En el caso Paraguayo, es la demostración evidente del pacto de las élites políticas conservadoras, que sin mayor respeto por la institucionalidad democrática, el debate político, el respeto por los derechos humanos y la decisión soberana del pueblo, y conforme su propia interpretación de la norma constitucional, planifica en menos de 24 horas la destitución de un Jefe de Estado.

Utiliza un subterfugio legal para aprobar un “Juicio Político” contra el Presidente Fernando Lugo en el seno del Congreso, se establece un reglamento a la medida.  El Juicio, que no requiere de presentación de pruebas acusatorias, sólo sobre la base de la apreciación política de los congresistas, y se le otorga a la defensa, apenas 2 horas para presentar sus alegatos, es simplemente, la demostración fragante, evidente y aberrante de la violación del Estado de Derecho.

Toda esta situación es promovida por los dos grandes partidos conservadores del Paraguay, con la presión de los latifundistas de ese país (miembros prominentes del Senado). Es decir, que se usa a la institucionalidad del Estado para violar los derechos humanos y minar las bases del sistema democrático. Y pensar que este es el mismo Congreso que acusa al Gobierno de Hugo Chávez de no ser democrático, y es el argumento de su  negativa  aprobar el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Mayor cinismo. Pero toda careta falsa se cae por su propio peso.

Para no extender el análisis, resumiré algunos elementos que han sido señalados en este escenario complejo, donde se demuestra la actuación aberrante de la derecha paraguaya:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy que la destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay es un "un juicio político altamente cuestionable". Su destitución se hizo con una rapidez impresionante, y que la actuación del Senado "plantea profundos cuestionamientos sobre la integridad del mismo" y "es altamente cuestionable" ya que afecta a la jefatura del Estado y se llevó a cabo en 24 horas.

La Comisión considera que la manera en que el procedimiento de destitución se realizó "afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay".

El secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton, aseguró que "es una parodia de justicia y un atropello al Estado de Derecho remover a un presidente en 24 horas, sin garantías para defenderse".

La CIDH afirma que "la resolución sobre el procedimiento a seguir, aprobada por el Senado de Paraguay el 21 de junio, estableció que el Presidente Lugo debía presentar su defensa al día siguiente y por espacio de dos horas". 

"La Comisión Interamericana considera inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo",

"Considerando que se trata de un proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas".[1]

En tanto, los países del ALBA, también condenan golpe de estado contra el Presidente del Paraguay Fernando Lugo, señalando que el Senado paraguayo promovio un juicio político plagado de irregularidades.

En un comunicado el ALBA, fechado el día 22 de junio señala: “El supuesto juicio político, sumarísimo, se ejecutó en 24 horas, con un reglamento elaborado “a la medida” del acusado, incumpliendo normas elementales del debido proceso y violentando el más básico derecho a la defensa del Presidente Constitucional de la República, Fernando Lugo, a quien se le dio apenas 2 horas para presentar su defensa.

Entre las insólitas acusaciones contra el Presidente Lugo se incluyeron temas tales como: haber firmado un Protocolo por la Democracia en MERCOSUR, haber permitido una reunión de jóvenes en una instalación militar y ser el responsable de la muerte de personas en un desalojo que ni siquiera fue solicitado por el gobierno, sino por la función judicial. El libelo acusatorio planteó que no era necesaria la presentación de pruebas de ninguna de las acusaciones.

Fue así un juicio que contaba con una sentencia previa desde su inicio, instigado por la derecha y la oligarquía paraguaya, que han dado un zarpazo a la democracia latinoamericana y caribeña, usurpando el poder que estaba bajo la responsabilidad de un Presidente legitimado por la votación popular”. [2]

Con esta acción se ha llevado al Paraguay al debilitamiento de su sistema democrático, demuestra claramente que las viejas prácticas autoritarias de la derecha siguen vigentes, pero bajo la nueva modalidad y métodos innovadores, que son sacadas debajo de la manga, sobre la base de cierta legalidad.

Por otra parte, esta situación política, deja la experiencia y las siguientes reflexiones:

1.- Existe aún una enorme debilidad institucional de las democracias en el continente (No es de gratis que sea así). Las transiciones de las dictaduras a las democracias en el Cono Sur a finales de la décadas de los 80 y principios de los 90, establecieron los mecanismos para que los nuevos sistemas políticos tuviesen fragilidad institucional. (Los Enclaves Autoritarios le llama Manuel Antonio Garretón)

2.- Las derechas del continente, particularmente del Cono Sur, mantienen elementos estructurales en su pensamiento y acción heredados de las dictaduras militares. Pero a su vez, lo hacen de forma torpe y su preparación intelectual extremadamente débil, pero cuentan con el apoyo de toda la institucionalidad establecida.

3.- La experiencia Paraguaya, antes en Honduras, o en el Chile de Salvador Allende, refleja que el poder político alcanzado por líderes progresistas, si no es acompañado de la organización estructurada de las fuerzas y movimientos sociales en un grupo o partido coherente y con fuerte movilización, no será capaz jamás de poder sostener un gobierno. (Situación que si ha sido alcanzado en Venezuela (PSUV; PCV, entre otros; Nicaragua y el Frente Sandinista por colocar algunos ejemplos)

4.- Los cambios de las estructuras económicas y sociales son lentas, graduales, y difíciles, con lo cual, si no se cuenta con el punto anterior, difícilmente se podrá llevar adelante verdaderas transformaciones del sistema. No basta la sola voluntad y discurso político, hace falta acción política, sólida, estructurada y acompañada de la movilización y apoyo popular fuerte, en las calles y que penetre la institucionalidad para convertirla en un verdadero instrumento de cambio y transformación.

Está por verse las decisiones y medidas que adoptarán los distintos mecanismos de integración consolidadas del continente, sobre todo el MERCOSUR y UNASUR. Es un reto lo sucedido, ya que pone a prueba los verdaderos mecanismos que tienen para presionar a gobiernos de factos y a la violación del Estado de Derecho y la democracia de la región.

De igual forma, se evidencia que la OEA no es más que un parapeto institucional, igual que la ONU, que no representa, ni decide, ni tiene la solvencia moral y política para asegurar y resguardar el sistema democrático del continente.