El pasado jueves 18 de marzo, el Ministerio Publico, representado, entre otros, por la Fiscala 11, con competencia nacional, Dra. Katiuska Plaza, ante un Juez de Control del Estado Zulia, introdujo escrito acusatorio, en contra del Ex-Gobernador del Estado Zulia y actual Alcalde de Maracaibo, Educador Manuel Rosales Guerrero, por el delito de Enriquecimiento Ilícito, previsto y sancionado en el articulo 73 de la Ley Anti-Corrupción.
Es conveniente aclarar, al amigo lector, que en este tipo de delito funciona una figura que en doctrina se denomina “Incremento Patrimonial No Justificado”, esto quiere decir, que toda persona, debe poseer sus bienes en base a trabajo o riqueza generada lícitamente, nadie puede ostentar bienes que no estén respaldados por una causa justificada (Por ejemplo, tiene un trabajo que es bien remunerado, administra un negocio bastante lucrativo, hizo una operación comercial licita que le dejó una opípara ganancia, era hijo de millonario y al morirse su papa le dejo una buena fortuna, se gano el premio gordo de la lotería, etc.), y cuando esto ocurre, y la persona es funcionario público sea de carrera o de libre nombramiento y remoción o de elección popular (En otros países, no solo el funcionario, sino el ciudadano común, cuestión que es correcta), inmediatamente “debería” ser investigado por ese incremento patrimonial no justificado.
Ahora bien, en este tipo de delito, de enriquecimiento ilícito, sustentado en la figura del incremento no justificado del patrimonio, procesalmente hablando, opera otro principio que es la inversión de la carga de la prueba; esto traduce, lo siguiente: En materia penal, en los juicios, al Estado, representado por la Fiscalía del Ministerio Publico, le corresponde demostrar, con pruebas que una persona cometió un delito para ser condenada; en el caso del delito de enriquecimiento sin causa o ilícito, es al revés, es al imputado o acusado, a quien le corresponde probar que ese patrimonio que ostenta, lo adquirió de una manera licita y justificada. Este es el delito más fácil de imputar, y en donde el estado tiene que hacer el menor esfuerzo probatorio posible en un tribunal, puesto que la carga de probar, el gasto o el “esfuercito” procesal, le corresponde al acusado, aquí “lo difícil” seria el detectarle los bienes al funcionario corrupto, pero una vez detectados estos y hecha la comparación matemática (Sencilla y no de alta matemática), entre esos bienes detectados y las entradas y ver que no cuadra o que existe un notorio incremento injustificado patrimonial, acusar es “pan comido”.
Por lo anterior, es que no entendemos porque la Fiscalía del Ministerio Publica, fue tan lerda, en imputar a Manuel Rosales unos hechos que ya estaban suficientemente investigados por la Contraloría General de República y hasta por la Asamblea Nacional, con suficiente amplitud, en el caso de la Contraloría desde el 2007 y de la Asamblea desde mediados del año pasado, tuvo esta que sacar un informe-conclusivo, para presionar a la Fiscalía y esta pudiese actuar, repito, lerdamente.
Dentro de los bienes detectados a Manuel Rosales están unas casas en Miami, unas fincas en el Sur del Lago y una casa en Maracaibo, cada uno de estos bienes superan ampliamente, la suma de todos los sueldos ganados por el burgomaestre de nuestra segunda ciudad y Ex-Gobernador del Zulia, desde que era maestro en El Vigía hasta el de la quincena pasada como Alcalde, por segunda vez de Maracaibo, por otro lado no ha recibido herencia millonaria, ni ha generado fortuna en negocios lícitos ni se ha pegado un loto acumulado. Por ello, corresponde a Manuel Rosales, probar ante el tribunal penal, el origen o la justificación de esos bienes; esa es la tarea de Rosales, eso es lo que tiene que hacer.
MANUEL ROSALES PARA DEFENDERSE PENALMENTE ATACA POLITICAMENTE
La verdad es que este sujeto de Manuel Rosales, nunca pensó que se le sometería a un juicio penal; confió en que Chávez “ya se iba” y en la complacencia del sistema de justicia penal (Policías, Fiscalías y Tribunales), que no han logrado meterlo preso por un delito que es peor como el de traición a la patria y subversión, como lo fue actuar bajo instrucciones de potencia extranjera (USA) y derrocar un gobierno legítimamente constituido y secuestrar con fines de asesinar a su Presidente el 11 y 12 de abril del 2002; y por ello busca repetir la misma táctica (exitosa) de la derecha, que la eximió del castigo por el golpe, de recurrir a los grandes medios de comunicación difamando y deslegitimando tanto al Estado de Derecho bolivariano (El emergido de la constitución del 99), como las actuaciones de los órganos penales competentes, al ponerlos como títeres de Miraflores, el darle un matíz político a la administración de justicia y desprestigiar de una forma delictual al gobierno y a la figura de la presidencia de la República.
Ahora, lo peor de todo, es que todas estas tácticas difamatorias mediáticas y claramente subversivas, ya que desconocen un estado de derecho establecido, las hace la derecha fascista, en las narices del Ministerio Público, quien no solo no se hacen respetar sino algo peor, hacen que no se respeten las instituciones y así pierde fuerza la soberanía del estado venezolano por culpa de su incapacidad e incompetencia; esta es la causa de que la gente, independientemente que si están infiltrados por el narcoparamilitarismo santo-uribista y la CIA, vea con buenos ojos, acciones de gente como “La Piedrita” y traten de emularlos, aunque con La Piedrita, si actúa el Ministerio Público “con todo el peso de la ley”, porque solo sabe combatir a delitos y delincuentes del sector de la pobrecía y sufre de atrofia en el combate a delincuentes y delitos de cuello blanco.
Rosales debe defenderse penalmente y no andar politiqueando, atacando y culpando al gobierno de sus actos ilícitos. Tiene que explicar muy detalladamente, de donde adquirió los cobres para comprar fincas A-1, en el lomito ganadero del país, como es el sur del lago, mansiones en Miami y quintotas en Maracaibo, siendo que era un maestro de escuela sin bienes de fortuna.
franciscosierracorrales@yahoo.com.ar
