El conflicto universitario promovido y desarrollado por la FAPUV y el sector estudiantil de la derecha opositora ha sido derrotado. La evidencia de ser una estrategia para desestabilizar al gobierno era demasiado burda. Ciertamente, sus intereses nunca se centraron en las justas aspiraciones de la colectividad universitaria. El verdadero propósito era la provocación de un clima de violencia y desasosiego, que aunado a la situación de desabastecimiento y especulación, pudiera derrocar al gobierno bolivariano. Lanzaron el paro indefinido y la huelga sin haber agotado el mecanismo del dialogo. Una vez más, la derecha universitaria comete el mismo error de colocar la carreta delante de los caballos.
El gobierno del Presidente Maduro, de manera impecable, optó por negociar colectivamente con las organizaciones sindicales que representan todo el espectro laboral que cohabita en esas casas de estudio. Se logró firmar la primera reunión normativa laboral, con cláusulas muy importantes para los trabajadores del sector. Se introdujo el concepto de salario social que define al conjunto de políticas e iniciativas que tienden a fortalecer el poder adquisitivo del salario, es decir, el valor real del salario nominal. Son aquellas cláusulas dirigidas a la aplicación de la Gran Misión Vivienda Venezuela; a la apertura de establecimientos de Mercal y PDVAL; a la creación de un sistema integral y universal de atención a la salud del circuito universitario. Así mismo, hacia el turismo y la recreación. En relación a los aumentos salariales, hubo avances significativos. En el sector de las obreras y los obreros se logró nivelar las remuneraciones al Salario Mínimo, para luego aplicar los porcentajes de aumento acordados. En el sector docente, el aumento nominal es de 75%, pero realmente se alcanzó un 96% de aumento por el efecto de la incidencia que se produce en cada ajuste. Igualmente, para el sector administrativo. Sin lugar a dudas, se ha logrado una gran Convención Colectiva que dignifica a todos los trabajadores de la Universidad. Nuevamente, la Revolución Bolivariana honra su compromiso con los derechos humanos, y muy en especial, con las trabajadoras y los trabajadores de dicho sector.
Ahora bien, es necesario opinar sobre algunos aspectos que caracterizaron la puesta en escena de este nuevo conflicto político en el ámbito universitario, impulsado por la derecha opositora.
LA FAPUV.
Es una asociación civil que agrupa a todas aquellas asociaciones de profesores universitarios pertenecientes a las universidades autónomas y algunas experimentales. Carece de personalidad jurídica sindical. De allí, su imposibilidad para discutir y negociar colectivamente. Representa al 15% del profesorado universitario. Está controlada por AD y COPEI y la han colocado al servicio de la MUD. Tiene cuatro años sin hacer elecciones, y por lo tanto, carece totalmente de legitimidad. En consecuencia, no es signataria de la primera reunión normativa laboral del sector.
La FAPUV es responsable del paro indefinido en la Universidad. A sabiendas, que el hecho sindical y gremial es una cuestión de fuerza social organizada, esta federación no pudo interrumpir la vida universitaria en el país ni logro los objetivos políticos para doblegar al gobierno. Solo se afectaron aquellas casas de estudio donde predomina la derecha opositora.
EL SECTOR ESTUDIANTIL DE LA DERECHA.
Conjuntamente con la FAPUV, un sector del movimiento estudiantil, constituidos por jóvenes de clase media, que en su mayoría estudian en universidades privadas del país, han asumido la conducción de este nuevo conflicto político. Dirigidos por la organización denominada JAVU (Juventud Activa Por una Venezuela Unida), resultó obvio que su lucha nunca guardó correspondencia con las necesidades reales del movimiento estudiantil. Su único objetivo era derrocar al Presidente Maduro e interrumpir el proceso revolucionario, para darle paso al fascismo y el regreso del neoliberalismo.
El discurso político que sustenta al sector juvenil contrarrevolucionario es muy deficiente. El manejo de valores y categorías refleja una gran pobreza intelectual y teórica, por parte de estos jóvenes. Sin embargo, la mediática ha hecho su trabajo, manipulando conceptos que no sincronizan con la realidad venezolana. En su inmenso afán por emular los éxitos de otros movimientos estudiantiles de derecha en el mundo, han conducido sus luchas con una gran torpeza. Por ejemplo, han prostituido la huelga de hambre. Nadie, en su sano juicio, le daría credibilidad a ese gesto heroico, cuando es asumido sin ética, de manera engañosa, sin probidad. Quien, después de 24 días de huelga de hambre, puede aparecer en los medios de comunicación sin ninguna señal de desmejoramiento físico, ofreciendo de pie una rueda de prensa.
Hoy no encuentran como explicar al movimiento estudiantil las razones de la lucha y los objetivos alcanzados. Se han agotado las pistas de aterrizaje para estos irresponsables, que poco les importa la suerte académica de tantos estudiantes. Son ellos y la FAPUV, los únicos culpables de la pérdida del semestre en cada casa de estudio.
EL TEMA DEL PRESUPUESTO.
Este elemento resulta ser el pívot de la estrategia opositora. Los rectores de las universidades autónomas, la Fapuv y cierto sector del movimiento estudiantil han esgrimido que este gobierno estrangula económicamente a la Universidad. Manipulan la voluntad política de la comunidad universitaria, argumentando que la revolución persigue eliminar la autonomía de esas casas de estudio y establecer el pensamiento único. Nada más lejos de la verdad.
En primer lugar, este proceso revolucionario, liderado por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, le otorgó rango constitucional a la autonomía universitaria, tal como lo prescribe el artículo 109 de la Carta Magna. El gobierno bolivariano ha respetado y defendido este principio, que fue mancillado y violado tantas veces por los gobiernos de la Cuarta República.
Luego, el presupuesto universitario se ha incrementado permanentemente desde el año 1.999. El periodista y Director del diario Ultimas Noticias Eleazar Díaz Rangel señalaba que el presupuesto universitario del año 2.013 tenía un incremento de 25%. Es decir, 18.646.215 millones para este año. Sin contar con los recursos que se asignan vía créditos adicionales e ingresos propios. Sin temor a equivocarme, el problema reside en una mala administración de los recursos por parte de las autoridades universitarias. Entonces, me pregunto: ¿Por qué el reiterado reclamo presupuestario no se acompaña con una exhaustiva y pormenorizada rendición de cuentas? ¿Por qué colocan como escudo la autonomía universitaria cada vez que el gobierno o algún otro sector le solicitan la explicación necesaria sobre el manejo de esos fondos públicos? ¿Sabe nuestro pueblo que esos recursos son fondos públicos, y por lo tanto, están sometidos al control y vigilancia por parte de los órganos del Estado y la comunidad? ¿Qué razones sustenta la inejecución presupuestaria cada año?
El Estado Venezolano debe accionar al respecto. Hay la imperiosa necesidad de escudriñar el ejercicio administrativo del presupuesto universitario en cada casa de estudios. Resulta imprescindible demostrar la verdadera realidad que subyace en el discurso del problema presupuestario. La lógica dice que las autoridades universitarias deberían ser protagonistas de esta iniciativa y ponerse a la orden de los órganos de control del Estado.
Para concluir, me quiero referir a un tema fundamental y estratégico para la Revolución Bolivariana: LA TRANSFORMACIÔN UNIVERSITARIA. Hay que refundar el concepto UNIVERSIDAD. Es una tarea pendiente de esta revolución. Un ex ministro de educación del hermano país Brasil señalaba que las universidades en el mundo tienen mil años haciendo lo mismo. El conflicto reciente es exponente fiel de la profunda crisis que viven esas casas de estudio. El problema no es presupuestario, ni tampoco las providencias estudiantiles, ni la infraestructura. Como lo refería Rigoberto Lanz: “todo el sistema universitario requiere una urgente cirugía epistemológica, política, ética, de modelo, de paradigmas, que sin la cual no habrá una nueva universidad”. Las universidades autónomas se resisten a asumir principios constitucionales como lo son: la democracia participativa y protagónica, la rendición de cuentas y la contraloría social, el compromiso con la ciudadanía y el pueblo, la promoción de una economía productiva, la gestión del conocimiento desde una perspectiva integradora, compleja y transdisciplinaria. Estas casas de estudio se han convertido en espacios para la desestabilización y el enfrentamiento al proceso revolucionario.
Actualmente, no se percibe la fuerza interna necesaria ni la voluntad política desde el sector universitario para promover iniciativas de transformación. Tampoco creo pertinente que desde el Estado se impulse tal proceso de cambios en la Universidad. Lo que parece idóneo es el inicio de una discusión sobre una Ley para la Educación Universitaria. Si bien es cierto que un cuerpo normativo no transforma por sí solo, logra establecer la visión-misión, las directrices y los acuerdos para el funcionamiento del objeto de la Ley. Sería una extraordinaria palanca para promover la transformación universitaria. La Ley de Universidades que rige al sector data del año 1.970, y por ende, no se corresponde con los principios y fundamentos que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana.
Se hace imprescindible superar el paradigma positivista de hacer ciencia. Es impostergable el impulso de la Constituyente Universitaria. La UNIVERSIDAD debe ser un espacio constituyente, en permanente subversión del conocimiento.
