En lo personal desconocemos cómo son las relaciones entre las autoridades universitarias y el gobierno nacional bolivariano, aunque hace parte del saber común la impresión, siempre subjetiva y sujeta a mayores estudios de campo descriptivos o mediante grupos focales, que la mayoría de las autoridades universitarias en Venezuela, constituye parte activa de la oposición; y que junto a la jerarquía eclesiástica, además de estar en contubernio con algunos gobiernos extranjeros neoliberales del continente americano y "Todo el Universo-Mundo" califica de dictador al presidente Maduro.
Acotan, además, que la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, es ilegal. Agréguese a ello que ciertos cuerpos de seguridad capturaron en flagrancia a jóvenes estudiantes de pedagogía, o en situaciones supuestamente irregulares durante las llamadas jornadas de resistencia en Maracay, estado Aragua. Y hoy están presos, tristemente, en recintos militares pero ahora debieron haber pasado a ser juzgados por tribunales civiles.
Situación harto difícil que agria mucho la necesaria colaboración institucional entre las universidades autónomas y experimentales históricas con las autoridades y las políticas públicas del Estado-Nación referidas a la educación y la pedagogía; configurando lo que en el medio se conoce entre veras y bromas de pasillo y cafetín como "universidades toñecas", agrupadas en la Asociación de Rectores Bolivarianos, ARBOL y "las otras" nucleadas en la Asociación Venezolanas de Rectores Universitarios, AVERU y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV. Esta situación desagradable es la que denunciamos a continuación.
Rector, decanos, jefes de departamentos, áreas de conocimiento, programas o miembros del consejo universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, tendrán su respectiva opinión, porque como sostenía el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, nadie es eunuco político. En sus ocho o más institutos pedagógicos que, como subsedes o campus, ocupan estratégicamente su puesto de honor en toda la geografía nacional y por ahí también se reparten las respectivas opciones político-partidistas a gusto de cada quien; y la mayoría, parece, que son contrarios al gobierno bolivariano y abiertamente critican la gestión del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, MPPEUCT, según se oye en aulas de pregrado y postgrado, regularmente.
Sin embargo, a la hora y punto de asistir y deliberar en el Consejo Nacional de Universidades, CNU, suponemos que las relaciones personales sean cordiales, como corresponde a gente de bien. Pero suponemos también que los puntos de vista políticos e ideológicos sean encontrados. Un ejemplo reciente viene a ser el caso de la asignación de una nueva autoridad en la Universidad Simón Bolívar, USB. De donde cabe preguntar: ¿constituyen ello óbice para establecer diferencias en cuanto a la asignación de recursos financieros? ¿O para la atención a la infraestructura física y de servicios? ¿Es ello motivo suficiente para sabotear desde las universidades las políticas educativas impulsadas desde el gobierno? Seguimos denunciando cosas irregulares muy notorias de parte y parte, todo según la vivencia de la observación participante.
Así, otros ejemplos de lo anterior viene a ser el hecho, a todas luces groseramente contradictorio, lo constituye la asignación de los recursos para el pago, estos días, del retroactivo de la III Convención Colectiva de las Trabajadoras y los Trabajadores Universitarios 2017-2018. Así circuló la especie que el MPPEUCT lo entregaron primero a las universidades experimentales de nuevo tipo e integradas a ARBOL; y, en cambio, fue retrasado el desembolso para las universidades adscritas a la AVERU, configurándose así una diferenciación entre las "toñecas" frente a "las otras".
La prensa y redes sociales abundan en argumentos no menos contradictorios, justificando semejante situación: que si unas entregaron primero y correctamente la maqueta de las nóminas y que los otros dizques no, además dizques estos últimos a modo de saboteo político alteraron los montos a cancelar. Como fuere, lo cierto es que hubo discriminación, ¿por qué? ¿Pero no somos todos venezolanos?
Un tercer y último ejemplo lo constituye el llamado "Plan Cayapa Universitaria", ideado por el gobierno nacional desde mayo de 2017 con el fin de atender, reparar o refaccionar la infraestructura de las casas de estudios llamados tradicionalmente superiores, que observamos se ejecuta con exclusividad, a falta de información contraria, en las Universidades Politécnicas Territoriales. No así en nuestras universidades experimentales tradicionales.
El diario Ciudad Barquisimeto (Año 2. N° 492/ Barquisimeto, 24 de agosto de 2017, p. 5) trae la información por estos días que en la ciudad están evaluando el "Plan Cayapa" pero es dable preguntar: ¿aplicarán ese plan cayapa al Instituto Pedagógico de Barquisimeto cuyo edificio literalmente se está cayendo? ¿O lo dejarán para después porque no somos una universidad "revolucionaria", no arbolada sino "albolaria"? ¿Nuestras autoridades y comunidad estudiantil han pedido ser incluidos en ese programa? ¿O nos hemos quedado perplejos mirando el último eclipse?
