La situación actual en América Latina y el Caribe, es bastante compleja, o se torna de una manera innegable ante la alta tasa de criminalidad que existe en la región, donde pareciera que el crimen organizado nos está arropando de una manera sin precedente, que las medidas tomadas por los gobierno no están surtiendo los efectos deseados, Tomando en consideración que los delitos transnacionales generan graves problemas, debido a la globalización de la criminalidad que en las últimas décadas si se quiere ha tenido un crecimiento inusitado, y en casos concretos su legislación penal no se aplica como expresión del control territorial y ejercicio de la soberanía
Los sistemas nacionales de justicia interna de los estados en estos casos no alcanzan a una criminalidad altamente profesionalizada, invisibilizadas, camuflada de licitud, y sin rechazo social aparente, en virtud de que los afectados por los delitos transnacionales es la población en toda su extensión, y afecta la estabilidad económica, social y democrática. Esto puede configurarse como la consolidación de figuras criminales, donde la responsabilidad recae objetivamente en los estados por la no aplicación penal al infractor, el cual constituye hoy en día en una unificación entre lo normado y lo aprobado, permitiendo en consecuencia una sanción punible que a la final no se cumple o mejor dicho deja de cumplirse por la red que maneja los grandes mercados de la cartelización del tráfico ilegal de sustancias sicotrópica, la trata de personas la legitimación de capitales, el tráfico de armas de guerras y otros, generando una situación problemática de seguridad nacional, ingobernabilidad, estabilidad democrática y el bienestar de los pueblos latinoamericanos, donde se pone de manifiesto una justicia débil por falta de una legislación penal regional.
De tal manera es importante y necesario la creación de un Tribunal Penal Regional, competente en delitos transnacionales en el seno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con la finalidad de unificar esfuerzos con las disposiciones legales de cada país, y demás normativas Internacionales, para fortalecer de esta manera la democracia y lograr un sistema de justicia idóneo para la región, y así tener fundamentos necesarios para luchar contra el crimen organizado. Donde se deben encontrar soluciones viables, teniendo en consideración la difícil labor o más bien imposible de juzgar todos los crímenes por un único Tribunal Penal Internacional (C.P.I), y esto se debe al costo elevado que implica crear Tribunales Internacionales Especiales, en particular considerando el nivel de escaso rendimiento en relación al avance de los procesos, donde es posible encontrar una alternativa que sea más eficiente, que deje un mayor impacto y que además signifique un menor costo.
Reflexionar en torno a los desafíos que enfrentan los países latinos, en esta materia es necesario, en consecuencia se deben elaborar propuestas que se adecuen a la realidad de cada región en cuanto a las reformas y sistemas de justicia penales, determinando también las posibles problemáticas alusivas a la criminalidad debido al auge delictivo y, donde los delitos transnacionales derivan su carácter internacional de la necesidad de colaboración entre los estados para su persecución y sanciones efectivas
Algunos verán esta propuesta como un eco en el desierto, es decir en la lejanía, pero este humilde servidor, aprendiz de escritor tiene la visión que otro mundo es posible si se tiene la voluntad política, el compromiso, las reformas en los convenios y contratos celebrados, las asistencias diplomáticas y la voz de la cancillería en el continente, y que es factible establecer un mundo pluripolar y multiétnico sin dominio ni injerencia imperialista, bajo el marco de seguir construyendo el proceso por la defensa y la soberanía nacional, y que esta proposición es posible y fundamental en estos momentos críticos que vive Latinoamérica.
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