La Misión Sucre (MS) es la puesta en práctica de una idea loable del presidente Chávez, quien trata de incorporar a la educación superior, a la población excluida de la misma por causas económicas, regionales, sociales, culturales o institucionales, es decir por motivos distintos de los establecidos en la Constitución, la cual, en su artículo 103, garantiza el derecho a la educación de todos “sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. Este mandato significa que no todos pueden estudiar en las universidades, pues existen “limitaciones” personales que hacen fracasar a quienes las tienen. Algunos se molestan cuando se señala que la educación superior, por su complejidad y su finalidad, no está al alcance de todo el mundo. Creen que esta opinión obedece a posiciones “clasistas” e, inmediatamente, declaran enemigo de la revolución y del pueblo al autor del señalamiento. Lo cierto es que en Cuba, por ejemplo, las universidades son muy selectivas e intelectualmente elitescas, por lo que sólo los mejores estudiantes ingresan a ellas.

Para lograr su cometido, Chávez crea la MS, para censar a los excluidos, organizarlos en todo el país y dictarles un curso de iniciación de matemática, castellano e historia, como preparación para su ingreso en una carrera universitaria. Decide, además, dar una beca de 100 dólares a los cursantes muy pobres, para ayudar a su éxito en el curso. Para instrumentar el programa y administrar sus recursos crea la “Fundación MS”, que desaparecería cumplido su cometido, pues toda misión es temporal. El ingreso a los programas universitarios se efectuaría por algún mecanismo de selección, pues de lo contrario se sería injusto con los aspirantes usuales, a quienes se les exige presentar la prueba de aptitud académica (PAA) del Consejo Nacional de Universidades-Oficina de Planificación del Sector Universitario (CNU-OPSU). Sin embargo, se instrumentó todo lo contrario, por decisión de quienes dirigieron MS.

La OPSU diseñó la planilla del censo, la imprimió y la distribuyó. Leyó las planillas, clasificó los datos y elaboró las estadísticas para el Presidente. El equipo de MS y el viceministro de políticas académicas, para ganar indulgencias con escapulario ajeno, ocultaron el trabajo eficiente del personal de la OPSU y luego crearon la matriz de opinión que su director era enemigo de MS y trabajaba para su fracaso.

Con el censo se tenía información dada por los interesados. Había que validar que los censados fueran bachilleres, que no hubieran cursado estudios superiores, que no tuvieran una o más profesiones, así como su nivel socioeconómico. Esto para detectar a los verdaderos excluidos, pues ellos eran el objeto de MS. Esta validación nunca se hizo, a pesar de nuestras recomendaciones, y se le dijo al país que los excluidos eran 450 mil, cuando en realidad, como lo demostramos luego, no eran sino 137 mil. El resto eran graduados que querían otra carrera adicional. O técnicos superiores que deseaban la licenciatura. O gente que quería una beca. La mayoría eran recién graduados que buscaban una vía fácil de ingreso a los estudios superiores, sin presentar la PAA o las pruebas internas.

Aunque el Ministro nunca aprobó la no presentación de la PAA, sus subalternos del ministerio y de MS impusieron en la práctica la tesis de no exigir ningún requisito a los cursantes, para su ingreso a la educación superior. De la misma manera, otros exabruptos prácticos torcieron los fines y el funcionamiento de la MS. Se genera así una situación de privilegio de unos aspirantes al ingreso universitario, cuando se les compara con el resto de los bachilleres. Pareciera que la deuda social con los excluidos, se quiere pagar con un título universitario, sin importar si se logró la preparación correspondiente. Eso explica la inexistencia de supervisión del programa introductorio de MS, que no se evaluara el conocimiento de entrada ni el rendimiento de los cursantes, que ni siquiera se registrara la asistencia a las actividades. Todo ello a pesar de nuestros alertas y de las recomendaciones que dimos.

Con esa concepción, queda claro que las condiciones en que se imparte la docencia no son importantes, pues no se quiere que la gente aprenda, sino que se gradúe. Inclusión sin calidad es entonces la salida, para el tratamiento político de la exclusión educativa, que no busca formar a nadie sino pagar con títulos universitarios la deuda social. Ésta, por supuesto, no es la concepción del presidente Chávez, quien siempre ha insistido en la necesidad imperiosa de garantizar la calidad de los estudios y no ha escatimado esfuerzos ni inversiones en lograr ese objetivo.

Otro aspecto es sobre el pago de las deudas sociales ya que, en principio, éstas no son impagables. Si alguien sufrió de desnutrición infantil, no se le pueden compensar los daños sufridos dándole de comer el doble cuando sea adulto. Si alguien no obtuvo un grado universitario a la edad de 25 años, no le pagamos esa deuda otorgándole ese grado a los 50 años, pues no va a hacer con la profesión lo que hubiera hecho cuando joven. Hay que evitar que las deudas sociales se sigan produciendo. Si lo que se quiere es compensar a quienes fueron excluidos, sería preferible indemnizarlos económicamente que caer en esta suerte de simulación de estudios, que no favorecerá a nadie. Si esto último es inaceptable, pensemos entonces en hacer las cosas bien.