcurso de la semana 109 de esta contingencia, y siendo el martes santo 12 de abril de 2022, pese a encontrarnos en asueto, algunos no paramos en nuestras labores y aportes que debemos realizar.

Me preparo como ya lo he señalado en anteriores ediciones de esta columna, a mi retorno en la ciudad capital, por lo menos por más de un mes si la dinámica y circunstancias me lo permiten, pero en esta oportunidad quiero referirme a un evento sumamente grave ocurrido en la tarde de ayer en El Callao, municipio homónimo del estado Bolívar.

En el día de ayer, pudimos enterarnos de que pobladores de ese pueblo minero del sus del estado Bolívar se encontraban confinados desde horas del mediodía, en virtud de que grupos armados se apostaron y tomaron el centro de dicha localidad. De acuerdo a las informaciones, algunas que salieron a través de portales de noticias (mayoritariamente de derecha) señalaron que pobladores escucharon detonaciones o disparos, lo que generó preocupaciones de muchas y de muchos por encontrarse familiares en las calles del pueblo a esas horas y temiendo por sus vidas. Incluso algunos ya estimaban la ocurrencia de una acción de estas características que estaba anunciada desde hace días.

Para nadie es un secreto la situación de minería ilegal y la presencia de mafias y grupos estructurados de la delincuencia organizada en el sur del estado Bolívar. Este humilde servidor de ustedes y de otros analistas en su debida oportunidad, señalamos que la situación que se vive en el estado Bolívar configuraría una situación importante de seguridad de Estado y nacional. Vean como el tiempo nos fue dando la razón para algunos y algunas.

Es un problema complejo y con varias aristas. El Comandante Chávez lo tenía claro y estoy seguro que el propio presidente Maduro también. No sólo por su experiencia como canciller, como dirigente sindical que ha estado en múltiples oportunidades en este estado, sino que además en el año 2013 expulsó a funcionarios diplomáticos de EEUU que se encontraban de gira en este estado, al señalar que querían convertir este bello estado en el "Bengasi de Suramérica". Haciendo el símil a la población de Libia donde comenzó la intervención militar para posteriormente asesinar a su líder, Muammar Gadaffi en el año 2011.

Por ello, llama poderosamente la atención la ocurrencia de estos eventos, no solamente en estos días santos de asueto, sino a 4 días del vencimiento que ha dado el Fiscal de la Corte Penal Internacional de Justicia, Karim Kahn, para que el Estado venezolano le entregué el informe sobre la implicación de funcionarios venezolanos ante la posible comisión de delitos de lesa humanidad.

Pero, de igual manera, y basado en el memorando de entendimiento suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y esa Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado, y que consagró la misma el principio de complementariedad de la referida instancia internacional en juzgar a estos funcionarios que podrían estar implicados en esta clase de delitos transnacionales, y de realizar una investigación en el terreno, pues la instalación de una oficina de la Fiscalía de la CPI nada más y nada menos que en el edificio de Dos Pilitas que es la sede del Tribunal Supremo de Justicia en nuestro país.

Por ello, ya se puede comprender el por qué en estos días ha habido tantos ataques al proceso de designación de magistrados del TSJ que lleva a cabo el parlamento nacional, enmarcado dentro de la Constitución, de las leyes y de estos acuerdos internacionales firmados por el Estado venezolano con su legítimo Jefe de Estado, Nicolás Maduro, con el Fiscal de la CPI, Karim Kahn.

Es evidente que ante el desconocimiento de los preceptos del Estatuto de Roma para juzgar esos crímenes de lesa humanidad y del Memorando suscrito entre nuestro país y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como he señalado, la labor de algunas Oenegés obedezca más a una campaña de propaganda negativa contra el país, haciendo creer que la posibilidad de investigación "independiente" de la Fiscalía de la CPI en el país a raíz de contar con una oficina dentro del propio país, hará caer pronto al gobierno de Maduro ya que sería llevado a tribunales internacionales para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, es una manera de reeditar el expediente de Slodoban Milosevic en esa instancia. Todo ello estaría fuera del marco y del contexto normativo que he citado.

Pero no podemos tampoco obviar de buenas a primeras la gravedad del suceso de El Callao de ayer 11 de abril, cuando justamente se conmemoran los 20 años de la felonía contra Hugo Chávez; cuando en el municipio Caroní era no laborable por la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Chirica o de San Félix, y a cinco días (cuatro hoy) con el vencimiento del lapso y toda la propaganda y expectativas que buscan generar a propósito del tema de la CPI en Venezuela. Debemos estar alertas y con los ojos bien abiertos.

En contrario a esto, el Ministerio Público en la persona de su máximo titular, Tarek William Saab, a solicitado a las instancias judiciales correspondientes la libertad del compañero Rodney Álvarez. Caso del que nos referimos hace muchos años, pero ante la posibilidad de que éste salga libre, podríamos hacer un recuento del mismo.

Así que, pendiente y vista

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y patria socialista!