Tengo unos diez años viviendo en el Municipio Zamora del Estado Miranda, en particular en Guatire. He sido testigo del vasto proceso de crecimiento urbanístico que ha sufrido ese municipio. Sí, usted leyó bien, sufrido. Políticas irresponsables de la IV República permitieron el crecimiento urbanístico sin control, que sólo beneficiaba a los grandes constructores nacionales, incluidos entre ellos la Familia Azpurúa, famosos por afair La Marqueseña y el método ChAz (Chávez-Azpurúa). Recuerdo que la alcaldesa de aquellos tiempos era la Sra. Carmen Cuevas de Acción Democrática. Por cierto postulada en estos días de candidata a la alcaldía.
Ese crecimiento urbanístico no fue planificado, y mucho menos acompañado de planes de crecimiento en otros ámbitos como la recreación, el empleo, la educación, los servicios de salud, etc. Después de la llegada al poder de alcaldes propuestos por el MVR y con el apoyo del Presidente Chávez, pensamos que la situación cambiaría. No esperábamos que se detuviera el crecimiento urbanístico, lo cual sería una locura. Pero si esperábamos que los alcaldes revolucionarios hicieran algo diferente. Esperábamos que los nuevos alcaldes del proceso comenzaran la etapa de la planificación del crecimiento y la atención de las necesidades básicas de los miles de habitantes que ahora tienen al Municipio Zamora por hogar.
Como señalo en el título de este artículo, uno de los problemas más graves en el Municipio Zamora es la violación del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes que viven en este municipio. En diez años he visto reproducirse como hongos los colegios privados, de preescolar, primaria y secundaria, que funcionan en casuchas improvisadas, lamentablemente con la aprobación de la Zona Educativa y del Distrito Escolar. Hay escuelas privadas que funcionan en tales condiciones que la vida de los niños y niñas que a ellas asisten podemos decir que corre peligro sin ninguna exageración. En diez años el crecimiento del número de planteles y aulas oficiales no satisface la demanda. Los padres y representantes se ven obligados a comprometer sus presupuestos familiares y ha recurrir a servicios educativos de calidad dudosa por falta de oferta oficial suficiente.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la educación es un derecho humano, un servicio público y extiende su obligatoriedad a todos los niveles desde el maternal hasta la secundaria. Las autoridades locales y regionales no han hecho, a mi manera de ver, lo suficiente para que se cumpla la Constitución.
Se requiere urgentemente un plan de emergencia para garantizar el derecho a la educación pública, gratuita, de todos los ciudadanos y ciudadanas del Municipio Zamora. Esbozo a continuación algunos pasos a seguir. Primero, hacer un censo poblacional para cuantificar las necesidades de educación en todos los subsistemas. Segundo, hacer un censo institucional que permita cuantificar la oferta, oficial y privada, actual y los espacios que podrían ser utilizados para prestar servicios educativos. Tercero, hacer un censo profesional que nos permita establecer con claridad la disponibilidad de personal capacitado para realizar funciones docentes. Cuarto, coordinar con las universidades públicas nacionales, en especial con el programa de formación de docentes de la Misión Sucre-UBV, planes para la formación de nuevos docentes y desarrollo profesional de los docentes en servicio o con muchos años sin haber trabajado en la docencia. Quinto, organizar a los docentes, padres y representantes, y otros miembros de las comunidades para crear las escuelas comunales. Sobre este último punto escribiré otro artículo próximamente.
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