Para nadie es un secreto que los decretos presidenciales de ajuste salarial no representan una solución a la grave crisis económica que padece el país. Hemos presenciado con notoria preocupación y absoluta perplejidad durante largos años, como esas acciones se traducen en sorprendentes aumentos generalizados de los precios de bienes y servicios.
En ese sentido, se hace preciso mencionar que el aumento de sueldos y salarios solo encuentra justificación, cuando el mismo incrementa el poder adquisitivo de dichos ingresos en los trabajadores, de lo contrario pierde su esencia. Cuestión que explica el precario y desolado panorama que padecen los trabajadores del país ante los índices hiperinflacionarios en que vivimos, impulsados al alza recurrentemente por los aumentos salariales vía decreto.
Para entender en su contexto lo que se intenta explicar, primeramente se debe conocer la forma común en que las empresas determinan los precios de sus productos. Para ello, lo primero que se debe saber, es que para producir un bien, se hacen necesarios algunos elementos fundamentales que le den forma a una estructura de costos, tal como la mano de obra (personas que trabajen) e insumos (materiales directos del producto), además de agregar materiales indirectos y sueldos indirectos, es decir los costos indirectos de fabricación en que se incurren para producir.
Ahora bien, para determinar el precio unitario del producto se suman los tres elementos mencionados anteriormente y se calcula el costo promedio. Una vez determinado el costo por unidad o costo promedio, al mismo se le agrega un margen de utilidad que remunere el capital, de modo que al verse afectado alguno de los elementos del costo en términos de aumento, el precio final también se incrementará.
Realizando el proceso descrito, nos resultaría una muestra evidente que justifica el aumento de los precios generales de los productos. En consecuencia los aumentos compulsivos vía decreto presidencial implican un mayor costo laboral, incluyendo el aumento de los otros factores de producción, en el que se encuentran los proveedores, quienes también deben pagar aumentos de salarios, y sus costos de igual manera se ven incrementados, a nivel de los insumos que adquieren y servicios que cancelan, lo que termina afectando toda la estructura de costos de las empresas.
A esto debemos sumarle que en nuestra economía hiperinflacionaria, una estrategia empresarial suele ser la utilización de costos esperados de reposición, esto significa que el precio de los productos del día de hoy se forman con las expectativas de aumento en los precios futuros. Es decir, las empresas saben que a futuro van a tener que afrontar costos mayores y que crecen cada vez con mayor fuerza, por lo que tendrá que ir ajustando sus precios anticipadamente, ya que de no hacerlo, se estaría condenando a la quiebra.
Lo anteriormente descrito explica como los aumentos salariales forzosos vía decreto presidencial, y las expectativas que este genera, obligan al incremento de las estructuras de costos y que imprescindiblemente deben ser transferidos a los precios. Entonces al tratar de mitigar los efectos hiperinflacionarios que destruye el poder adquisitivo, a través de este mecanismo de aumentos insostenibles de salarios, dicha medida causa un efecto inverso, agrava mucho más la situación, acelerando más inflación.
La solución de este problema, es evidente que no pasa por los sucesivos aumentos salariales, si no por atacar el flagelo inflacionario. A través de una política económica racional desde el punto de vista del aumento de la producción, una sincera política fiscal, monetaria y regulatoria.
En víspera de un nuevo aumento salarial como ya es costumbre, es preciso augurar un salario que sin nacer ya murió. ¡El mismo círculo vicioso!
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