Un grupo significativo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) se encuentran realizando en estos momentos, una nueva Toma del Rectorado, sede administrativa de esta casa de estudio, famosa por ser también hace exactamente tres años, escenario de protesta por causas más o menos similares a las actuales.

En aquella ocasión, dos líderes estudiantiles pertenecientes al Instituto Pedagógico Rural "El Mácaro" fueron agredidos cuando en un derecho de palabra ante el Consejo Universitario intentaron presentar indicios que ameritaban investigación administrativa por supuestos hechos de corrupción en la adquisición de un inmueble que serviría de residencia al ciudadano Rector por un monto de 1.400.000 Bs.F., amén de la aprobación de unos bonos anuales para las autoridades universitarias por cifras que para aquel entonces ascendían a 9.000 Bs.F. y que sumaban 80.000 Bs. F. entre todas las instituciones que conforman la universidad.

No es tampoco desconocida la actitud guarimbera y de proselitismo ideológico cumplida por esta institución, originariamente surgida ante la necesidad de formar educadores competentes y en sintonía con las necesidades de la sociedad venezolana en el marco de una rigurosa investigación en el campo educativo, y devenida ahora en centro de enajenación ideológica. En este sentido, fue un hecho público y notorio el hallazgo recurrente en esta sede rectoral de material proselitista (específicamente franelas) presuntamente adquiridos por las autoridades para favorecer tendencias políticas opositoras del movimiento estudiantil "100% estudiantes" en el proceso electoral por la enmienda constitucional.

Lamentablemente la impunidad se ha enseñoreado en todos los rincones de nuestra geografía, demostrándonos que nuestras instituciones contraloras y nuestros órganos jurisdiccionales no se encuentran a la altura de las circunstancias que exige un verdadero proceso revolucionario. Y es así como hoy, la comunidad estudiantil de la UPEL se enfrenta ahora a ser empleada como un instrumento para que los educadores puedan obtener reivindicaciones salariales, poniendo en riesgo así no sólo el respeto y la valoración que un verdadero educador debe sentir pos sus discípulos, sino también su derecho humano al estudio.

Desde sus distintas cátedras, la gran mayoría de los profesores universitarios – con sus honrosas excepciones− se dedican a convertir la ya usual desorientación ideológica de nuestra juventud, en proselitismo opositor, a la par que les hacen presa de lo que muchos psiquiatras han llamado "síndrome de Estocolmo", es decir, sus víctimas, lejos de sentirse utilizadas y en riesgo, agradecen el uso utilitario que se hace de su persona, y terminan defendiendo la causa del victimario. Por ello, y aunque los estudiantes de la UPEL están en peligro de perder el semestre, muchos de ellos se complacen en esta penosa situación, que no sólo los afecta a ellos, sino al país entero, si tomamos en cuenta la inmensa inversión que el Estado hace en materia de presupuesto educativo.

Nadie duda de la necesidad de que todos nos organicemos para exigir salarios justos. Sin embargo, esta exigencia jamás podremos hacerla pisoteando los intereses y las necesidades de los más vulnerables, que en este caso son una gruesa población de bachilleres que forman parte de uno de los estratos sociales más pobres de la población venezolana.

En este sentido, los estudiantes de la UPEL sostienen que el Paro convocado por Fapuv es totalmente ilegal, ya que con fundamento en el marco jurídico venezolano ninguna asociación civil – como lo son Fapuv y Aproupel− está facultada para convocar un paro de actividades.

Por otra parte, llama la atención que se llame a paro sin mediar los canales regulares que esta acción reclama, lo que nos hace pensar que en el fondo no se trata de un interés reivindicativo, sino de una nueva guarimba opositora, que contribuirá a crear junto con otros mecanismos de saboteo, la desestabilización social del país.

El llamado es pues a solidarizarnos y hacer causa común con todos los estudiantes universitarios que hoy son tratados como rehenes por las personas llamadas a concederle escenarios éticos y académicos de aprendizaje. Aspiramos que se haga justicia no sólo con los salarios de estos profesionales de formación universitaria, sino con los de los maestros de educación inicial, básica y media general, cuyas contrataciones colectivas han sido sistemáticamente burladas por los representantes patronales y bajo la anuencia de organizaciones gremiales subordinadas al Estado.

No obstante, la consigna es a organizar acciones inteligentes, creativas, participativas y pedagógicas, que no vulneren los derechos de ningún integrante de la comunidad educativa.