Voy a responder los argumentos utilizados por el profesor Heriberto Gómez de la ULA, quien dedicó un artículo en Aporrea a discutir un artículo mío sobre la paridad del voto profesoral/estudiantil. El centro de mi razonamiento es que las jerarquías académicas no se establecen por votación, sino que se adquieren a lo largo del tiempo mediante el estudio, la formación, la experiencia y el trabajo. No se es profesor titular, ni doctor, ni licenciado, ni general de brigada, ni obispo, a través del voto de los compañeros, sino mediante el estudio y el esfuerzo individual. La democracia política ciudadana no puede, por lo tanto, aplicársele a las instituciones académicas; éstas no son pequeñas repúblicas.
Los derechos de los estudiantes no son los mismos cuando ingresan a la universidad que cuando están en su último año de estudios. Esto le extraña al profesor Gómez, quien nunca se dio cuenta que para que un estudiante pudiera ser electo representante en los consejos de escuela, de facultad y universitario, tenía que ser estudiante del último bienio. O sea que un estudiante del primero, segundo y tercer año no tiene derecho a ser representante en los cuerpos de cogobierno señalados. Puede integrar el claustro o la asamblea, pero no los otros organismos de cogobierno. Luego: ¿Son o no son diferentes los derechos de los estudiantes a lo largo de su carrera? ¿Quién es el confundido o no informado?
La LOE quiere “democratizar” las universidades, pero deja a las instituciones educativas militares por fuera. Lo que señalé al respecto es que si se le hubiera dado el mismo trato a las escuelas de oficiales, entonces yo pensaría que la posición del Gobierno es sincera y no demagógica y politiquera. Nunca dije que si se extendía el voto paritario a los cadetes en formación yo estaría de acuerdo con la medida. Estaría igualmente en desacuerdo, como lo he señalado concretamente muchas veces. El profesor Gómez, apurado en responder, posiblemente no leyó lo que escribí, por lo que debe leer mejor, para evitarme que piense que está poniendo en mi boca cosas que no dije, para luego criticarlas con mayor facilidad. No produce entonces mi artículo ninguna desorientación.
Cuando dije que en las universidades experimentales nadie votaba, me refería a las universidades experimentales en las que el gobierno designa las autoridades. Se trata de las Universidades Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, Rómulo Gallegos, Sur del Lago Jesús María Semprum, Rafael María Baralt, Francisco de Miranda, Bolivariana de Venezuela, de la Fuerza Armada, Marítima del Caribe y Universidad de Yaracuy, para no mencionar la del Deporte, de las Artes, Latinoamericana y del Caribe, que son mas recientes. Se trata de las más numerosas y con mayor cantidad de estudiantes, en las cuales no vota nadie sino el ministro. No estoy diciendo que esté contra esta práctica, lo que afirmo es que es contradictoria con la prédica gubernamental de la democratización.
Creo que la motivación del gobierno está en creer que ganará las elecciones en las universidades con esas modificaciones electorales, pues así lo han hecho ver los algunos funcionarios y diputados, en mi parecer en forma equivocada. Decir que si eso fuera cierto el gobierno simplemente designaría a dedo las autoridades de esas universidades es o una inocentada o una forma de salirse del paso al no tener argumentos. La mayoría de los trabajadores, los profesores y los estudiantes del sector universitario son contrarios al gobierno, tanto en las universidades autónomas como en las experimentales. Nunca los adecos han estado tan bien en universidades como la Simón Rodríguez y la Ezequiel Zamora, para sólo mencionar dos instituciones en manos del gobierno. Más del 70 por ciento de los profesores de varios núcleos de la UBV son de oposición y así ocurre con la mayoría de estas instituciones.
Los derechos académicos son una cosa y los derechos ciudadanos son otra. No se los puede confundir. El profesor Gómez, a pesar de ser profesor titular de la ULA, no parece entender esto. Supongo que él puede ser miembro de jurados para los exámenes parciales y finales de sus estudiantes, para concursos de oposición, para ascensos en el escalafón docente, para tesis de licenciatura, para aspirantes al doctorado. Tiene esos derechos académicos, que no los tiene mi vecino quien no es graduado universitario. Mi vecino en cambio vota para Presidente de la República y el profesor Gómez también, por lo que tienen ese mismo derecho político ciudadano. Para tener derechos académicos hay que ser parte de la comunidad académica; si no se es parte de ésta, no se tienen esos derechos. ¿No sabía eso el profesor Gómez?
Por último, y nuevamente lo llamo a que lea bien y no coloque en mi boca cosas que no dije: Las autoridades universitarias, por sus conocimientos, su experiencia, su formación, etc., deberían (pospretérito del verbo deber) ser los sabios conductores de las instituciones. Y antes había dicho que partía del “deber ser” de las universidades, no de lo que realmente eran (el ser). El profesor está de acuerdo conmigo de que así debería (otra vez pospretérito del verbo deber) ser, pero dice que yo olvido que no son realmente eso, sino posiblemente todo lo contrario. Eso lo sé, nunca lo he olvidado y si el profesor Gómez quiere le envío varios ensayos donde toco el tema a profundidad. Pero no se puede aceptar que una perversión, la de autoridades sin méritos, deshonestas y antinacionales, se pretenda corregir con otra perversión, la de darle voto a quienes no son miembros de la comunidad académica y que han venido participando corporativamente en las elecciones y ayudando a elegir precisamente a esas autoridades sin méritos.
La LOE, en lugar de responder a las causas de esta distorsión universitaria y corregirla, incorpora disposiciones que distorsionarán aún más a la actividad académica universitaria y harán prácticamente imposible el rescate académico de estas instituciones.
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