En las pasadas elecciones ucevistas, las fuerzas democráticas resultaron favorecidas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas con la elección al decanato de la facultad del profesor Ramón Crazut. Con una acertada política de rescate académico de la facultad, reconcentración en los temas universitarios y dignificación de la labor profesional y docente, quienes respaldaron esta opción fueron también favorecidos en las elecciones de representantes profesorales al consejo de la facultad. Sin embargo, la fórmula derrotada, impulsada por Acción Democrática y COPEI, partidos todavía activos en la universidad, pretende desconocer esta victoria democrática y, a través de mecanismos reñidos con la verdad y la justicia, escamotearle el triunfo al sector vencedor y, en todo caso, interferir la nueva gestión que comenzará el próximo 20 de junio.
Es tal el estupor y la ira de las fuerzas conservadoras y reaccionarias de la facultad, que han respondido a su derrota con maniobras que ponen en entredicho el derecho de todos a elegir y ser electos, así como el respeto de los resultados como expresión de la voluntad de los electores. Concretamente, han introducido dos recursos impugnando las elecciones para representantes profesorales ante el consejo de facultad. Uno ante el Consejo Universitario, el cual fue realizado por estudiantes al no encontrar profesores que lo suscribieran; vale decir que los estudiantes carecen de interés legítimo en el caso, pues no son parte actora de la elección impugnada. El segundo ante la Sala Electoral del TSJ, el cual también sorprende por presentarlo quienes se ufanaban tan sólo ayer de ser los mayores defensores de la autonomía universitaria.
Ambos recursos manipulan insanamente la verdad. Ante el TSJ se cuestiona el Reglamento Electoral que se desprende de la aplicación de la Ley de Universidades, así como la representación proporcional de las minorías, que tiene basamento no sólo en las normas para adjudicación de los cargos de representación de los cuerpos colegiados de gobierno universitario y en la legislación vigente, sino también en la Constitución Nacional. Reglamento, además, con varios lustros de existencia y a través del cual fueron electos los impugnantes en más de una ocasión. A pesar de lo irracional de esta conducta, alertamos al TSJ y a toda la comunidad universitaria, especialmente a sus miembros honestos y democráticos, sobre la posibilidad de que estos sectores obscuros logren su cometido mediante sus influencias de años en distintos organismos.
Repudiamos categóricamente esta maniobra que los usurpadores de toda la vida pretenden realizar. Convocamos a todos los sectores democráticos universitarios a defender las conquistas ganadas transparentemente.
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