En el pasado enfrentamos a quienes bautizamos como encapuchados profesionales, nombre escogido para diferenciarlos del estudiante que ocasionalmente se cubría el rostro al protestar, para evitar ser sorprendido en su casa durante la madrugada y ser detenido violentamente por los cuerpos de seguridad del Estado. Los primeros eran unos profesionales de la violencia y de la destrucción, muchas veces dirigida contra la propiedad de pequeños comerciantes y trabajadores, dejando indemne a la gran propiedad capitalista. Eran realmente delincuentes que le imponían su voluntad al estudiantado universitario y al resto de la comunidad, poniendo a la universidad en entre dicho ante la opinión pública y dando motivo para que fuera sujeto de ácidas críticas gubernamentales.
Salían todos los jueves en las tardes, detenían y quemaban vehículos diversos, siempre ajenos a la universidad, y luego se enfrentaban a piedras, cohetes y bombas molotov, con una policía que constituía parte del espectáculo. Ésta les permitía actuar y luego se dedicaba a lanzarles bombas lacrimógenas, cuando los daños ya estaban causados y las interrupciones del tráfico y algunas clases se había producido. Los doce del patíbulo fueron parte de esta comparsa. También lo fueron de un modo diferente los “ultrosos” de Gabriel Puerta: Los “muchachos” de Bandera Roja, hoy tan queridos por quienes ayer los perseguían. Éstos muchas veces enfrentaron en forma violenta a los grupos autónomos de base, entre quienes se encontraba el Movimiento 80. En esos enfrentamientos llegaron, en algunos momentos, a causar daño en los locales de la Federación de Centros Universitarios y a destruir parte del mobiliario de dicho organismo.
Pero ni Bandera Roja, ni los encapuchados profesionales, tuvieron a las instalaciones y bienes de la UCV como sus enemigos, por lo que no atentaban contra sus edificios u obras de arte o contra los vehículos automotores de la institución. Éstos no fueron blancos de sus actividades violentas. Era irrazonable e inadmisible pensar que un estudiante universitario iba a desencadenar sus odios contra las instalaciones que le garantizaban sus estudios. Había una cierta ética en este sentido, la cual no parece existir en el caso de los grupos violentos progubernamentales actuales, a quienes hemos visto, en dos claras ocasiones, atentar directamente contra bienes universitarios, sobre los que descargaron su rabia, sus frustraciones y el peso de sus continuas derrotas electorales.
Estos pseudorrevolucionarios, actuando como verdaderos delincuentes, luego de atacar los locales de la FCU, han producido daños en la entrada del Rectorado ucevista, donde quemaron el vehículo de la UCV asignado a una de sus autoridades universitarias. Hace pocos días, estrellaron en dos ocasiones una grúa contra un mural de Vigas, también a la entrada del rectorado, en una acción totalmente absurda, que en absoluto ayuda al pueblo venezolano, ni a la distribución equitativa de las riquezas, ni garantiza tampoco la inclusión estudiantil. Los jóvenes pobres de nuestro país no son esta suerte de delincuentes, pronos a la realización de acciones vandálicas contra los bienes públicos, que deberían estar en un correccional revolucionario o en una institución psiquiátrica, pues constituyen un peligro para cualquier sociedad.
Los estudiantes participantes en esta aberrante violencia deben ser castigados. Se debe abrir los expedientes respectivos, dar el derecho a la defensa, citar todos los testigos posibles, analizar los videos de las acciones vandálicas, estudiar los informes de los organismos pertinentes y producir una sanción ejemplarizante. Si hay posibilidades de reeducación o reorientación de estos jóvenes, se debe utilizar las técnicas correspondientes. Manteniendo las distancias en la gravedad de los hechos, al igual que los responsables de la masacre del 11 de abril de 2002 están siendo juzgados y, mientras se produce la decisión judicial, deben permanecer detenidos, estos aspirantes a delincuentes también deben ser sancionados. No debe haber impunidad, pues ésta favorece la repetición de estos actos. La violencia no puede ser la forma de proceder de los universitarios y, mucho menos, en su universidad y contra ella.
La Razón, pp A-5, 29-11-2009, Caracas
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