La Universidad Nacional Abierta, ha dado un paso trascendental, pareciera que, para algunos, un mal paso, hacia la Democratización de su vida interna. Quizás, la única Universidad que ha acatado el mandato Constitucional expresado en su Artículo 6: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Principio Constitucional, que es desarrollado por la Ley Orgánica de Educación del 2009 en su Artículo 34, Numeral 3, que nos habla de los Principios que regulan la Autonomía Universitaria, entre éstos, la elección de sus autoridades: “Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento…” Como puede apreciarse, la nueva legislación devenida de la nueva República, introdujo elementos –radicalmente- nuevos en la vida y el funcionamiento de nuestras universidades, en lo fundamental las autónomas y experimentales. Atrás, debió quedar el viejo claustro y las asambleas de facultades, que establecieron un verdadero apartheid en nuestras antañas universidades en las que, un voto de un estudiante equivale a solo un 25 por ciento del voto de un profesor o profesora, el personal administrativo así como el obrero no participa, mientras que, los egresados y egresadas se limitan a tener una participación representativa de 5 miembros en las asambleas de facultades y de 5 por cada Facultad para elegir las autoridades rectorales.
La hegemonía profesoral, es más que evidente en la elección de las autoridades universitarias; tal es, la concepción “democrática” existente en nuestras universidades autónomas y experimentales, heredada de los Estatutos Republicanos de 1827, en los que el Padre Libertador Simón Bolívar y el Dr. José María Vargas, en lucha contra la universidad colonial que dejaba en los clérigos, el poder de autoridad de nuestras instituciones universitarias, siendo traspasado dicho poder, con los Estatutos Republicanos, a los profesores y profesoras. Sería con las luchas estudiantiles de años posteriores, que la participación estudiantil en el cogobierno universitario se haría realidad, quedando faltante un último paso, la democratización plena en igualdad de derechos y condiciones para todos y todas las integrantes de la Comunidad Universitaria. En esa batalla nos encontramos actualmente, cuyo epicentro no ha sido otro sino el TSJ en Sala Electoral como Constitucional.
Siendo la Constitución, la “Norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” (CRBV, Art. 7), no ha sido posible hasta el presente que, el proceso democratizador de nuestras universidades autónomas y experimentales sea una realidad. Poderes fácticos, de brazos largos, han impedido que el TSJ actúe autónomamente y dé, línea verde a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación en todo su articulado. Inexplicable actuación ésta, habida cuenta que fue, ese TSJ, quien le dio rango de “Orgánica” a esa Ley de la República. Y, mientras el TSJ actúa sin coherencia sobre el tema de la Democracia Universitaria, las autoridades universitarias con períodos vencidos algunas, desde hace 6 años ya, otras desde 5 años con sus meses, actúan como voceros políticos del imperialismo, utilizando nuestras universidades autónomas y experimentales como verdaderos partidos políticos del oposicionismo apátrida. Universidades en agonía, que solo se manifiestan cuando desde la embajada gringa se les ordena movilizar estudiantes “pacíficos” para derrocar al Gobierno Bolivariano o cuando, se les toca su privilegiado Presupuesto. Fuera de ello, muy poca opinión emiten esas autoridades deslegitimadas de nuestras universidades autónomas y experimentales, así como, poco aporte o ninguno, sobre los grandes problemas que viene afrontando el Gobierno Nacional en materia de salud, vivienda, cultura y desarrollo científico-tecnológico. Si en algo destacan, nuestras universidades autónomas y experimentales es, en las materias: corrupción y pérdidas de semestres por protestas antigobierno.
La Universidad Nacional Abierta, se constituye hoy por hoy, en una referencia Democrática universitaria, que el TSJ debe permitir se concrete, que realicen sus elecciones. Es un mal ejemplo, para aquellos que consideran a nuestras universidades públicas como “guetos” de la oposición, espejos de su mal gobierno. El Estado-Nación: República Bolivariana de Venezuela, debemos considerarlo uno solo, sin “republiquitas” que practiquen la autarquía, como “estados” sujetos a los dictámenes de potencias extranjeras. No, como manda nuestra Constitución Bolivariana, en todos los entes políticos que constituyen nuestro Estado-Nación, debe reinar: la Democracia Participativa y Protagónica. Los regímenes de apartheid, son contrarios a nuestra Democracia y, así debemos denunciarlo. Por lo tanto, resulta inaudito que nuestro TSJ reivindique y permita la existencia de esos regímenes a lo interno de nuestra República Bolivariana.
Por ello, estimamos que nuestra Asamblea Nacional, camarada Diosdado Cabello, debe acompañar a las comunidades universitarias en esta ardua batalla democratizadora. Urge, una Ley Marco para la Democratización de las Universidades Autónomas y Experimentales. Una Ley, que ratifique la vigencia del sistema democrático participativo y protagónico del pueblo universitario, en la vida política de nuestras instituciones universitarias; tal cual, lo dictamina la LOE. De pocos artículo, una Ley que establezca sin ambages de ningún tipo, que la elección de todas las autoridades universitarias se hará como lo ordena el 34 de la LOE, Numeral 3. Una ley que dé al traste, con ese mecanismo corruptor de la doble vuelta electoral, que convierte el mecanismo electoral en un mercado de conciencias, donde el mejor postor termina siendo el electo. Una Ley que establezca plazos perentorios a las autoridades actualmente en ejercicio, para que reformen los Reglamentos Electorales y convoquen elecciones de autoridades. Una Ley, que les restrinja el ejercicio de sus atribuciones como autoridades al simple acto administrativo, hasta que la convocatoria de nuevas elecciones sea una realidad y nuevas autoridades, legítimas, asuman sus cargos. Eso, exigimos de nuestra Asamblea Nacional, poco, pero relevante para la actual coyuntura.
Postdata: con el perdón de nuestros lectores, ya que el tema no tiene que ver con el título del artículo, no puedo dejar de comentarles un hecho de la cotidianidad que, expresa con absoluta claridad el enorme daño que los medios de comunicación imperialista realizan sobre la conciencia de nuestro pueblo, intoxicando sus cerebros. Estando en una cola, de esas que se arman para sacar dinero del cajero del banco, escuche la conversa que tenían 3 opositores sobre el tema: Robert Serra. La explicación que daban al asesinato, vil asesinato, de Robert lo relacionaban con la donación que hiciera el Presidente Maduro de 5 millones de dólares, a la ONU para la lucha contra el Ébola. Según esos tres compatriotas oposicionistas, Maduro donó 5 mil millones de dólares y, según ellos, el asesinato de Robert ocurre porque éste (Robert) iba a realizar denuncias sobre la desaparición de ese aporte a la ONU, según lo cual, no había llegado completo a Naciones Unidas sino que parte del mismo se había quedado en el camino. Que gran daño, hacen a las mentes de nuestros compatriotas oposicionistas, los medios de comunicación imperialistas, incuantificable daño que los sustrae de la realidad.
