¿Quién iba a pensar que la muerte del estudiante Pedro Trejo, de la Escuela de Administración y Contaduría, ocurrida por la acción del hampa común el 29 de abril del presente año, ocasionaría tempestades cuyas primeras gotas apenas comienzan a caer dentro de la Universidad Central de Venezuela (UCV)? A partir de entonces, la comunidad universitaria ha tomado mayor conciencia de que la seguridad interna del campus universitario es casi nula, y de que la responsabilidad recae en las autoridades rectorales, según el artículo 36, numeral 12, de la Ley de Universidades.

     Por ello, la Escuela de Administración y Contaduría exigió a las autoridades rectorales que hicieran acto de presencia en una Asamblea de esa Escuela, realizada en el auditorio de la Facultad de Farmacia, el 06 de mayo, con el fin de que explicaran lo inexplicable: ¿qué  medidas han sido tomadas, en su gestión de tres años, para mejorar la seguridad dentro del campus y evitar hechos como la muerte del estudiante Trejo? A esa Asamblea llegaron estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, encabezados por el bachiller Kevin Ávila, quienes también exigieron que la rectora y su equipo rindieran cuentas de su gestión en lo que se refiere a seguridad y que tomaran medidas más efectivas para garantizar la vida de todos los miembros de la comunidad.

     Kevin Ávila, según el expediente que le fue abierto posteriormente, lanzó  improperios e insultos a la rectora, tal vez a consecuencia de la exaltación de los ánimos, a su ímpetu juvenil o al cansancio por no ser escuchado en su afán de contribuir con el logro de cambios necesarios para su Universidad. Sus palabras, lanzadas con fuerza y franqueza, dieron a las autoridades universitarias la oportunidad que desde hace tiempo esperaban. Fueron recogidas, no para atender las demandas del sector estudiantil, sino para sacar del juego al mencionado estudiante, es decir, sacar de la dinámica universitaria las acciones permanentes de protestas, públicas y sin capucha, ante la forma en que es dirigida la Universidad. El castigo al “pecado” de Kevin fue decidido en el Consejo Universitario (CU) del pasado 18 de noviembre: expulsión por un año de la UCV por insultar a las autoridades.

     Es necesario ahondar sobre los entretelones de esta triste y desproporcionada decisión. El drama sigue desarrollándose, por lo que expondremos algunos datos muy importantes para comprender los intereses que se manejaron bajo fondo.

     1. El Director de Seguridad de la Universidad, el abogado Marcelino Alcalá, a lo largo de sus trece meses de gestión, ha informado y denunciado ante el CU en varias oportunidades, las deficiencias de nuestro sistema de seguridad. En el Consejo del 18 de noviembre presentó un informe escrito del que se puede extraer lo siguiente:

       “… nuestro cuerpo de vigilancia, por su naturaleza es absolutamente preventivo, no tiene capacitación ni el equipamiento para enfrentar eventos como el ocurrido, con el agravante de que adolece de profundas debilidades, amplia y reiteradamente informadas ante las máximas autoridades de esta máxima casa de estudios”.

     Se refería al evento del 15 de noviembre, acto de violencia en que un grupo no identificado quemó dos carros asignados a autoridades ucevistas. Al respecto el abogado Alcalá expuso que tiene testigos (pertenecientes al sector opositor al gobierno) que vieron al grupo de estudiantes de Trabajo Social, incluyendo a Kevin Ávila, en el cafetín de su Escuela, distante del lugar de los acontecimientos, mientras estos sucedían. Esta afirmación es muy importante, ya que varios sectores culparon pública, automática e inmediatamente a Kevin de estas acciones.

     2. A raíz de la muerte del estudiante Pedro Trejo, se establecieron enseguida acuerdos entre las  autoridades de la UCV y del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ) con el fin de combatir la inseguridad tanto en la parte interna como externa de la Universidad. Se conformó una mesa de coordinación entre los Cuerpos de Seguridad del Estado, agrupados en el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), y el Cuerpo de Seguridad de la UCV. Los resultados se vieron de inmediato; en corto plazo se atraparon a los autores materiales del asesinato del estudiante Pedro Trejo, así como a los autores del robo colectivo que ocurrió el 13 de mayo en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos (robo en el que por cierto hubo complicidad de estudiantes de la misma Escuela, dato que no se conocía públicamente).

     “Por ello, sin lugar a dudas, sería mezquino de nuestra parte no reconocer que la presencia y participación de Policaracas, la Guardia Nacional Bolivariana y el CIPCPC, en los alrededores de la Universidad y en casos puntuales dentro de la misma, ha permitido reducir considerablemente los delitos que se venían cometiendo en la Ciudad Universitaria”. Así lo expresó el Director de Seguridad en el informe escrito dado al CU el 18 de noviembre. Es de resaltar que esta información no ha sido reflejada ni por los medios internos de la UCV (hecho reclamado por el mismo Marcelino Alcalá ante el CU) ni por los medios de prensa nacionales.

      3. Se maneja información sobre la presión que los grupos más radicales de la oposición, dentro y fuera de la Universidad, ejercieron y ejercen sobre las autoridades rectorales para que disuelvan, rompan o diluyan la mesa de coordinación y los acuerdos establecidos entre las autoridades de la UCV y el MPPRIJ. Estos grupos de oposición se reunieron secretamente en el mes de mayo pasado en la Facultad de Ciencia Económicas y Sociales (FACES) para exigir a la rectora que no permitiera que se desarrollaran los protocolos que se establecerían para la seguridad de la UCV (en la reunión participó, por cierto, un conocido profesor dirigente de la APUCV).

      Fue esta la razón por la cual la rectora no asistió al acto de entrega de 20 motocicletas y 40 radios transmisores, por parte del MPPRIJ, al cuerpo de vigilancia de la Universidad, realizado el pasado 17 de mayo, en el Paseo Los Próceres. En su lugar envió al vicerrector administrativo, hecho que se puede constatar en fotografías públicas del evento (http://laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=59705). Es más, inicialmente, ni siquiera iba a asistir alguna autoridad rectoral al recibimiento de los equipos, sino que se enviaría al asesor jurídico y al jefe de protocolos, idea que se desechó por exigencias del MPPRIJ.

     4. El abogado y director de Seguridad Marcelino Alcalá, en varias oportunidades ha solicitado en el CU la incorporación de sistemas tecnológicos de seguridad en diferentes puntos del campus universitario, los cuales ayudarían significativamente a mejorar la seguridad. Sus diligencias han sido infructuosas. Un hecho destacable es que la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la UCV, dirigida por la Profesora Evelyn Dugarte, en ese mes de mayo conflictivo le ofreció 2,2 millones Bs.F al cuerpo de seguridad con el fin de cubrir la primera fase de instalación de un nuevo sistema de cámaras de vigilancia. Extrañamente se ha retardado la compra del sistema. ¿Por qué?

     Según  investigamos, la misma Dirección argumentó que el aporte debía ser aprobado por el Consejo Universitario. Sin embargo, el propio vicerrector administrativo aclaró que esos recursos son de una partida que no requiere tal trámite administrativo. Lo cierto es que aún no se ha iniciado tal instalación estando el dinero disponible. La verdadera razón constituye un misterio no develado.

     Aunado a esto, el viejo sistema de cámaras que está instalado en la Universidad, no es el adecuado, ya que sus capacidades técnicas de video de tipo analógico no permiten la toma de imágenes nítidas. Este sistema costó millones de bolívares a la Universidad. La comisión encargada de la contratación para su adquisición estaba coordinada por el profesor Orlando Vizcarrondo, al cual, ante este hecho, no lo designaron para la futura contratación de un nuevo sistema de video.

      5. Para poder discutir y decidir la expulsión del estudiante Kevin Ávila, el CU tuvo que realizar una maniobra maquiavélica y efectiva:

1. El martes 15 de noviembre, dados los actos de violencia de ese día, las autoridades rectorales decidieron suspender todas las actividades universitarias, hasta que “el gobierno garantice las mínimas condiciones de seguridad”, frase esta expresada por la rectora Cecilia García Arocha. La medida fue ratificada por el CU el miércoles 16.
2. El viernes 18 de noviembre se realizó una sesión extraordinaria en el Salón de Usos Múltiples de la Coordinación de Postgrado, en el Centro Comercial Los Chaguaramos, con la asistencia de la ministra de Educación Universitaria, Yadira Córdova, “a objeto de hacer de su conocimiento los últimos hechos de violencia ocurridos es la UCV”, y del director de Seguridad de la UCV, Marcelino Alcalá, “quien presentará un informe detallado sobre los hechos ocurridos en la UCV”, tal como reza la agenda de esa sesión.
3. No hubo discusión, por parte del CU, de lo planteado por estos invitados, quienes expusieron puntos muy importantes sobre la seguridad de la UCV y de sus responsables. Por ejemplo, el profesor Miguel Alfonzo propuso realizar un referéndum para conocer si la comunidad está dispuesta a permitir que los cuerpos pertinentes del Estado vigilen y garanticen la seguridad dentro del seno universitario, sobre la base de lo informado por el abogado Marcelino. La ministra expresó que el gobierno apoyaría la realización de un referéndum o cualquier otro mecanismo democrático a través del cual la comunidad universitaria pueda buscar las medidas más efectivas contra la violencia y el delito. Repetimos, no hubo discusión.
4. Inmediatamente después que se retiraron los invitados, se realizó sorpresivamente la sesión ordinaria del CU en cuya agenda se incluía el punto del expediente del estudiante Kevin Ávila, sobre el cual se decidió la expulsión por un año.
5. Un detalle: en esta sesión, 48 horas después de que se afirmara que las actividades se suspendían en la Universidad hasta que el gobierno garantizara condiciones de seguridad, se decide la reanudación de las actividades a partir del lunes 21 de noviembre ¿será que el gobierno reunió las condiciones anheladas por la rectora?
6. Otro detalle: el CU decidió sobre el polémico caso del estudiante Kevin Ávila con una Universidad vacía, sin posibilidad de que la comunidad universitaria participara de alguna manera.
7. Tercer detalle: la Ley de Universidades vigente dispone que la expulsión de un estudiante, por un período no mayor de dos años, debe ser decidida por el decano/a de la Facultad correspondiente. Si la expulsión es por un tiempo de 2 a 10 años, la medida debe ser decidida por el rector/a, por el vicerrector/a académico/a o, en última instancia, por el secretario/a. Cuando la medida es una expulsión definitiva, debe ser decidida por el Consejo Universitario. ¿Por qué, entonces, se usó la figura del avocamiento, contemplada en la Ley de Procedimientos Administrativos (LOPA), con el fin de que el CU se avocara a la toma de la decisión en lugar de la autoridad correspondiente? ¿Fue por cobardía o para evitarle a la actual gestión rectoral una mancha que pudiese ensuciar la imagen del futuro candidato a elecciones rectorales?
8. Últimos detalles: ¿Por qué sacan el expediente en estas fechas de noviembre? ¿Será por la cercanía de las elecciones estudiantiles del 02 de diciembre? ¿Será que no querían que Kevin Ávila fuera uno de los candidatos más fuertes para ganar en la Federación de Centros Universitarios, tal como se perfilaba?

     Clara maniobra, ciertamente. La expulsión del estudiante Kevin Ávila no es consecuencia de unos insultos a la rectora. El bachiller estaba haciendo visible la ineficacia de la gestión rectoral no sólo en lo que concierne a la seguridad, sino en muchos otros aspectos de los que no podemos dar cuenta en el espacio de este artículo.

      ¡Qué pantano este en el que está inmersa la comunidad universitaria! ¡Qué hampa esta de particulares intereses políticos y financieros que se aprovecha de la autonomía universitaria para realizar sus fechorías! Observemos atentamente la situación de degeneración y deterioro de la UCV. Identifiquemos a los actores principales. Exijamos a la rectora, ciudadana Cecilia García Arocha, y a su equipo, ciudadanos Nicolás Bianco, Bernardo Méndez y Amalio Belmonte, que cumplan con las responsabilidades que les corresponden dada la alta jerarquía de sus cargos.

      Al observar la ineficiencia de la gestión rectoral, la manipulación sesgada con que se ofrece u oculta información a la comunidad universitaria, las maniobras maliciosas con que se toman decisiones trascendentales, nos preguntamos: ¿no sería ese equipo rectoral quien debió recibir la sanción de expulsión de la UCV en lugar de un franco y vehemente joven estudiante? 

(*)Profesor. Representante profesoral en el Consejo Universitario de la UCV 

miguelacho1998@hotmail.com