Uno de las patologías más dañinas del último auge rentístico fue la prolongada sobrevaluación de la tasa de cambio. El dólar abundante y barato estimuló toda clase de importaciones, expropiaciones y estatizaciones que barrieron con el aparato productivo interno. La descapitalización y desindustrialización desembocaron en un severo proceso de reprimarización de la economía que la hizo muy vulnerable del comportamiento errático de los precios del petróleo.

Además de la urgente estabilización macroeconómica se requiere una profunda reforma estructural para diversificar la economía. Esto implica armonizar la política macroeconómica con las políticas agrícola, industrial, comercial y tecnológica.Para construir el apoyo social y político a las medidas necesarias para estabilizar la economía, lo primero que hay que aplicar es un Programa de Emergencia enfocado en asegurar el abastecimiento suficiente y oportuno de alimentos y medicinas en el corto plazo. Una vez estabilizada la economía, toca aplicar las medidas para reconstruir el aparato productivo y fortalecer sus capacidades tecnológicas e innovativas. Este es un proceso que lleva tiempo y solo es posible a través de un plan bien pensado, con medidas pertinentes, aplicadas en la secuencia lógica y al ritmo adecuado. No se trata de un programa de shock donde todas las medidas se aplican de golpe y porrazo.

El Programa de Estabilización Económica debe reestablecer el funcionamiento de los mecanismos del mercado en la formación de los precios. Los rígidos controles no impidieron que Venezuela sufra la inflación más alta del mundo. El control de cambios tampoco evitó la fuga de capitales, la caída de las reservas internacionales ni la pulverización del bolívar.

Las expropiaciones aceleraron la caída de la producción y agravaron la escasez.

Estos desincentivos se expresan en la contracción del PIB y la caída de la recaudación fiscal.El financiamiento monetario del déficit fiscal ha desquiciado el comportamiento de los precios. Pero al unificar el régimen cambiario y sincerar el precio de la gasolina se corrigen 2/3 del déficit fiscal. Si se reactiva el cobro de peajes, se racionaliza el arancel de aduanas y se ajustan las tarifas de servicios públicos, el déficit fiscal se reduce a niveles manejables.

Para compensar el impacto de estas medidas sobre los ingresos, los ineficientes subsidios a los productos y al productor deben ser sustituidos por subsidios directos en dinero a los hogares pobres y así puedan adquirir los bienes y servicios a precios que a su vez permitan recuperar los costos y asegurar una ganancia razonable. Esto coadyuvará a levantar el control de cambios, liberar los precios y ejecutar una política de promoción de inversiones y estímulo a la competencia para generar una abundante oferta que compita en calidad y precios.

Como la formación de precios se hace con base en el dólar paralelo, la unificación cambiaria no tendrá mayor impacto inflacionario y la desaceleración de los precios se logrará al reactivar la producción y mantener bajo control el déficit fiscal. Abatir la inflación implica coordinar la política macroeconómica con las políticas sectoriales para reactivar la agricultura e industria, cerrar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo. Esto pasa por reestablecer la autonomía del BCV en la emisión de dinero y en el manejo de las reservas internacionales.

La política monetaria y financiera se debe manejar con prudencia y sensatez. Si se liberan las tasas de interés antes de que la inflación haya sido abatida, como las tasas de interés persiguen la inflación, los altos costos financieros harían inviable la reactivación agrícola e industrial. Por si fuera poco, debido a la pesada carga de la deuda pública interna, liberar las tasas de interés sentenciaría la inviabilidad fiscal del Programa de Ajuste. Por lo tanto, en la secuencia lógica primero habría que corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento monetario y abatir la inflación para que luego sea viable la liberalización de los mercados financieros.

La actividad económica responde a incentivos, no al hostigamiento que sufre a través de rígidos controles, multas y penas de cárcel. Las empresas invierten siempre y cuando puedan vender a un precio que les permita recuperar los costos de producción y obtener una ganancia razonable. Al sustituir la política de controles, multas y penalizaciones que ahorcan al productor por una nueva política de incentivos basada en el respeto a los derechos de propiedad, la devolución de las empresas expropiadasy la liberalización de los mercados, se enviará una señal clave para estimular un creciente flujo de inversión nacional y extranjera que ayude a reactivar la producción.

Una vez más quedó claro que los períodos de bonanza petrolera que desatan la arrogancia de los gobernantes de turno no son eternos y no pueden sostener de manera indefinida a los gobiernos interventores y controladores que originan. Con el colapso de los precios del petróleo al intervencionismo estatal le toca hacerse a un lado para poder crear un ambiente que estimule la inversión, reactivar la producción y superar los problemas de escasez e inflación que atormentan a la población. La Reforma Estructural de la economía pasa, entonces, por transformar al Estado empresario en un Estado promotor. Las empresas que no puedan mantener sus operaciones sin los créditos adicionales del gobierno deben ser reconvertidas para fortalecer sus capacidades productivas y tecnológicas. Con este fin hay que incentivar la inversión privada a través de un nuevo marco legal e institucional que garantice los derechos de propiedad y la imparcialidad de la justicia, promueva la competencia, impida el abuso de las posiciones de dominio, las prácticas desleales de comercio, el dumping y los subsidios.

Finalmente, la reforma laboral también tendrá que esperar a la reactivación y reconversión de la economía. De lo contrario, la conflictividad sindical abortará el ajuste económico y la reforma estructural. Solo con un aparato productivo en crecimiento se generarán nuevas y mejores oportunidades de empleo en el sector privado. La generación de empleo productivo ayudará a desburocratizar la población económicamente activa y a aliviar sin traumas la nómina de las empresas públicas. Así, éstas podrán iniciar un proceso de desestatización y privatización con participación accionaria de los trabajadores y de nuevos inversionistas.