El año pasado, el Partido Republicano logró dos ejemplos espectaculares de campaña engañosa. El caso de Medicare, en el que las mismas personas que gritaban sobre las listas de la muerte tratan ahora de desmantelar el programa entero, fue el más evidente. Pero lo mismo pasó con la reforma financiera. Los republicanos hicieron campaña incansablemente en contra de los rescates bancarios. Entre otras cosas, consiguieron convencer a una mayoría relativa de votantes de que la enormemente impopular legislación sobre los rescates económicos propuesta y aprobada por el Gobierno de Bush fue promulgada durante la guardia del presidente Barack Obama.
Y ahora están haciendo todo lo posible por asegurarse de que habrá rescates económicos aún mayores en los próximos años. ¿Qué hace falta para limitar los rescates futuros? Declarar que nunca volveremos a hacerlo no es una respuesta válida: cuando la tormenta financiera arrecia, quitarse de en medio mientras los bancos caen como fichas de dominó no es una opción. Después de todo, eso es lo que los responsables políticos hicieron en 1931, y la crisis bancaria que se desencadenó a raíz de ello convirtió una simple recesión en la Gran Depresión.
Y no olvidemos que los mercados entraron en caída libre cuando la Administración de Bush permitió que Lehman Brothers quebrase. Solo una acción rápida -que incluía la aprobación del odiadísimo rescate- impidió que los acontecimientos de 1931 se repitiesen. Entonces, ¿cuál es la solución? La respuesta es una regulación que limite la frecuencia y la magnitud de las crisis financieras, combinada con normas que permitan al Gobierno conseguir un buen trato cuando los rescates económicos se vuelvan necesarios.
Recuerden que, desde los años treinta hasta los ochenta, Estados Unidos logró evitar los grandes rescates de instituciones financieras. La era moderna de los rescates no se inició hasta la época de Reagan, cuando los políticos empezaron a desmantelar la normativa de la década de los años treinta. Además, la normativa no se fue actualizando a medida que evolucionaba el sistema financiero. Las instituciones que fueron rescatadas en 2008 y 2009 no eran bancos a la antigua usanza; eran imperios financieros complejos, muchas de cuyas actividades no estaban reguladas en la práctica (y fueron estas actividades no reguladas las que hicieron que la economía estadounidense mordiese el polvo).
Y lo que es aún peor, los funcionarios no tenían una autoridad clara para embargar estos imperios fracasados del mismo modo en que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos puede embargar un banco convencional cuando quiebra. Esa es una de las razones por las que el rescate económico se parecía tanto a un regalo: las autoridades tenían la sensación de que les faltaban las herramientas para salvar el sistema financiero sin permitir que quienes generaron la crisis se librasen del castigo.
El año pasado, los congresistas demócratas aprobaron un proyecto de ley de reforma financiera que trataba de llenar estas lagunas legales. El proyecto de ley ampliaba la normativa en diversos sentidos: protección del consumidor, normas sobre capital más estrictas para las instituciones, mayor transparencia para los instrumentos financieros complejos. Y creaba nuevas facultades -"autoridad de resolución"- para ayudar a los funcionarios a mejorar su capacidad de negociación en crisis futuras.
Se pueden hacer muchas críticas a esta legislación, a la que se podría tachar de excesivamente flexible. Y la Administración de Obama ha decepcionado a muchas personas con su actitud excesivamente indulgente hacia Wall Street (ilustrada por su decisión de la semana pasada de eximir de la normativa las permutas financieras de divisas, que fueron una importante fuente de trastornos en 2008).
Pero los republicanos están tratando de socavarlo todo. Allá por el mes de febrero, los legisladores del Partido Republicano reconocían con franqueza que estaban intentando paralizar la reforma financiera suprimiendo la financiación. Y la reciente propuesta presupuestaria de la Cámara, que pide la privatización y el uso de cupones para Medicare, también exige que se elimine la autoridad de resolución, lo que en la práctica dejaría las cosas de tal manera que los banqueros conseguirían en la próxima crisis un trato igual de beneficioso que el que consiguieron en 2008.
Por supuesto, los republicanos no lo expresan así. Afirman que su objetivo es "terminar con el ciclo de futuros rescates económicos", bajo el epígrafe general de "terminar con los subsidios empresariales". Pero como vemos, los futuros rescates se producirán independientemente de lo que digan los políticos actuales y, sin una normativa eficaz, serán mayores, más frecuentes y más caros.
Para ver lo que realmente está pasando, hay que seguir al dinero. Wall Street solía apoyar a los demócratas, quizás porque los financieros tienden a ser liberales en asuntos sociales. Pero la avaricia triunfa sobre los derechos de los homosexuales, y las contribuciones del sector financiero se inclinaron claramente hacia los republicanos en las elecciones de 2010. Por lo visto Wall Street, a diferencia de los votantes, no tenía dificultades para adivinar las verdaderas intenciones del partido. Y una cosa más: al interponerse en el camino de las normativas que contendrían las futuras crisis financieras, los republicanos están ofreciendo aún más pruebas de que en realidad no les importan los déficits presupuestarios.
Porque nuestro déficit actual es, en su mayoría, una consecuencia de la crisis financiera de 2008, que devastó los ingresos y aumentó el coste de programas como el seguro de desempleo. Y aunque hayamos conseguido evitar grandes costes directos de los rescates económicos, puede que la próxima vez no tengamos tanta suerte.
Más crisis y más grandes; más rescates y más grandes; más déficits y más grandes. Si les gusta esa perspectiva, les encantará lo que el Partido Republicano está haciendo con la reforma financiera.
(*) Paul Krugman es profesor de Economía en la Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía 2008.