Históricamente las universidades venezolanas dieron apertura a sus carreras a partir de los intereses del stablismenth político o en atención a la demanda de sectores de la población. No siempre los programas académicos se fundamentaban en las definiciones de los Planes de la Nación, ni en las necesidades y potencialidades de los territorios, ni existía una relación entre la demanda laboral territorial y los graduados universitarios. En la cuarta República, esta dinámica fue denunciada en múltiples ocasiones por académicos de la talla de Pedro Duno, Domingo Alberto Rangel, Francisco Mieres, Federico Brito, entre otros. En un contexto de baja matrícula universitaria -785.000 en 1998- y limitada presencia de las Instituciones de Educación Universitaria (IEU) –sólo en 135 municipios en 1998- el impacto de este problema era posible maquillarlo. Ilustro con un ejemplo: en el caso de estados donde hacían vida varias IEU quienes formaban profesionales en una misma área –ejemplo educación- cuyos egresados no podían conseguir empleo en esa localidad, si era posible que lo hicieran en otras entidades federales en donde, no habían universidades o las existentes no formaban en ese campo del conocimiento.
Desde 1999 se da inicio a un acelerado proceso de expansión de las IEU, logrando que la universidad esté presente en todos los municipios del país y la matrícula universitaria se expanda en más de 318% con 2.500.000 bachilleres incorporados en los distintas carreras y programas de formación a lo largo y ancho del país. Esto hace que el problema de la relación programas de formación universitaria y territorio adquiera una especial relevancia. En consecuencia, la inclusión educativa debe estar asociada a la resolución de problemas concretos, con los que se encuentran las iniciativas de desarrollo local, regional y nacional. Es decir, se requiere valorar, estudiar, analizar y correlacionar las ofertas académicas de nuestras universidades con:
1) definiciones del Plan o los Planes de la Nación;
2) determinaciones de prioridades, potencialidades y necesidades de los municipios que son construidas de manera compartida con el Consejo Federal de Gobierno;
3) prioridades emanadas del banco de problemas integrados de cada municipio, generados por el trabajo con los consejos comunales y entes de planificación participativa local;
4) fuentes de empleo, tanto del sector público como privado, existentes en cada territorio local;
5) demandas de crecimiento, inversión, o exploración que tienen previsto los despachos del Poder Ejecutivo para cada municipio en concreto; y
6) distribución que el Ministerio Rector del subsistema de educación universitaria realice sobre los otros requerimientos de formación que coadyuvan y forman parte del desarrollo integral de la sociedad venezolana. A partir de estas seis variables estamos convocando al primer esfuerzo de reorientación de la oferta académica universitaria para los próximos años.
Esto implica ir hacia un modelo de oferta académica finito, que se reestructure y reoriente conforme se van resolviendo problemas sociales y de la ciencia y, que ésta se corresponda a nuevas necesidades de conocimiento; pero sobre ello escribiré en un próximo artículo.
*El autor es Editor de la Revista COMUNA: pensamiento crítico en la revolución. luisbo@gmail.com @Luis_Bonilla_M
