Este modelo fatalista de universidad no debería tener espacio en la Venezuela de estos tiempos, pero aún hay preeminencia de este tipo de institución y de gerencia universitaria. Sin embargo la solución la tenemos en las manos. Tenemos un marco jurídico que claramente orienta la misión y los objetivos a cumplir por las universidades. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 109 reconoce la autonomía universitaria como principio y jerarquía para que la comunidad universitaria se dedique “a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la nación” y en el artículo 110 también se reconoce que la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación son fundamentales “para el desarrollo social, económico y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional”. Pero además, la Ley Orgánica de Educación en el art. 3 establece los principios y valores rectores de la educación, entre las cuales están la democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social, la igualdad entre los y las ciudadanas, la libertad, la emancipación, la justicia social, la equidad, la inclusión, la sustentabilidad, la identidad nacional, la lealtad a la patria, la integración latinoamericana y caribeña, el respeto a la vida, la corresponsabilidad, la tolerancia, la valoración social y ética del trabajo. Este marco legal todavía no ha sido asimilado por esta gerencia fatalista, se resisten a aceptarla y a cumplirla, colocándose al margen en desafiante y obcecada posición que niega posibilidad de los cambios necesarios.
La resistencia a impulsar los cambios y el desacato a la Constitución y la Ley, coloca a las autoridades universidades en claro enfrentamiento con el Ministerio de Educación Universitaria, ente que deberá implementar las medidas correspondientes para que se cumplan los propósitos estratégicos de los planes de desarrollo de la nación, siendo las universidades instituciones fundamentales para ello. Por ejemplo, la negativa a cumplir las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia referente al derecho al voto que tienen estudiantes, obreros, empleados, docentes y los egresados, es decir el derecho de todos los miembros de la comunidad universitaria para elegir a las autoridades universitarias, seguro obligará al Ejecutivo Nacional a tomar algunas resoluciones. Pero no solamente nos referimos a situaciones electorales para profundizar la democracia universitaria, también es preciso revisar a aquellas instituciones que siendo creadas en este gobierno no están cumpliendo los objetivos emancipadores y por lo tanto lejos están también de servir de manera eficiente al desarrollo nacional.
Esta falta de visión de las autoridades universitarias y el abandono que han hecho de los principios verdaderamente democráticos y de los criterios gerenciales aplicables en estos nuevos escenarios que se viven en el país, nos obligan a afirmar: en la universidad, cambiamos o nos cambian.
El autor es: Profesor Titular UCLA
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