Sabía que la lucha política enceguece, aunque nunca me imaginé en qué magnitud y de qué manera. Esta última década es mucho lo que nos ha enseñado en ésta y varias otras materias. Se trata de una experiencia muy rica en la variedad de las situaciones que se presentan, en las acciones asumidas por los sectores enfrentados, en las respuestas dadas por los distintos grupos en pugna, en las discusiones y enfrentamientos, en el despertar de las contradicciones existentes en la sociedad y en la capacidad de explicar los fenómenos que se producen, para poder predecir, con cierto grado de aproximación, los diversos desenlaces posibles.
Pero esas luchas productos de la actividad política humana, consecuencias de las contradicciones existentes, también influyen en quienes las desarrollan y se transforman en causas de otros conflictos y procesos, en una suerte de espiral que se complica y se profundiza cada vez más, llevando muchas veces a los sectores enfrentados, a perder el control de los acontecimientos y a ser manejados por las mismas fuerzas que inicialmente desencadenaron y que estaban originariamente bajo el control de su voluntad. Esto sobre todo ocurre en los momentos de crisis, cuando las contradicciones han alcanzado su máxima intensidad y se acerca el ansiado desenlace.
Se transforman, en esos casos, los hombres en marionetas políticas, movidas por fuerzas originariamente bajo su control, pero más tarde desatadas como huracán independiente. Cesan, en esos momentos, la cordura, la meditación, el análisis, la sensatez, para dar paso a las emociones, la actitud irreflexiva, la sinrazón, las visceralidades más primitivas. Todo ello con sus terribles consecuencias para los sectores enfrentados y para la sociedad toda, que por momentos pierde el seguimiento que tenía de los procesos.
Una de estas situaciones las encontramos en la decisión del Consejo Universitario de la ULA de realizar una graduación a domicilio en el caso del prófugo de la justicia venezolana, Nixon Moreno, quien ha sido albergado en la Nunciatura Apostólica, amparado por la Jerarquía Eclesiástica de una medida de detención tribunalicia. Nixon exaltado como perseguido político, cuando las acciones de que se le acusa constituyen delitos comunes, entre ellas disparar contra un agente policial y desnudar e intentar violar a una funcionaria policial, mediante la utilización de un madero, que afortunadamente no alcanzó a tener a tiempo para cometer esta horrenda fechoría.
Pero es que las acciones de calle de Nixon Moreno y el Movimiento 13 no se iniciaron contra el gobierno del presidente Chávez. Ya desde mucho antes le había demostrado con creces a la comunidad universitaria de la ULA y a los merideños en general sus inclinaciones terroristas y su capacidad para subvertir el orden ciudadano e institucional. Sus compañeros de estudios fueron víctimas de sus desmanes y de sus agresiones sin límites. Profesional de la violencia ha debido ser el grado otorgado, para el cual se le ha podido acreditar su experiencia de años en este campo de actividades, y no otorgarle el de politólogo, que involucraba cursar varias asignaturas pendientes y realizar unas pasantías que no se entiende como las pudo efectuar sin salir de la Nunciatura.
Pero como Nixon Moreno es activista opositor del Gobierno, la Jerarquía Eclesiástica, también opositora, lo protege sin importarle los delitos cometidos. Y el Consejo Universitario de la ULA hace otro tanto, olvidándose sus integrantes de consideraciones éticas y morales, saltándose cuestiones académicas fundamentales y prestándose para un espectáculo politiquero de muy baja clase. En el caso del Rector priva, además, su interés en obtener todos los apoyos posibles para ser gobernador del estado Mérida, y con esta “consecuente” acción ya debe tener el apoyo del movimiento 13, al cual, seguramente, le entregará el control de la policía del estado de triunfar en las elecciones venideras.
Este trato especial a Nixon Moreno se complementó con el financiamiento del viaje a Caracas de 120 de sus cómplices (viáticos: Bs. 12 millones) en autobuses de la ULA, gastos totalmente improcedentes que deben ser investigados por la Contraloría General de la República.
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