“Desde hace 60 años, estamos comprometidos en GMV con Venezuela y su gente; es nuestra tarea fundamental pensar en la organización como un gran equipo humano, que tiene derecho a ejercer sus funciones para contribuir con el bienestar del país; de la empresa, de sus familias y de sí mismos”. (El Nacional, Pág. 1-21, domingo 17 Agosto 2008)
Cuentan algunos viejos obreros que durante el primer gobierno de Caldera la General Motors tenía su planta de ensamblaje en La Yaguara, Caracas, rodeada de altas cercas electrificadas y torres de vigilancia con reflectores para defenderse de eventuales ataques de la guerrilla. Un obrero rebelde, detenido por la seguridad de la compañía y la Guardia Nacional, fue encarcelado y torturado durante días en un calabozo de la empresa, antes de ser entregado a la DIGEPOL, la infame policía política de entonces. Cuando finalmente recuperó su libertad, el trabajador llevó su caso al Ministerio del Trabajo cuyo titular, Tarre Murzi, ordenó una inspección de las instalaciones. A los inspectores del Ministerio se les negó la entrada, argumentando que General Motors era una empresa norteamericana donde no ellos no tenían jurisdicción. El Ministro, indignado, convocó una rueda de prensa a la cual, extrañamente, no asistió nadie. Cuando una segunda convocatoria fue igualmente boicoteada por los medios oficiales y privados, Tarre Murzi expuso el bochornoso caso al Presidente Caldera quien, fiel a sus “principios”…destituyó al Ministro.
¿Mitología izquierdista? Este caso está registrado y documentado en la tesis de grado de Comunicación Social (UCV) “La responsabilidad Penal del Periodista” de la Lic. Rosa Elena Casañas, excelente profesional que dista mucho de ser chavista. Y no es el único abuso cometido por las transnacionales en Venezuela con la repugnante complicidad de los gobiernos lacayos de la Cuarta República.
Hoy General Motors de Venezuela atraviesa un agudo conflicto laboral y es natural que las partes defiendan sus intereses. Pero indigna y repugna que esa empresa se sirva de los medios privados, siempre atentos y complacientes con el imperialismo y la oligarquía, para hacerse pasar por víctimas de la violencia y hacernos creer que están “comprometidos con Venezuela y su gente”. Paguen lo que tengan que pagar y olvídense del tango. Quítense la máscara filantrópica y compórtense como empresarios serios en un país serio. En la Venezuela Bolivariana llamamos las cosas por su nombre y la seguridad jurídica es para todos. Si no les gusta, váyanse a Colombia cuya “seguridad jurídica” es para los patrones y les permite asesinar obreros y sindicalistas.
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