El Presidente Uribe -como fiel exponente que es de la oligarquía satanderiana- en los días que siguieron a la acción traicionera, guerrerista y desestabilizadora de la región que fue la masacre de los guerrilleros de la FARC en suelo ecuatoriano, ordenada y dirigida por él, exhibió un caradurismo obsceno e inmoral que pareciera no tener límites, en su afán de convertir a Colombia en la cabeza de playa de la política imperial en América Latina y el Caribe, mediante la construcción de matrices de opinión basadas en grandes mentiras y medias verdades, para lo cual cuenta con la poderosa maquinaria mediática de las grandes cadenas de la desinformación, como CNN, al servicio de esos mismos intereses. Su amenaza de acudir ante el Tribunal de la La Haya para denunciar al Presidente Hugo Chávez como “genocida” o “criminal de lesa humanidad” en grado de cooperación, constituyó un osado desparpajo que sin duda pasará a la historia del desarrollo de la guerra de IV generación que se libra en el mundo de hoy. Esta conducta se parece bastante a la asumida por los golpistas del 11A, típica del cinismo que caracteriza al Departamento de Estado Yanqui, que luego de haber promovido y ejecutado una masacre en el puente “Yaguno” y en los alrededores del Palacio de Miraflores para justificar el golpe de estado, culparon al Presidente Chávez de ese horrible crimen perpetrado por francotiradores y policías metropolitanos al servicio de ellos mismos.
Es el viejo truco del ladrón que para despistar y evitar la persecución de la policía sale corriendo y gritando ¡ahí va el ladrón! ¡Agarren al ladrón! Ciertamente, mientras el Presidente Hugo Chávez ha tenido una conducta coherente promoviendo la paz en Colombia, sirviendo de mediador con la FARC -atendiendo la solicitud del Presidente Uribe y de la Senadora Piedad Córdoba designada por él a esos fines- para impulsar un intercambio humanitario transparente con el apoyo de la Cruz Roja y la observación de países amigos, como primer paso para crear las condiciones que permitieran, a través de una negociación política civilizada, contribuir a desmontar la guerra civil que por más de 60 años ha sufrido el hermano pueblo colombiano. El Presidente Uribe ha hecho todo lo contrario, al sentirse guapo y apoyado por el imperio, se ha empeñado en obtener una derrota militar sobre las FARC a cualquier costo, antes que buscar un acuerdo político siguiendo el derrotero de conflictos similares en Centroamérica, para ahorrarle mayores sufrimientos al pueblo colombiano.
Obviamente, ese rol de mediador asumido por el Presidente Chávez hacía necesario establecer los puentes bilaterales adecuados con la Casa de Nariño y con el Secretariado de la FARC y eso fue lo que él hizo, con la vehemencia y el ardor que lo caracteriza, sin escatimar esfuerzos para lograr la paz. Su participación responde sin duda a un gesto humanitario y solidario, pero también, a razones geopolíticas, porque la paz en Colombia equivale a garantizar la seguridad y la paz en Venezuela y en la región y, más allá de esas motivaciones, porque en definitiva, esa acción mediadora se inscribe en un esfuerzo estratégico por lograr que Colombia se integre definitivamente al gran proyecto de la Unión Suramericana inspirado en la doctrina unionista bolivariana. No se trata de una acción epiléptica o aislada del gobierno nacional, sino de una política de estado puesta en marcha desde el mismo momento en que el Presidente Hugo Chávez se instaló en Miraflores, de lo cual mencionaré dos evidencias rutilantes. La primera fue la legalización de aproximadamente 4 millones de colombianos indocumentados que vinieron a nuestro país, la mayoría de ellos como desplazados y refugiados como secuela del conflicto armado y de la situación de violencia y muerte impuesta por el paramilitarismo y el narcotráfico que ha impregnado toda la sociedad colombiana. La segunda, es el fomento de la cooperación económica bilateral entre los dos países, a pesar del empeño de Colombia de destruir la CAN con la firma del TLC con USA, muestra de ello es el desarrollo del proyecto binacional del gasoducto transcaribeño financiado en su totalidad por Venezuela y la aceleración del crecimiento del intercambio comercial.
Uribe y su corte de aguiluchos cobijándose bajo el ala del águila imperial por el contrario, haciendo malabarismos y cabriolas retóricas había venido disimulando su perfil guerrerista -por haber hecho de la guerra, la violencia y la muerte su modus vivendi y operandi- colocándose el disfraz de la política de la “seguridad democrática” que es como bautizó eufemísticamente al “Plan Colombia”, diseñado por Washington para hacerle contrapeso y desestabilizar a los gobiernos populares -que han emergido en la región en primera década del siglo- en el marco de su política de imposición del modelo de dominación neoliberal (ALCA) y de su estrategia para garantizarse el control de los recursos naturales y energéticos, particularmente del petróleo, el agua y la biodiversidad.
Al margen de los señalamientos certeros realizados por acreditados expertos en derecho internacional, en el supuesto -ahora negado en el marco de los acuerdos alcanzados para preservar la paz en la región- de una denuncia del Presidente Chávez ante el Tribunal Penal Internacional presentada por el Presidente Uribe -acusándolo del delito de genocidio o de lesa humanidad- es jurídicamente improcedente y, habidas cuenta de los presuntos nexos históricos del jefe del gobierno colombiano con el paramilitarismo y el narcotráfico, quizás a éste último le habría salido el “tiro por la culata” o para ser más preciso, corría el riesgo que el “cazador resultara cazado”.
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