Un grupo de familias Yukpa ha venido desde las comunidades de Chaktapa y Guamopanocha, en la sierra de Perijá, Edo.Zulia, hasta el máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, a pedir que sentencie el Amparo Constitucional que les devolvería, por primera vez desde los tiempos de la conquista, el derecho a regirse por sus códigos ancestrales de justicia yukpa, en orden a dirimir los conflictos habidos entre comunidades yukpa, en territorio ancestral yukpa.

El 13 de octubre de 2009 se suscitó un conflicto en las comunidades mencionadas. Como resultado de éste dos personas fallecieron y tres fueron heridas. Tras los procedimientos judiciales ordinarios quedaron inculpados y detenidos los caciques de ambas comunidades, Sabino Romero y Olegario Romero respectivamente, y Alexander Fernández. El primero de los antes mencionados, Sabino Romero, cacique de la comunidad de Chaktapa, es la voz más reconocida en la lucha de los pueblos Yukpa contra los ganaderos terrófagos y por el derecho a la recuperación de su territorio ancestral.

Aquí está el nudo de la litis, como dicen los abogados, o el meollo de la cuestión, como todos debemos entender: El Amparo Constitucional significaría  el reconocimiento del pueblo Yukpa, de un territorio Yukpa , de una cultura y un código de Justicia Yukpa, al interior de la República Bolivariana de Venezuela. Todo de acuerdo al espíritu y la letra del Art. 260 de la Constitución Nacional Bolivariana que reza: “ Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”

El título VII de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, sancionada en diciembre de 2005, referido a la Administración de Justicia en el Capitulo 1: De la Jurisdicción Especial Indígena, artículos 130 y siguientes define con precisión estos derechos constitucionales.

La razón por la que creo que es una vergüenza la ausencia de todo el Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) a las puertas del TSJ, es porque nadie puede ignorar el carácter de precedente histórico de la decisión que el TSJ tiene en sus manos.

Se trataría del primer reconocimiento efectivo, práctico, por parte del Estado venezolano, de que los pueblos indígenas no sólo están, sino que también son: son historia, son cultura, son prácticas, son experiencia.

Si el TSJ declara con lugar el Amparo Constitucional, la Republica Bolivariana de Venezuela estaría iniciando el camino del reconocimiento de su propio tejido interior, el reconocimiento de los pueblos Yukpa es el reconocimiento de todos los pueblos indígenas que habitan en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se estarían sentando las bases para una sociedad venezolana en la que la cultura occidental de la mayoría de la población  no aplaste las culturas propias de pueblos diferentes que habitan en el espacio territorial de la República. Se estaría comenzando a asumir la profunda complejidad que implica la tarea de reparar la deuda histórica con los pueblos que fueron despojados no sólo de su territorio sino algo peor, de su memoria. Si el TSJ declara con lugar el Amparo Constitucional, el delicado proceso de entendimientos que está implicado en la tarea de demarcación territorial indígena tendría un impulso. Si el TSJ declara con lugar el Amparo Constitucional la Constitución Nacional Bolivariana se reivindicaría en su papel de adalid y guardián de los Derechos Humanos. Pero si el TSJ declara sin lugar el Amparo Constitucional se estaría enviando el mensaje que los ganaderos terrófagos quieren escuchar: indio no es gente.

Aquí es donde el problema deja de ser de este pueblo indígena específico, los yukpas, para pasar a ser un problema de todas y todos. La sentencia que el TSJ tiene en sus manos pesa sobre todos y no solamente sobre las comunidades de Chaktapa y Guamopanocha. 

Para saber hasta qué punto esto es verdad, imaginemos lo que todos nosotros vamos a pensar de la solidez, de la validez, de la vigencia  de la Constitución Nacional Bolivariana si el TSJ declara sin lugar el Amparo Constitucional.

La disyuntiva Yukpa  es ésa.

 Venezuela se divide entre quienes creemos que hubo un conflicto en las comunidades yukpas de Chaktapa y Guamopanocha que debe ser procesado y dirimido por la comunidad Yukpa, de acuerdo a las prácticas y al sentido de Justicia de la comunidad Yukpa, tal y como lo prevén la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y lo están exigiendo ambas comunidades,  y quienes creen que unos indios borrachos se cayeron a tiros por los lados de la hacienda Tizina y la hacienda Brasil y que lo que hay que hacer es meterlos presos.

El TSJ tiene la palabra.