La opinión pública nacional, como parte del plan desestabilizador en curso, con motivo de la no renovación a la empresa 1BC de seguir explotando la señal del canal 2, se ha visto abatida, nuevamente, por otra campaña emprendida por estas empresas de comunicación social, que tiene como su epicentro las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. A través de estos medios, se nos presenta el deterioro físico del campus universitario: basura por todos lados, jardines sin grama, obras de arte deterioradas, buhoneros dentro de la Ciudad Universitaria, droga, inseguridad, violencia interna, entre otros; para inocular en la opinión pública, la idea de que estos males son producto de una política dirigida desde el Ejecutivo Nacional, a quien se le acusa de no proveer los recursos presupuestarios necesarios para el buen funcionamiento de esta Institución, lo que nos lleva a presumir que esta es la respuesta a la política de Cuentas Claras desarrollada en la gestión del Ministro Moncada, llegándose hasta el chantaje de proponer al Ejecutivo Nacional que: “...si nos proporcionan los recursos necesarios para actualizar la plataforma tecnológica y reacondicionar la planta física, podríamos aumentar el cupo de ingresos estudiantiles hasta en un 40 %...”, como afirmara el rector Antonio París en el Correo Ucevista N° 82, del mes de Abril.
La respuesta del Legislativo Nacional no se hizo esperar y, en la última semana de abril, se apersonaron miembros de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, a inspeccionar las instalaciones de la Ciudad Universitaria y constatar el deterioro reflejado a través de los medios de comunicación, evidenciando la veracidad de dichas informaciones. Lo que seguramente no se les dirá a estos representantes del pueblo venezolano, es que esta situación no es producto del ensañamiento del Presidente Chávez contra las universidades, como subliminalmente lo afirman las empresas de comunicación, sino que es la consecuencia directa de la aplicación del modelo neoliberal, vigente desde hace siete años, en la Universidad Central de Venezuela.
La historia, implacable como siempre, nos da la pista sobre los hechos que condujeron a una situación tan lamentable como la que hoy vive “la casa vencida por la sombra”. Refresquemos nuestra memoria, y situémonos a finales de los 90, culminaba el Prof. Trino Alcides Díaz su gestión rectoral, caracterizada por un esfuerzo supremo por rescatar y mantener las instalaciones universitarias, la creación de la Brigada de Detección de Fallas Ambientales, el reforzamiento tanto en recursos presupuestarios como en personal, de la Dirección de Servicios Generales y la de Seguridad, Convenio con la Alcaldía Libertador para realizar Jornadas de Limpieza del campus universitario, desalojo de chatarra y tarantines, asimismo, se avanzó con esta Alcaldía sobre el desalojo de los buhoneros ubicados en las puertas de la Universidad, rescate de los jardines y del paisajismos de la Ciudad Universitaria, para lo que se creó la Comisión de Paisajismo y se llegó a convenimientos con PDVSA a fin de obtener recursos para la ejecución de estos proyectos, entre otras medidas; reflejan lo que fue una gestión caracterizada por realzar y embellecer la Ciudad Universitaria de Caracas, la cual se prestaba a ser declarada Patrimonio de la Humanidad, responsabilidad que tenía muy clara el Rector Trino Alcides Díaz , y actuó en consecuencia.
Al Rector Conservacionista, lo sucedería Giusseppe Giannetto (GG), viejo militante de AD de la Facultad de Ingeniería; quien utilizaría, como parte de su campaña rectoral, la designación por parte de Fedecámaras de Gerente del Año, lo que ya nos indicaba el perfil político y sus conexiones; el nuevo rector afirmaría a un diario de circulación nacional lo que sería su objetivo estratégico de gestión: “voy a desmontar el Estado Universitario”, palabras más, palabras menos, así definía el marcado carácter neoliberal de una gestión que, con el pasar del tiempo comenzaría a mostrarnos su verdadero rostro, expresado en la eliminación de la Comisión de Paisajismo, la Brigada de Detección de Fallas, y año y medio más tarde, alcanzaría su clímax con el cierre de la Dirección de Servicios Generales y el traslado de su personal a las distintas Facultades; en fin, el desmontaje de toda la estructura de mantenimiento, conservación y seguridad, creada en la gestión precedente y sustituirla por la existente actualmente, sustentada en el Consejo de Preservación o COPRED bajo el falso supuesto de seguir recomendaciones de la UNESCO, y garantizar así, la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad y los supuestos dólares que este organismos enviaría a la Institución para su mantenimiento. Asimismo, con esa nueva gestión rectoral, entra plenamente el sector financiero a la Universidad, por la vía de supuestas donaciones para el mantenimiento de jardines y obras de arte, obteniendo como contrapartida la apertura de cajeros automáticos y taquillas externas dentro de las instalaciones universitarias, es decir, la invasión de los espacios académicos, llegándose incluso al extremo de plantearse la entrega a este sector económico del servicio de carnetización de los ucevistas, lo cual solo pudo impedirse por la resistencia de los trabajadores de dicho servicio. Esta nueva estructura de “mantenimiento” o COPRED, se creaba bajo la premisa de ser una oficina para contratar servicios a particulares, lo que en resumidas cuentas, consumaba la privatización de la estructura de mantenimiento y conservación de la Universidad, mientras en la realidad, la infraestructura Ucevista comenzaba a sufrir los rigores de la ausencia de atención, que se viene a consolidar en la actual gestión, del rector París, militante de AD de la Facultad de Medicina, y quien ha dado continuidad a la política neoliberal de GG, profundizándola y preocupado sobre todo en como salir del Presidente Chávez.
Creer, ingenuamente, que la solución a la problemática presentada es el aporte de ingentes recursos presupuestarios que, según el rector Paris, estarían rondando los 2 billones de bolívares, es totalmente errado; sin duda esos recursos irían a parar a las cuentas de funcionarios, presuntamente, enriquecidos durante estos últimos años; recuérdese la denuncia hecha por el SINATRAUCV sobre la desaparición de 3 millardos de bolívares de la previsión social de los trabajadores, hecho investigado por la Contraloría General de la República, o en compra de nuevos vehículos para darle, aún más, confort a las autoridades, o en remodelaciones de sus oficinas, o en viajes al exterior. Es por ello, que proponemos a la Comisión de la Asamblea Nacional, que los recursos que tengan a bien disponer, en nombre del pueblo venezolano, ese a quien cuyos hijos esa Institución hoy les niega su ingreso para formarse como profesionales, se haga sobre la base de previa presentación de proyectos y se creen a lo interno de la Institución mecanismos de Contraloría Social, con participación de los trabajadores e inspectores designados por la Asamblea Nacional, que evalúen la correcta ejecución de los recursos asignados y el buen uso de los mismos. Igualmente, la Asamblea Nacional como representante del pueblo venezolano, debe hacer llegar a la Universidad Central de Venezuela su preocupación por el ineficiente modelo de mantenimiento que actualmente se ejecuta en esta Institución y propiciar su transformación.
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