Veamos. Hace apenas unos muy pocos meses el Rector de la ULA solicitó su jubilación. En justo derecho, de acuerdo con la ley. Pero, como su sueldo actual incluye la prima por Rector, su jubilación se hizo efectiva incluyendo, dentro de sus beneficios, una pensión con su último salario más la prima. Bien es conocido por toda la comunidad nacional los embates que el mencionado Rector mantiene contra el Gobierno nacional, por “la falta de recursos” y “un presupuesto justo” para las universidades. Léase la prensa merideña o búsquese los archivos de Globovisión, para que se confirme lo aquí señalado.
Sin embargo, esto por la práctica pudiera no sorprender a nadie, pues la mayoría de las autoridades universitarias del país se jubilan de esa manera, es decir, justo cuando están ocupando altos cargos con primas. Pero esta práctica, que obviamente afecta el presupuesto universitario, se queda en pañales cuando la comparamos con el caso de un profesor de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNET, que fue “reactivado”.
Se trata de un profesor ya jubilado, que fue pasado de nuevo a la condición de profesor activo. La decisión la tomó el Consejo Universitario de la UNET, en una sesión extraordinaria el 09-02-2011, según resolución 004/2011. En la misma reza, se cita textualmente: “En uso de la atribución que Ie confiere el Artículo 10, Numerales 25 y 32, del Reglamento de la UNET, el Consejo Universitario aprobó conceder el reingreso a la administración pública del Dr. OSCAR ALI MEDINA HERNANDEZ, Secretario de la Institución, desde el 13 de marzo de 2010, con las compensaciones propias del cargo, así como los beneficios de carácter laboral contemplados. Asimismo, se aprobó enviar una comunicaci6n a la Oficina de Planificaci6n del Sector Universitario (OPSU), a fin de informar la jubilaci6n del mencionado profesor y aclarar a esa dependencia los efectos del corte legal que debe efectuarse con relaci6n al fideicomiso”.
Sin la más mínima intención de esgrimir juicios sobre la pertinencia legal o ilegal de tal decisión, la principal crítica a esta decisión, que se supone debe estar basada en una solicitud del interesado, es el efecto sobre el patrimonio de la Universidad, en términos de los beneficios socioeconómicos que ahora debe honrar dicha casa de estudios para con el docente. Nótese que el ingreso debe hacerse efectivo a partir del mes de marzo de 2010, con todas las implicaciones económicas, que para la Institución esto implica. Incluyendo, entre otras “nimiedades”, tal vez, diferencias por conceptos de cesta ticket, beneficios de caja de ahorro, prima de doctor, prima de titularidad y pare Ud. de contar. Se insiste, pueda que la solicitud y la aprobación de la misma esté dentro de un marco legal.
Sin embargo, hay también un problema de carácter ético. Es que si se lee con detenimiento la resolución, el mencionado profesor es, nada más y nada menos, el actual Secretario de dicha casa de estudios. Es parte de las autoridades rectorales de la UNET. Es de las personas, que junto con su Rector y el resto de las autoridades, viven bombardeando permanentemente al Gobierno nacional por la supuesta falta de recursos para las universidades, por la falta de “un presupuesto justo”. Basta leer los medios de comunicación local y revisar los archivos de los medios radiofónicos y televisivos del Táchira para confirmar lo aquí expresado.
Ahora, ¿cómo queda la imagen de una autoridad como ésta cuando se pare frente a un estudiante o un obrero para decirle que por culpa del Gobierno no hay recursos para el combustible de un autobús?. La repuesta a esta pregunta debe estar en su propia conciencia. ¿Cuántas veces habrá ordenado a incautos estudiantes opositores “defender a toda costa la autonomía universitaria”?. Claro, su tipo de autonomía universitaria, la que sirve para estos propósitos insanos.
Por otro lado cabe preguntarse, ¿Qué ocurriría si el resto de los profesores jubilados, no sólo de la UNET, sino de todas la universidades del país (la ULA tiene unos dos mil y tanto) se apegaran a esta decisión y exigieran, por derecho, su reactivación como docentes?. ¿Estaría el Estado en capacidad de soportar tan semejante carga?. Tal vez esto implicaría, como lo desean autoridades universitarias del mismo corte opositor, el verdadero colapso del sistema universitario del país. Hay que estar pendientes incluso de estas acciones, aparentemente inocuas, de la oposición.
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(*) Profesor Titular ULA
