Al momento de escribir estas líneas, ingresan a las instituciones universitarias recursos para cancelar a su personal docente, administrativo y obrero, retroactivos desde enero de este año y mes de septiembre, compromisos todos, contenidos en la Segunda Convención Colectiva Única (2da CCU); apenas acordada, una semana atrás y que se encuentra en fase de revisión de estilo para ser presentada ante el MPPPST para su homologación y poder ser, definitivamente, suscrita por el Jefe de Estado, camarada Presidente Nicolás Maduro. Los montos transferidos, hablan por sí mismos y dan fe, de la importancia que el Gobierno Revolucionario les da a quienes hacen posible, junto a las y los estudiantes, el hecho educativo, leamos los montos: UCV, Bs 936.074.468,00; UPEL, Bs 860.713.677,00; UC, Bs 801.459.850,00; LUZ, Bs 748.705.081,00; ULA, Bs 739.659.128,00; UDO, Bs 568.109,608,00; UNEFA, Bs 492.587.437,00; UBV, Bs 254.753.660,00; entre otras instituciones universitarias públicas, con lo cual, el Gobierno Revolucionario ratifica el mandato constitucional (artículo 102), de garantizar la educación universitaria como “un derecho humano y un deber social fundamental” (…) “democrática, gratuita y obligatoria”. Esta importante inversión que hace el Gobierno Revolucionario, desmiente en los hechos, esa conseja opositora que intenta desmeritar el papel fundamental, que le ha dado la Revolución Bolivariana a la educación y que ha llevado a la UNESCO, a reconocer a la República Bolivariana de Venezuela, como el país que ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y quinto en el mundo, con mayor matrícula estudiantil, alcanzando los 2 millones 600 mil estudiantes, según cifras de 2014. Hechos que dicen mucho, de la gestión gubernamental, de ese “autobusero ignorante”, como acostumbran llamarlo –despectivamente- los oposicionistas al camarada Presidente Nicolás Maduro; pero, como bien dice la conseja popular: “No ofende quien quiere sino quien puede”; enfatizando en consecuencia, Amos Bronson Alcott, filosofo y profesor estadounidense: “La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia”.
Esas millonarias cifras, se corresponden solo con beneficios salariales, a lo que faltarían agregarles montos importantes de inversión en temas fundamentales para la calidad de vida del ser humano en general y del profesor y la profesora, el empleado y empleada administrativa y el obrero u obrera universitaria en particular, así como, de sus núcleos familiares, tal es el caso, de la salud y su previsión social. Así, el HCM se incrementa de los pingües 40 mil bolívares que gozaban en la actualidad, a Bs 120 mil este año 2015 y Bs 200 mil en 2016; en la misma tónica, se incrementa el monto por concepto de Maternidad a Bs 100 mil. Inversiones todas, que vendrán a reforzar conquistas históricas que ha obtenido la clase trabajadora universitaria a lo largo de toda su historia, como lo son, sus servicios médicos e instituciones educativas universitarias, que mediante esta 2da CCU, el MPPEUCT se compromete a reforzar y mantener, en la garantía de derechos fundamentales para el trabajador, la trabajadora universitaria y su núcleo familiar. También, contempla esta nueva contratación colectiva, el incremento de la dotación de medicamentos de los 10 mil bolívares actuales a Bs 100 mil, con lo cual, el Gobierno Revolucionario garantiza al trabajador, la trabajadora universitaria y su núcleo familiar, su derecho a la salud (Art. 83, CRBV), a la educación (Art. 102, CRBV) que también sufre incrementos importantes en los montos de las becas y útiles escolares para los hijos e hijas del trabajador y la trabajadora universitaria, como derechos fundamentales y parte, de su derecho a la vida digna. Reivindica en toda su plenitud, esta 2da CCU, el Estado Social de Derecho y de Justicia cuyo fin no es otro sino la defensa y desarrollo, del ser humano y el respeto a su dignidad (Art. 3, CRBV). Ratifica esta contratación colectiva única universitaria o 2da CCU, en todos sus contenidos programáticos (títulos y cláusulas), la vigencia plena del Estado de Bienestar, en específico su principio de utilidad como bien lo definiera Bentham: “-¿Cuál es la mejor forma de gobierno? –La que mejor conduzca al fin propio del Estado. - ¿Cuál es el fin propio del Estado? – La mayor felicidad del mayor número. […] - ¿Qué fin concreto persigue el hombre en general? – Su mayor felicidad” (Bentham, J., Catecismo Político General). El Padre Libertador, Simón Bolívar, lo expresaba en Angostura: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.” Quien se tome la molestia de analizar esta 2da CCU, podrá apreciar con plena nitidez que los problemas fundamentales que atañen a la vida en sociedad del trabajador, la trabajadora universitaria y su núcleo familiar, encuentran respuestas allí, en ese instrumento contractual, no solo su salud y la educación de sus hijos e hijas, sino la propia, en la formación para el trabajo, su protección en lo que corresponde a las labores de alto riesgo para su vida, aún, más allá, cuando llega a la vida adulta y requiere protección especial. La jubilación, ha sido tratada con especial esmero en esta nueva contratación colectiva, garantizándole al trabajador o la trabajadora que pasa a esa digna condición, el respeto íntegro de todos los derechos que mantenía en su condición de trabajador o trabajadora activa.
Esta 2da CCU, si bien no es el modelo ideal de contratación colectiva; la cual, para la clase trabajadora universitaria, era la contenida en la presentada ante el MPPPST en enero pasado, constituye un paso de avance en la obtención de ese ideal. Decía Maquiavelo: “La felicidad es un continuo progreso en el deseo, un continuo pasar de un objeto a otro. Conseguir una cosa es solo un medio para lograr la siguiente. La razón de esto es que el objeto del deseo de un hombre no es gozar una vez solamente, y por un instante, sino asegurar para siempre el camino de los deseos futuros” (Maquiavelo, N., Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio). En esa búsqueda incansable están las y los trabajadores universitarios. De allí que esta 2da CCU, contenga una cláusula inédita en la historia de las contrataciones colectivas en nuestro país, una Cláusula de Contingencia. Dicha cláusula, permitirá a los actores y actrices que fueron partícipes de la Normativa Laboral que dio nacimiento a esta contratación colectiva, reunirse el año próximo a evaluar el impacto positivo o negativo que sobre el salario ha tenido la economía nacional y tomar decisiones para su protección. Será una revisión profunda y esperemos, una acción de perfeccionamiento y avance hacia el modelo ideal propuesto por las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, de Convención Colectiva Única.
¿Tiene enemigos esta contratación colectiva?
Claro que sí, y no por casualidad entre los primeros tenemos que mencionar, quienes propugnan la vigencia del pensamiento neoliberal o del Estado mínimo y, en contraposición, reclaman la supremacía del Dios mercado, como lo sugiere Nozick: “Mis conclusiones principales sobre el Estado son que un Estado mínimo, limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de los contratos, etc., se justifica; que cualquier Estado más extenso violará derechos de las personas a no ser obligadas a hacer ciertas cosas y, por tanto, no se justifica. Dos implicaciones notables son que el Estado no puede usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ciudadanos ayuden a otros, o para prohibirle a la gente actividades para su propio bien o protección” (NOZICK, R., Anarquía, Estado y Utopía, 1990 1ea reim). Imaginemos, por un brevísimo instante que, quienes hoy se oponen a la 2da CCU y están promoviendo paros de universidades, fueran gobierno. En una situación de baja de precios petroleros y crisis económica mundial, qué medidas hubiesen tomado? Tengamos la certeza que, de inmediato, una misión del tenebroso Fondo Monetario Internacional (FMI) ya estuviera en el país, estudiando las medidas de ajuste estructural que se aplicarían a la economía venezolana, las famosas políticas de shock, que debería implementar el gobierno hipotético de la oposición para poder acceder a los créditos de esa nefasta institución financiera. Recordemos, año 1989, febrero para ser más específico, “el caracazo”, miles de hermanos y hermanas muertas por las balas de la represión cuartarrepublicana. Entre las medidas que, seguramente, tomaría por recomendaciones del FMI, estarían la de reducción de personal en las instituciones universitarias y la privatización de muchas de ellas. Asimismo, la eliminación de servicios fundamentales para el sector estudiantil como los comedores universitarios, las OBE, reducciones sustanciales en los montos de las becas y en el número de becarios o becarias. Implementarían, el cobro de matrícula estudiantil y eso dice mucho, de lo que ocurriría en el ámbito de la inversión que actualmente realiza el Estado Bolivariano en servicios médicos e instituciones educativas para los trabajadores, trabajadoras universitarias y sus núcleos familiares, procurarían que fueran éstos y éstas quienes asuman el costo de la inversión en esos rubros fundamentales para la vida digna de la familia universitaria. Lo decía, en su condición de presidente de la hermana república de Chile, Sebastián Piñera, amigo connotado de los oposicionistas venezolanos, muy admirado por estos: “No creemos en estatizar ni monopolizar por parte del Estado la educación del país, porque eso a la larga es un atentado no sólo a la calidad, es un atentado a la libertad y es un atentado a la equidad de la educación“ y lo decía, en medio de masivas protestas de los jóvenes universitarios chilenos, reprimidas brutalmente por ese gobierno. Es la misma forma de actuar y pensar de un Henrique Capriles, quien apenas llegó a la gobernación del Estado Miranda, les eliminó las becas con que contaban, otorgadas por Diosdado Cabello en sus tiempos al frente de dicha gobernación, 2 mil 700 estudiantes de educación especial en la escuela de sordos en Los Teques y la escuela de niños y niñas especiales “Manuelita Sáenz” en La California. En resumidas cuentas, esta 2da CCU no hubiera sido posible en las condiciones en que se está suscribiendo, porque sencillamente, el FMI no lo hubiese considerado pertinente; su prioridad, como todo “programa de estabilización macroeconómica”, como acostumbran llamarlo, le hubiese impuesto a un gobierno de la oposición, como orientación fundamental de su actuación gubernamental, la reducción del gasto público y, a los aumentos de salarios y otros beneficios se les considera en el lenguaje del FMI, eso: gasto público que debe ser reducido.
Por supuesto que, entre los trabajadores y trabajadoras, cuenta con enemigos esta 2da CCU. La FAPUV, que jugó un papel importante en la aprobación de un poco más de un centenar de cláusulas que conforman esta contratación colectiva, al llegar a la discusión de las tablas salariales, pareciera que hicieron un símil de cuando a los diputados de la MUD les tocó asumir una decisión en torno a la designación de los poderes públicos, una llamada telefónica, presumiblemente, de la embajada gringa, los hizo parar de sus butacas y retirarse del Hemiciclo para –sencillamente- no honrar los acuerdos que se habían logrado en las subcomisiones legislativas. Una segunda agenda tomó, desde entonces, relevancia en la actuación del partido universitario de la MUD: la FAPUV. La contratación colectiva que ayudaron a construir y moldear, de la noche a la mañana, lo convirtieron en el más perverso instrumento en contra de las y los profesores universitarios. ¡Cuántas mentiras han corrido desde entonces! Desde aquella farsa, que comenzaron a rodar de que el acuerdo salarial alcanzado le desmejoraba el sueldo a los profesores y profesoras universitarias, hasta llegar al extremo de manifestar, una vez desmentidos por las propias tablas salariales, que el salario no les alcanza, pues, una laptop les cuesta no menos de 32 mil bolívares o el cartucho de tinta no menos de los 3 mil 700 bolívares, hasta aterrizar en la canasta básica del CENDAS, la cual, ronda hoy los 54 mil 500 bolívares y se va incrementando según el llamado dólar cucuteño le impulse a la alza o no. Lo real es que, si consideramos el criterio de la canasta del CENDAS, NO HABRÁ CONTRATO COLECTIVO ALGUNO QUE PUEDA SATISFACER DICHA CANASTA, pues, la misma no responde a realidad económica alguna, sino a los intereses especulativos de la burguesía comercial y los políticos de la MUD. Esa es la verdad pura y llana.
Tuvieron que culminar sus vacaciones los jerarcas políticos de la AVERU, para venir a poner “orden en la pea” que amenazaba con paralizar las instituciones universitarias afiliadas a dicha asociación patronal, y trazarles la línea politiquera de que el tema de actualidad no es el de la 2da CCU sino el del presupuesto universitario y así lo acató la FAPUV. Y allí, mienten también en su justificación de oposición al Gobierno Revolucionario, como señalan a través de Humberto Luque en el diario El Nacional del pasado 20 de septiembre, quien en entrevista al secretario de la UCV, Amalio Belmonte, éste afirma “que el presupuesto para el año que viene debe triplicarse para poder asumir toda la demanda de estudiantes”, sin dejar de criticar el Sistema Nacional de Ingresos implementado por OPSU y que dejó sin efectos ese mecanismo perverso de ingreso adoptado por algunas universidades, llamado pruebas internas. Llega a una conclusión totalmente errada el cronista del diario, al afirmar entre líneas que “La UCV necesita 120 nuevos profesores a tiempo completo”, pues, desconoce el hecho cierto que en el Presupuesto 2014, como consta en la Sesión del CU de esa universidad de fecha 30 abril de ese año, ese Cuerpo distribuyó los nuevos cargos asignados a esa institución, reivindicación obtenida gracias a las gestiones ante las autoridades del MPPEUCT, de los sindicatos de obreros y administrativos: SUTRAUCV y SINATRAUCV, obteniendo como respuesta la incorporación de 663 cargos docentes, 379 administrativos y 265 obreros, lo que representó una importante erogación en el presupuesto de ese año para esa universidad de 128 millones de Bs, como informó entonces, el prestigioso medio de comunicación universitario: PLURAL. Sería interesante, que esa institución universitaria rindiera cuentas al pueblo que tiene en bien el garantizarle sus recursos presupuestarios, sobre el uso y destino que han dado a esos recursos, pues, como se aprecia, la demanda de esa institución, si tomamos en consideración el número de cargos asignados en 2014, estuvieron muy por encima de la demanda que, un año después, manifiestan tener. Y si aún tienen necesidad de cargos, es como obvio que no han cubierto las vacantes derivadas de los cargos asignados y han utilizado esos recursos como mecanismo de ahorro, para obtener recursos que una vez finalizado el año fiscal lo reorientan para otros fines. Toca a la CGR, investigar el uso y destino que han tenido esos recursos, toca a usted, camarada Contralor, informar al pueblo sobre esa situación a todas luces irregular.
El papel jugado por la federación socialista, FTUV, no pudo ser peor que el de la FAPUV después de aprobadas las tablas salariales. Incluso, bien pudiéramos afirmar que la FAPUV se mantuvo en una postura de izquierda en comparación con la FTUV. Una federación socialista que apenas se sentó en la Mesa de Negociación se limitó al juego del “vamos a firmar ya”, sin considerar cláusula alguna, ni dar aportes significativos que permitieran mejorar propuesta alguna presentada por el representante del MPPEUCT, el camarada viceministro Jehyson Guzmán, en quien debemos reconocer su siempre apertura al diálogo y buena disposición para conciliar posiciones. Correspondió al Comando Nacional Inter federativo, conformado por la Fetrauniversitarios, Fenasoesv, Fenasipruv, Fapuv y Sindicatos No Federados, llevar el papel de vanguardia, en oposición constructiva siempre a aquellas propuestas, como por ejemplo, aquella que pretendía desmejorar al sector de jubilados con respecto a los activos en lo referente al Bono Asistencial y Beneficio de Alimentación, pues, mientras FTUV insistía en la “firma ya”, el Comando Nacional Interfederativo tuvo que jugar con pie de plomo para hacerle ver a la representación del MPPEUCT, cuán errados estaban en ejercer tal discriminación contra un sector de la clase trabajadora universitaria, como lo son los jubilados y jubiladas, que nuestra Constitución Bolivariana nos convoca es, a darle máxima protección y garantizarles ingresos dignos a su condición, en muchos casos, de minusvalía física.
Esta historia aún no termina, gracias a la cláusula de contingencia, propuesta por iniciativa de la representación del Comando Nacional Interfederativo, el año próximo habrá de convocarlos a una nueva etapa de negociación en función de mejorar y trascender lo hasta logrado en esta Segunda Convención Colectiva Única, la cual, se convierte simplemente en un logro: ¡Por Ahora!
