En el debate electoral, se pretende magnificar la crueldad  de la cual hizo gala el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  Con este argumento, se intenta minimizar el comportamiento genocida que han tenido los gobiernos que antecedieron al de Álvaro Uribe y el posterior con Juan Manuel Santos. Todos esos gobiernos, sin excepción, han sido autores de políticas que se han fundamentado en la eliminación física del contradictor político.

La clase política en Colombia ha cultivado una capacidad  de destrucción de la vida humana y para dejar en la impunidad cualquier crimen inenarrable. Los asesinatos de los dirigentes liberales Rafael Uribe Uribe (gobierno conservador de José Concha) Jorge Eliecer Gaitán (gobierno conservador Laureano Gómez), así como la noche septembrina contra El Libertador Bolívar lo confirman.

En los gobiernos neoliberales, se  intensifico la capacidad de exterminio contra cualquiera que intentara adversar esta política económica, que se ha mantenido desde finales de los años 80. Para sostenerla, adelantaron una política de guerra implacable: el terrorismo de Estado apodado paramilitarismo (ahora bacrim) con antecedentes en el manual contrainsurgente del gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970).

Desde un inicio los paracos ubicaron como objetivo militar al movimiento social (sindicalismo, organizaciones políticas, defensores de dd-hh, periodistas, dirigentes comunales, docentes, estudiantes, indígenas)  de igual manera se estableció como una estrategia contra-insurgente.

En el Gobierno del expresidente Cesar Gaviria-(1990-1994), padre de la Apertura Económica (o neoliberalismo) que hoy funge como asesor de la campaña releccionista de Juan Manuel Santos, se emitió el Decreto-Ley 356 de 1994, que dio vida a las CONVIVIR (Cooperativas de vigilancia), que operarían en zonas perturbadas por el orden público, estas cooperativas  brindarían servicios especiales de seguridad privada.

Este paso, importante para la derecha, era una intentona de magnificar la actividad paramilitar desde la misma legalidad  burguesa.

Según, un documento elaborado por el -MOVICE- ¡PARAR LA GUERRA, PARA CONSTRUIR LA PAZ¡ en el gobierno de Cesar Gaviria  mientras se proclamaba la constitución política de 1991, se cometieron 9.382 crímenes de estado. La Escuela Nacional Sindical, menciona en su estadística que en el gobierno  Gaviria fueron asesinados aprox. 518 sindicalistas.

Con el demagogo Ernesto Samper (1994-1998) las CONVIVIR tuvieron la tranquilidad legal necesaria, el ministro de la defensa Fernando Botero Zea, informaba a la opinión pública que  los nuevos servicios  especiales de seguridad privada estaban bajo la supervisión de la superintendencia. En el año 1999, el marco legal que amparaba esta política fue declarada inexequible. Pero, el estado colombiano no recupero las armas que poseían los miembros de estas cooperativas. En este gobierno, recordado por el incremento salarial a los maestros, se asesinaron cerca de 795 dirigentes sindicales.

EL conservador Andrés Pastrana (1998-2002) desde su presidencia también fustigo duramente al movimiento sindical y popular. Las estadísticas hablan de 600 sindicalistas asesinados.

Al llegar al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la oligarquía colombiana aplicó la política de tierra arrasada. Después, de 8 años del más genuino Terrorismo de Estado  y con el paramilitarismo como punta de lanza, el movimiento político y social se mantiene incólume. De tal manera Uribe no trató de desmontar el paramilitarismo, por el contrario, lo fortaleció con la reingeniería.

Hoy, los paramilitares (o bacrim) son una realidad urbana, que ejercen un control social fundamentado en la apropiación de negocios grandes y pequeños, al menos en la Costa Caribe, no hay tienda de esquina de la cual no sean dueño.

Con Juan Manuel Santos como presidente (2010-2014) somos testigos, de las llamadas casas de pique en Buenaventura y de las cuales el candidato-presidente no ha hecho mención en su campaña reeleccionista.

El discurso que se maneja indicando mañosamente que con Zuluaga, retorna el paramilitarismo, es una verdadera falacia porque nunca se ha ido. Toda vez, que es la garantía que tienen las grandes multinacionales de que sus intereses (confianza inversionista) no se verán afectados ni con huelgas ni con pliegos de peticiones.

Esta es una de las razones por la cuales el 15 de junio, hay que votar en blanco.