En ediciones anteriores analizamos un poco el tema del G20 y de la develación de los planes de la conspiración "No a la Navidad" por parte del fascismo criollo. El primero creemos que está agotado y el segundo en pleno desarrollo, por lo que pensamos que, de acuerdo a resultados que arrojan nuestras investigaciones, que debemos volver al tema de las ONG.

La ONG británica Amnistía Internacional es conocida en Venezuela, de hecho, es la única de las grandes ONGs internacionales que tiene sede formal en nuestro país. Su subsidiaria venezolana reprodujo una denuncia de su casa matriz en las redes sociales con respecto a la solicitud hecha por el CICPC al ciudadano Oscar Murillo, coordinador general de la ONG PROVEA para el día 20 de noviembre en su sede en Caracas. Esta citación es en relación con una investigación de un presunto delito de incitación al odio.

Esta denuncia hecha pública y repetida por medios como Aporrea se pide una acción urgente y se acusa al gobierno bolivariano y en particular el presidente Nicolas Maduro (Y a su régimen) de "acosar" al coordinador de PROVEA. La nota de dos párrafos y en ingles está dirigida al presidente Maduro directamente y Exige Urgentemente parar el acoso contra esta ONG y todos los activistas de derechos humanos para que estos puedan hacer su trabajo de una manera segura según Amnistía Internacional. Este reclamo de la ONGs está en dos partes, una en español la cual ensalza la historia de PROVEA y su contribución histórica a los derechos humanos en el país. Exige esta narrativa al gobierno bolivariano que garantice que los defensores de los derechos humanos puedan llevar sus labores de acuerdo con el derecho internacional. En la segunda reclama Amnistía Internacional que PROVEA ha trabajado muy duro para develar crímenes y delitos llevados a cabo por el gobierno del presidente Maduro, PROVEA alega que personeros del gobierno han estado instigando a la ONG debido a las denuncias hechas con respecto a la muerte del dirigente de Voluntad Popular Edwin Santos en el estado Táchira.

Los hechos claros son que hubo una citación para comparecer ante la policía científica CICPC al ciudadano Oscar Murillo con respecto al caso de la muerte en el estado Táchira del dirigente de Voluntad Popular Edwin Santos, Santos era activista político por este partido en el estado Apure. La prensa internacional (El Mundo, El País (España), France 24 (Francia), NTN24, El Espectador (Colombia) y los medios venezolanos La Patilla, Infobae, Efecto Cocuyo, VTV, El Universal y muchos más de inmediato reportaron la noticia, aquellos abiertamente opuestos al gobierno bolivariano reportaron el asesinato de este ciudadano por parte de las autoridades

venezolanas. No se habían concluido las investigaciones y estos medios extranjeros ya sabían que había sido un asesinato y no como lo reporto el CICPC un accidente donde Santos iba ebrio y en una motocicleta.

Análisis

Habían estado calladas por un tiempo las ONGs venezolanas y estos eventos parecen haberles dado la oportunidad de continuar el ataque y cobrar por esto. Es importante notar por donde vienen los tiros con esta acción, no es lo que reporta la ONG internacional, esta "Exigencia Urgente" tiene que ver con atacar al gobierno por la muerte de Edwin Santos en el estado Táchira y no por lo que ellos definen como acoso a PROVEA. Amnesty Internacional y PROVEA son los vehículos para seguir el trabajo asignado por el gobierno británico a través de la casa matriz de Amnesty Internacional en Londres, Reino Unido. Hay detalles importantes que se deben identificar de estos hechos y estos son:

· La trayectoria de Amnesty Internacional es larga y oscura, documentamos de nuevo aquí el presupuesto del año 2021 que alcanzó los 481 millones de dólares. Es importante notar como lo reporto el portal Molfar que llevo a cabo una investigación detallada de esta ONG, los fondos recabados no son asignados a proyectos sino utilizados como una caja chica y se dirigen donde los directivos crean, en el 2011 Amnesty International pago salarios a su secretaria general Irene Khan y su asistente (Kate Gilmore) por un valor de
1.3 millones de dólares, sin embargo sus activistas son voluntarios y trabajan sin paga, que ironía.

· Amnesty Internacional ha sido reportada por corrupción y falta de rigor investigativo en sus reportes por lo menos en 20 países, desde el Congo, China, Israel, Ucrania y muchos otros. Su cultura de empleo ha sido tan desastrosa que recientemente ha llevado a al menos 3 de sus empleados al suicidio.

· Una ONG que recaba 481 millones de dólares anuales de fuentes que dice no ser gubernamentales no es una organización humanitaria, es un gran negocio muy similar a este de Human Rights Watch y otras de estas grandes mal llamadas defensoras de los derechos humanos, su función es netamente política solapada bajo la imagen de luchar por los derechos humanos.

· Esta inusitada "exigencia" hecha al presidente Maduro tiene otros objetivos y no es la protección del activista Oscar Murillo. No lo es porque lo que el CICPC ha hecho es citarlo por comentarios hechos con respecto a el caso de la muerte de Edwin Santos. Es decir, no hay delito en la citación, es una investigación en proceso que cita a un ciudadano que parece por sus declaraciones tener información que pudiera contribuir a la resolución del caso.

· PROVEA y Murillo alegan según lo declararon a el portal Efecto Cocuyo que el gobierno no puede citar a un ciudadano que lo que está haciendo es ayudando a la familia del fallecido, esto indica la presunción de PROVEA de que están por encima de las leyes venezolanas.

· Las mal llamadas amenazas y acoso supuestamente por parte de personeros del gobierno bolivariano no están documentadas, también hay que decir que Amnesty Internacional y PROVEA trabajan para contribuir a el cambio de régimen propuesto por los gringos, los británicos y la oposición terrorista venezolana. Esto es público y notorio desde hace mucho tiempo, porque Amnesty Internacional ataca al gobierno a través de PROVEA es interesante.

· Como se puede apreciar la presentación de Murillo en las oficinas del CICPC fueron muy bien montadas con pancartas y gente denunciando y dándole apoyo a este activista que fue por una citación y no fue detenido o acusado. ¿Quién paga las pancartas y la movilización de esta gente es la pregunta?

· Este evento promovido desde el extranjero hay que analizarlo en el contexto geopolítico. Hay dos casos actualmente promovidos por los supuestos defensores de los derechos humanos, este de la muerte del activista de Voluntad Popular Edwin Santos y el caso de los 2400 detenidos por la destrucción y los muertos ocurridos durante y después de las elecciones del 28 de Julio de este año, estos como lo vemos en la prensa tienen resonancia a nivel internacional, PROVEA y el FORO PENAL hacen el trabajo asignado en estos dos casos.

· La publicación en el portal de Aporrea de la nota de Amnesty International en redes sociales es hecha en el idioma inglés. Porque publicaría esta ONG una nota en inglés para su audiencia venezolana no se entiende a menos que no fuéramos nosotros los ciudadanos venezolanos el objetivo sino la comunidad internacional.

· El abogado Himiob representante del FORO PENAL declaro que estaba sorprendido y se preguntaba porque no se habían excarcelado las 2400 personas detenidas sino solo 200. Estas declaraciones son inexplicables viniendo de un abogado que debería saber que hubo 27 muertos después de las elecciones y que hay evidencias con respecto a las personas que causaron los desastres y asesinaron a estos 27 venezolanos.

· En este contexto podemos entonces entender que el objetivo es continuar a presentar al gobierno bolivariano como un violador de los derechos humanos, esto se hace a través de las ONGs locales (Los mecanismos vasallos) como PROVEA y el FORO PENAL que sin que haya un delito desarrollen una oportunidad mediática que también pretende desvirtuar los órganos de seguridad del estado y sus procesos.

Pareciera entonces que se están empezando a activar los mecanismos locales (ONGs) explotando eventos y desgracias como la muerte del ciudadano Santos pero que al mismo tiempo estas organizaciones utilizan para continuar los ataques contra el gobierno bolivariano. Esta "Exigencia Urgente" contra el presidente Maduro pretende continuar a minar ante los que pagan las facturas en el exterior como la británica Amnesty International la reputación del presidente, el gobierno bolivariano y sus instituciones ante los países extranjeros. Se ven los vínculos entre los que pagan la música y los que la tienen que bailar (PROVEA y el FORO PENAL en este caso), estamos atentos con estas acciones.