Desde hace tres semanas el país se encuentra inmerso en una enorme megadevaluación del bolívar, que ha implicado un incremento de aproximadamente el 40% del tipo cambio paralelo, como consecuencia de que el gobierno antiobrero de Maduro dejó de vender divisas al tipo de cambio oficial, que también ha aumentado aunque a un ritmo menor.

Por supuesto, el incremento del tipo de cambio paralelo que ya ronda los 17 bolívares por cada dólar, tiene un impacto en los precios de los bienes y servicios que compran las trabajadoras y trabajadores con sus salarios, bonos en dólares sin incidencias salariales y aguinaldos decembrinos. En ese sentido, los salarios, las pensiones y aguinaldos de las trabajadoras y trabajadores activos y jubilados siguen siendo pulverizados por la nueva espiral inflacionaria producto de que el gobierno deliberadamente ha promovido una nueva megadevaluación del bolívar, aprovechando la víspera de las fiestas decembrinas.

El gobierno termina el 2022 profundizando la pulverización de los salarios y las pensiones del pueblo trabajador venezolano, continúa aplicando su paquete capitalista, que ha impuesto el costo de la crisis y de la inestabilidad económica en las vidas, bolsillos y estómagos de las trabajadoras y trabajadores del país.

Un paquete capitalista que también ha permitido a través del memorando 2792 que los empresarios paguen a las trabajadoras y trabajadores bonos en dólares, que no tienen incidencia en los diferentes conceptos salariales del pueblo trabajador, y por eso son un enorme ahorro para la burguesía local, pero que violan el artículo 104 de la LOTTT porque son salario al ser una remuneración regular y permanente. Entonces, en este 2022, el operador empresarial y expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, impulsa una llamada ley de emergencia laboral para formalizar los actualmente ilegales bonos en dólares.

Desde marzo, Maduro ha mantenido el salario mínimo y la pensión en 130 bolívares, sin ningún tipo de aumento a pesar de la visita de la OIT que reunió a la antiobrera tripartita: gobierno, empresarios y burocracia sindical. Además, pagó los aguinaldos del sector público en cuotas, pero igual estamos sufriendo una megadevaluación del bolívar y una espiral inflacionaria.

Entonces, es evidente que las trabajadoras y trabajadores debemos luchar por salario igual a la canasta básica y por el pago completo de nuestros beneficios laborales para que nuestra capacidad de compra de bienes y servicios se encuentre indexada a la inflación; que es un fenómeno que nos afecta y no es responsabilidad nuestra.

El año 2022 cierra en un contexto de reducción momentánea de la protesta obrera y popular y de pulverización del salario y las pensiones, pero también hubo jornadas de movilizaciones de trabajadoras y trabajadores que evidencian su importancia para mejorar nuestras condiciones de vida, como las paralizaciones generales o parciales de las obreras y obreros de Sidor y Mondelez que lograron aumentos de sus salarios y las protestas laborales que conquistaron el pago del bono vacacional completo del sector educación.

Para el Partido Socialismo y Libertad el 2022 ratifica una máxima: la protesta mejora las condiciones de vida del pueblo trabajador, al contrario la desmovilización permite al gobierno y a los empresarios seguir reduciendo la capacidad de compra de los salarios, pensiones y beneficios laborales.

En ese marco, desde el Partido Socialismo y Libertad reiteramos nuestro llamado al pueblo trabajador venezolano para que nos movilicemos por un salario y una pensión igual a la canasta básica, el cumplimiento de los contratos colectivos, la derogación del memorando 2792 y las tablas de la ONAPRE, la suma de los bonos en dólares al salario para el cálculo de los diferentes conceptos salariales, el rechazo a la propuesta de ley de emergencia laboral, y la libertad inmediata y plena de las trabajadoras y trabajadores presos por luchar.

Dicha movilización del pueblo debe conquistar esas reivindicaciones y enmarcarse en la perspectiva de lograr un plan obrero y popular que se financie con los recursos obtenidos de una reforma tributaria progresiva, con un impuesto a los grandes grandes económicos; de la suspensión del pago de la repudiable deuda externa; de la recuperación de los miles de millones de dólares robados y fugados; de la estatización del 100% de la industria petrolera; y de la eliminación de los gastos suntuarios y represivos del gobierno.